La Comisión de Anticorrupción y Transparencia, que preside el senador Francisco Daniel Barreda Pavón, aprobó su Plan Anual de Trabajo para el tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura, con el objetivo de consolidar medidas que fortalezcan la prevención, investigación y sanción de las prácticas corruptas, así como los mecanismos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.
El documento advierte sobre la persistencia de este problema, ya que de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, elaborado a partir de 13 fuentes independientes, el país obtuvo sólo 27 puntos (donde cero significa mayor percepción de corrupción y 100 un entorno de alta integridad), lo cual lo coloca en el sitio 141 de 182 países.
Además, destaca que en América Latina factores como la infiltración del crimen organizado en la política, la impunidad, la corrupción de servidores públicos y la reducción del espacio cívico representan riesgos para la supervisión y la rendición de cuentas.
El diagnóstico del Plan de Trabajo también incorpora datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, del INEGI, según los cuales los trámites con mayor incidencia de corrupción fueron los relacionados con autoridades de seguridad pública, con 63.5 por ciento; los permisos relacionados con la propiedad, con 32 por ciento; otros pagos, trámites y solicitudes, con 29.3 por ciento; las diligencias ante el Ministerio Público o fiscalías estatales, con 22.3 por ciento, y los trámites municipales, con 20.7 por ciento.
Ante este panorama, la Comisión de Anticorrupción y Transparencia plantea dar seguimiento al nuevo modelo de transparencia y acceso a la información pública, luego de las reformas realizadas entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, que incluyeron la desaparición del INAI y la entrada en vigor de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En su reunión ordinaria, los integrantes del órgano legislativo también avalaron analizar el funcionamiento y la armonización normativa del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública y de las nuevas autoridades garantes.
Entre las acciones previstas se encuentra la formulación, análisis y dictaminación de iniciativas para fortalecer el marco jurídico contra la corrupción y promover la transparencia en los distintos niveles de gobierno.
Además, se contempla mantener foros y reuniones con especialistas, académicos y organizaciones sociales para incorporar perspectivas técnicas y ciudadanas al trabajo legislativo.
El plan establece también mecanismos de colaboración con otras comisiones legislativas, organismos autónomos y dependencias públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, con el propósito de armonizar disposiciones y desarrollar estrategias conjuntas de prevención y combate a la corrupción.
De igual manera, la Comisión de Anticorrupción y Transparencia analizará el marco jurídico relacionado con las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de las personas servidoras públicas, y, en caso necesario, impulsará reformas para mejorar su claridad, utilidad, verificabilidad y eficacia como instrumentos para prevenir y detectar posibles actos de corrupción.
Acuerdan legisladores reforzar transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción
