El 18 de marzo pasado se cumplieron 83 años desde que el general Lázaro Cárdenas del Río, jefe del Estado mexicano de 1934 a 1940, realizó la histórica expropiación petrolera que le permitió a nuestro país disponer de sus recursos energéticos de manera soberana.
La participación de compañías extranjeras en lo concerniente a la explotación del petróleo en nuestro país data del porfiriato. La segunda Revolución Industrial, que tuvo lugar en Occidente desde mediados del siglo XIX y hasta 1914, aproximadamente, abrió un abanico de industrias que en su mayoría dependían del petróleo como principal recurso energético.
En nuestro país, el cuantioso negocio de la exploración, perforación y explotación del preciado hidrocarburo no se hizo esperar, por lo que diferentes empresas extranjeras arribaron a suelo mexicano con la venia del gobierno porfirista.
El presidente Cárdenas vislumbró la importancia del petróleo para la política energética, así como su carácter estratégico para la seguridad nacional, por lo que consideró de vital importancia que el Gobierno mexicano decidiera de manera soberana sobre su riqueza petrolífera.
La naturaleza de la expropiación realizada en marzo del 1938 consistió precisamente en dotar al Estado mexicano de capacidad jurídica y capacidad operativa, para permitir al país allegarse de los beneficios e inmensos dividendos provenientes de una industria petrolífera propia.
Al momento de llevar a cabo aquella acción, también hubo señalamientos en torno a la molestia y los perjuicios a los derechos de particulares, por lo que se indemnizó a los involucrados y se atendieron las demandas de los gobiernos extranjeros, particularmente las de la Unión Americana, que se vio en la necesidad de aceptar lo dispuesto por el presidente mexicano, al fragor de la Segunda Guerra Mundial y su la necesidad de acceso ininterrumpido a la valiosa materia prima que era el petróleo.
Desde que nuestro país recuperó la rectoría de sus recursos petrolíferos, de una u otra forma la actividad de Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha traducido en una serie de dividendos que año con año se destinan a diferentes programas sociales, a la creación de infraestructura para diversos sectores o al fortalecimiento de los sistemas educativo y de salud pública nacionales.
Buena parte de lo que el Estado mexicano recauda para ser invertido en obras o acciones que beneficien a la mayoría de la población proviene de su actividad petrolífera.
No obstante, en armonía con la doctrina neoliberal que prevaleció dentro de los gobiernos tecnócratas de finales del siglo pasado y principios de éste, se lidió con la constante pretensión de privatizar a cualquier costo el sector energético, que es propiedad de todas y todos los mexicanos.
Así, mediante prácticas de corrupción como sobornos y “moches”, la reforma energética de la pasada administración fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso, dando como resultado la participación de la iniciativa privada dentro de diversos sectores de la industria energética en México.
Hace unos días, el presidente de la República envió a la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto, cuyo propósito es traer nuevamente a la rectoría del Estado aspectos importantes dentro del mercado de hidrocarburos que, de seguir en las condiciones actuales, estaría bajo amenaza de desabasto y agotamiento, e incluso a merced de la anarquía, lo cual pone en peligro la producción, distribución o explotación del insumo energético más importante de nuestro país.
La iniciativa propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, lo cual no pone en riesgo la propiedad de compañías o particulares, y mucho menos elimina la participación del capital privado, transfiriéndolo al sector público.
Se trata de regular o controlar el otorgamiento de permisos o concesiones para la extracción, importación o distribución de los insumos energéticos dentro del mercado petrolífero nacional, respetando todos aquellos que se hayan entregado durante el sexenio anterior.
La razón para que el Congreso de la Unión dé todo su respaldo a la iniciativa presidencial es que el intento de privatización disfrazada que se perpetró durante la pasada administración se ha traducido en un evidente deterioro de los ingresos de Pemex, lo que a su vez se convierte en un debilitamiento de las finanzas públicas.
Además, muchos de los permisos o concesiones caen en la categoría de “bienes muertos”, porque están en manos ociosas; dicho de otra manera, los tenedores de permisos no los han hecho efectivos o no han actuado en correspondencia con las expectativas que se anunciaron con la reforma energética del sexenio anterior.
Prueba de ello es que quienes defienden la citada reforma aseguraban que para estas fechas habría un abasto de gasolinas a un menor costo y de buena calidad para las y los mexicanos, lo cual no ha sucedido.
Para evitar que más concesiones caigan en “manos muertas”, y contener en mayor medida el tráfico de hidrocarburos, evitando que el crimen organizado se fortalezca aún más con estas prácticas ilícitas, la propuesta enviada por el Ejecutivo federal busca establecer un control mucho mayor para los agentes o actores que pretendan participar en actividades relacionadas con los hidrocarburos.
Así, quienes tengan interés deberán poseer, en primer lugar, la capacidad de almacenamiento que determine la autoridad competente.
También se plantea cambiar la afirmativa ficta por la negativa ficta, cuando las autoridades demoren más de noventa días en emitir una resolución en torno al otorgamiento de un permiso; asimismo, en caso de que se incurra en delitos como el contrabando de combustibles, se propone contemplarlo como causa para la revocación de concesiones o permisos, para lo cual se establece la modificación del artículo 56 de la ley de la materia.
Por otro lado, se propone que la autoridad que otorga los permisos también pueda llevar a cabo la suspensión de instalaciones, y se elimina la posibilidad de que terceros sean contratados para manejar aquellas que estén ocupadas, intervenidas o suspendidas.
Por último, se contempla que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía estén facultadas para suspender de manera temporal o definitiva los permisos expedidos, cuando se considere que está en riesgo la seguridad energética o nacional, o la economía del país.
Al contrario de lo que voces críticas y algunos medios están difundiendo, la intención es brindar protección a los recursos estratégicos y a la riqueza petrolífera del país. No se trata, de ninguna manera, de hacer una expropiación a gran escala, como la realizada por el general Lázaro Cárdenas hace más de ochenta años. Sin embargo, la reforma propuesta por el presidente López Obrador comparte el mismo carácter: se trata de una hipóstasis de la soberanía nacional.
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