Por: Ricardo Monreal Avila
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México es un país que históricamente ha acogido en su territorio a los más diversos personajes: mujeres y hombres cuya actividad democrática les ha valido la persecución política en sus países de origen.
Recuérdese la política de puertas abiertas del general Lázaro Cárdenas al exilio español que tuvo lugar después de la caída de la República y del eventual advenimiento del franquismo en la península ibérica en 1939.
El gobierno de la 4T, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pugna por el diálogo y la solución pacífica de las controversias o los conflictos, no sólo en nuestro país, sino también fuera de las fronteras nacionales, en donde se sostienen relaciones diplomáticas de amistad y cooperación.
No hace mucho tiempo, el actual gobierno decidió abrirle las puertas de la nación a uno de los líderes sociales y políticos de Latinoamérica más importantes de la época contemporánea: Evo Morales, presidente depuesto de Bolivia.
Aunque los sectores conservadores de nuestro país se alarmaron en extremo y rechazaron la presencia de este personaje de la izquierda latinoamericana, México echó mano de un recurso humanitario que en la actualidad está regido por la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, normativa que regula un derecho fundamental consagrado en los tratados internacionales.
En esa ley se define al asilo político como la protección que el Estado mexicano otorga a una persona extranjera, considerada como perseguida por delitos de carácter meramente político, así como aquellos que sean del fuero común, pero que estén vinculados con una actividad política y que pongan en peligro la libertad, la vida o la seguridad de alguien o de su familia.
Aquellas personas extranjeras que consideran que su integridad física, su libertad o su vida están en peligro por causa de su actividad política, pueden solicitar esta figura reconocida por el Estado mexicano, la cual puede ser invocada por la vía diplomática o territorial ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Para que alguien pueda acceder a la protección que otorga el Gobierno de México por esta vía, deben existir temores fundados de que la actividad política de la persona extranjera ha puesto en riesgo su vida, seguridad, libertad e integridad física.
Así fue como nuestro país recibió la solicitud para intervenir diplomáticamente en el caso del expresidente boliviano, para que pudiera abandonar de manera segura su país e ingresar a territorio mexicano con la protección de las autoridades nacionales.
El Estado mexicano ha dejado en claro que no aceptará las presiones políticas de potencias extranjeras en detrimento de las garantías de quienes soliciten asilo. Al contrario, el gobierno del presidente López Obrador se ha posicionado como referente de
la democracia a nivel mundial, al haber manifestado recientemente que ofrecerá asilo político en nuestro país al periodista y activista de origen australiano Julian Assange, fundador del sitio web WikiLeaks, en donde se ha dado a conocer información confidencial acerca de las acciones de gobiernos de los países más poderosos de la tierra en la era contemporánea.
Este periodista fue detenido en el Reino Unido y cursó un proceso de extradición hacia Estados Unidos, en donde enfrentaría penas de alrededor de 175 años por filtrar documentos que comprometen, de acuerdo con los Fiscales de la Unión Americana, la seguridad nacional de su país y, por ende, su estabilidad política y democrática.
El presidente mexicano informó a los medios de comunicación que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará al Reino Unido la libertad de Assange y se hará el ofrecimiento de asilo político, para otorgarle protección institucional.
Hasta el momento no se sabe si las autoridades británicas estarían de acuerdo con la petición del Gobierno mexicano, pero el día de ayer se dio a conocer la decisión de la jueza Vanessa Baraitser de no conceder la libertad provisional de Assange, ante un presunto riesgo de fuga, toda vez que Estados Unidos recurrirá el fallo de negar la extradición.
El presidente de México aseguró que formulará la solicitud una vez concluido el proceso judicial en territorio británico, pero de presentarse un escenario en que las autoridades de Reino Unido aprobaran la propuesta del Gobierno de nuestro país, y el fundador de WikiLeaks aceptara pisar suelo mexicano, no podría ejercer su actividad periodística de la misma manera en que solía hacerlo, pero sin duda se le brindaría la protección necesaria.
El ofrecimiento de asilo político a Assange causó revuelo en territorio nacional, pues se especuló en torno a una probable molestia de los gobiernos entrante y saliente de los Estados Unidos, y sus implicaciones. No obstante, ya en otras oportunidades la administración del presidente López Obrador ha sabido sortear situaciones delicadas, a través del diálogo y la cooperación bilateral que, ahora más que nunca, tendrá que afianzarse entre los dos socios comerciales, de cara a la crisis económica desatada por la pandemia de la COVID-19.
A pesar de ello, en nuestro país persisten las opiniones en contra de la tentativa propuesta de asilo; las más radicales arguyen que es un error y un disparate ofrecer refugio político a quien reveló al mundo acciones del Gobierno estadounidense en materia de seguridad nacional, pues ello desencadenó crisis de derechos humanos y afectó el liderazgo democrático del vecino país a nivel internacional. Sin embargo, el solo planteamiento coloca a México en la ruta de la apertura democrática, defendida precisamente por el partido demócrata, que está por recuperar el poder en la Unión Americana.