Familiares de Berenice Giles, fotoperiodista que murió hace tres meses durante un evento musical en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, denunciaron que hay cuatro grandes irregularidades en el proceso judicial relacionado con el fallecimiento de la joven de 28 años.
El padre de Berenice, Raúl Giles, acompañado de familiares y amigos, protestó a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) para advertir que las autoridades están retrasando los cuatro puntos clave para el avance de la investigación.
“Seguimos en un punto muerto donde no avanzamos en todas las indagaciones, hay empresas que están involucradas y no están dentro de esta carpeta”, advirtió.
Señaló como principales obstáculos lo siguiente: la obstrucción en la investigación y la falta de citación a la empresa Ocesa, la negativa a investigar al propietario del camión de seguridad, contradicciones entre el discurso oficial de las autoridades capitalinas, omisiones y violaciones a sus derechos humanos por parte de la fiscalía.
El abogado de la familia Giles, Fabián Victoria, aseguró que en tres meses la investigación ha sido “obstaculizada al no notificar a los familiares el día y la hora en que la empresa (Ocesa) va a declarar, a pesar de que fue la organizadora, promotora y ejecutora del Festival Axe Ceremonia 2025”.
“Las autoridades tardaron tres meses en citarla y ahora parece querer interrogarla a solas, impidiendo que la asesoría jurídica de las víctimas indirectas realice su propio interrogatorio”, dijo.
Sin mencionar el nombre de la empresa, por motivos legales, el abogado Victoria señaló que la declaración es relevante porque, el día del incidente, la grúa que colapsó sobre Berenice y el también fotoperiodista Miguel Ángel tenía rótulos con el nombre comercial de la reconocida cadena de espectáculos.
Por ello, solicitaron a la fiscalía que, mediante la Secretaría de Movilidad, se proporcione la información correspondiente.
“¿Quién es el propietario de ese vehículo? Para ellos, este no es un acto de investigación relevante para el esclarecimiento de los hechos, situación que nosotros no compartimos, obviamente serían los organizadores quienes debieron encargarse de tener un centro de mando de seguridad y vigilancia durante todo el evento”, afirmó.
Además, aseguró que las autoridades “no están citando a los representantes legales de los patrocinadores del evento para que muestren los contratos y digan quién los invitó, lo cual sería crucial para identificar a los organizadores”.
Otra de las irregularidades señaladas por la defensa de la familia Giles es que “los responsables y el gobierno se comprometieron a que no quede impune, promesa que en la práctica brilló por su ausencia».
Según menciona, esto creó un doble discurso, donde a la opinión pública se le aseguró esclarecimiento y justicia, mientras que a las víctimas se les niega el acceso a la verdad.
Asimismo, advirtieron que la autoridad se negó a permitir la intervención de un supervisor de derechos humanos, argumentando que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no es competente, sin siquiera citar a la misma.
La familia de Berenice desconoce si el caso de la otra víctima del incidente, Miguel Ángel Rojas, enfrenta la misma problemática.
Por lo pronto, advirtieron que seguirán manifestándose mientras “no haya justicia para sus familiares”.
Con información de Latinus