La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, acudió a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR), en la capital del país, para declarar como testigo por la supuesta presencia de agentes de la CIA en un operativo antidroga de hace semanas.
Campos, del opositor Partido de Acción Nacional (PAN), entró a la sede de la FGR para declarar por ese operativo, que desató una polémica en México tras la muerte de 2 agentes estadounidenses en un accidente de tráfico posterior y las sospechas de que habían participado en operaciones de campo sin conocimiento del Gobierno federal.
Tras declarar ante los investigadores, la gobernadora de Chihuahua denunció el “uso de las instituciones federales” que, a su juicio, hace el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Defendí que esa droga no llegara a nuestros niños en forma de droga de adicción. Y mi gobierno ha colaborado sin reservas con la Fiscalía General de la República. Sin embargo, hace unos días y de manera muy extraña me citaron”, dijo la política en una declaración ante los medios de comunicación.
Campos acusó a la Fiscalía de querer “fabricarle” un caso y de “atropellar la ley” con la citación que recibió el fin de semana pasado, al tiempo que criticó el “autoritarismo” del Gobierno federal.
Asimismo, cargó contra el “doble rasero” del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido de Sheinbaum, al aseverar que el oficialismo “persigue con todo el aparato del Estado” a una gobernadora que “consigue resultados” mientras trata de “cubrir y proteger sus crisis y sus vínculos con el crimen organizado”.
Como gesto de respaldo, a la sede del Ministerio Público acudieron militantes y destacados miembros del PAN, como el senador y excandidato presidencial Ricardo Anaya o el dirigente nacional, Jorge Romero.
En su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum aclaró que, supuestamente, habrían participado 4 agentes de Estados Unidos en el polémico operativo, de los cuales 2 fallecieron en un accidente de tráfico y los otros 2 se “retiraron” del país tras la petición de su Administración.
Ese caso elevó las tensiones bilaterales entre México y EUA después de que la mandataria pidiera explicaciones a Washington al asegurar que el Gobierno federal no lo había autorizado, lo que provocó que la Casa Blanca le reclamara un “poco de empatía” por los agentes fallecidos.
El operativo está siendo investigado por la Fiscalía ante la posibilidad de que se haya vulnerado la ley de seguridad nacional por la presencia de agentes extranjeros, en un suceso que agitó el debate del injerencismo en México.
Además, se unió a las tensiones por la acusación formal del Departamento de Justicia estadounidense contra 10 funcionarios de Sinaloa (oeste), incluido el gobernador con licencia (el oficialista Rubén Rocha Moya), por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa y delitos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas.
EFE