Por: Ricardo Monreal Avila
Michelangelo Bovero señala que la democracia es un término cuyo significado se ha inflado en la época actual. Es decir, en el discurso político, con frecuencia se menciona el concepto sin que ello produzca una reacción concreta en la realidad, y existe el riesgo latente de que la retórica política se convierta tan solo en un montón de palabras vacías, sin un sentido práctico en el desarrollo de las sociedades que se asumen a sí mismas como democráticas.
México es uno de esos países que desde su nacimiento ha plasmado en sus ordenamientos fundamentales la aspiración democrática; sin embargo, en el plano concreto tuvieron que pasar siglos para poder levantar la mano a nivel internacional y para que fuera considerado en alguna lista sobre las últimas olas de la democracia.
Los vicios y malas prácticas del pasado sofocaron cualquier intento de establecer un auténtico sistema democrático; no es secreto que, en el plano electoral, los comicios para los diferentes puestos de elección popular estuvieron amañados durante mucho tiempo, y que la certeza del respeto a la voluntad popular era inexistente.
Por lo que ve al esquema de separación de Poderes, el discurso corrió muy por separado de la realidad: el Poder Judicial no gozó realmente de una auténtica autonomía y el Congreso de la Unión fue durante mucho tiempo servil a los propósitos del titular del Ejecutivo federal, incapaz de erigirse en un verdadero contrapeso de los otros Poderes: el Legislativo fungió como una especie de apéndice de la Presidencia. Más recientemente, nuestro Congreso se había comportado como una Oficialía de Partes de las iniciativas presidenciales.
En el ámbito Legislativo, desde 1997, en la Cámara Baja comenzó a presentarse un equilibrio entre las principales fuerzas políticas, lo cual abrió la puerta para que el Congreso se afirmara como el contrapeso natural del Ejecutivo federal. No obstante, durante las primeras administraciones federales del siglo XXI se buscó la vía del consenso para lograr las reformas sustantivas relacionadas con los programas de gobierno; sin embargo, el diálogo fue limitado y de carácter cupular.
Por ejemplo, durante la pasada administración federal, el llamado Pacto por México permitió desde el Congreso las modificaciones legales necesarias para que el entonces partido en el gobierno diera cumplimento a los proyectos considerados en su plataforma de acción política: se trató de un convenio que ignoró a las voces disidentes, las críticas y los comentarios de la oposición, la academia y las asociaciones civiles.
La ausencia de diálogo horizontal fue el sello de las primeras legislaturas del presente siglo, y en más de una ocasión se aplicó la aplanadora legislativa, es decir, el “mayoriteo”de los grupos parlamentarios dominantes en las dos Cámaras.
En contraste, en la LXIV Legislatura del Senado de la República, en un hecho sin precedentes, se han aprobado diversas reformas y ordenamientos mediante votaciones resultantes de consensos auténticamente democráticos y en las que se contó con la plena participación de todas las fuerzas políticas allí representadas.
Así sucedió con la aprobación de las modificaciones constitucionales para la creación de la Guardia Nacional: en un evento sin igual, por unanimidad, el Pleno del Senado de la República las avaló en febrero del presente año.
Asimismo, el pasado 22 de mayo, en Periodo Extraordinario de Sesiones, el Senado aprobó las leyes secundarias de la Guardia Nacional. De esta manera, a través de la Ley de Guardia Nacional, de la Ley Sobre el Uso de la Fuerza, de la Ley Nacional del Registro de Detenciones y de las modificaciones a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Federación contará con el andamiaje jurídico necesario para el restablecimiento de la paz y la seguridad: las demandas más urgentes de la Nación.
La aprobación de tales instrumentos jurídicos se realizó en el marco de un diálogo abundante entre las fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta, de manera que el intercambio de ideas y opiniones enriqueció el debate para la generación de los dictámenes, y no se dejó de escuchar ni una sola voz relacionada con estos trascendentales ordenamientos.
Las modificaciones hechas a las iniciativas de ley relacionadas con la Guardia Nacional atendieron principalmente a la necesidad de garantizar de manera irrestricta todos los derechos humanos de las y los mexicanos. De este modo, en la Ley Nacional del Registro de Detenciones y en la Ley Sobre el Uso de la Fuerza, se establecieron los parámetros necesarios para prevenir y evitar situaciones como la tortura, el encarcelamiento arbitrario y la desaparición forzada; acciones que lamentablemente se han presentado al interior del país, socavando el Estado de derecho, así como la integridad y la dignidad de las personas.
Por su parte, con su respectiva reglamentación, el Registro Nacional de Detenciones responderá a la necesidad de transparentar los hechos y cuidar la cadena de custodia, y con ello se evitarán los abusos o posibles violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, todas las instituciones que desempeñen tareas de seguridad pública se apegarán a las disposiciones establecidas en los ordenamientos recién aprobados, y toda la información relacionada con las personas detenidas se pondrá a disposición de sus familiares y será accesible para la ciudadanía en su conjunto, lo que brindará mayor certeza jurídica en los procesos judiciales.
Las modificaciones a este paquete legislativo efectuadas en el Senado fueron producto de un intenso trabajo parlamentario realizado con apego a los más altos estándares democráticos; además, los cambios, derogaciones y adiciones se nutrieron con las observaciones realizadas por la academia y organizaciones de la sociedad civil, en el marco del mecanismo de Parlamento Abierto llevado a cabo durante el pasado mes de febrero.
Esto evidencia el tránsito hacia un régimen auténticamente democrático. La actual Legislatura está comprometida con el cabal cumplimiento de los estándares democráticos en el trabajo parlamentario, tal como lo señalara Bovero. Más allá de lo aprobado, la manera como se dieron los consensos durante el Periodo Extraordinario es prueba ineludible de la voluntad política para alcanzar la democracia y sus condiciones.
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