Por: Ricardo Monreal Avila
El regreso del exdirector de Petróleos Mexicanos del gobierno anterior a nuestro país —después de haber estado prófugo de la justicia durante un tiempo— ha venido a evidenciar lo que la mayoría de las mexicanas y los mexicanos ya sabíamos: la corrupción que imperó durante las pasadas administraciones federales.
Las revelaciones ante la Fiscalía General de la República involucran a una serie de personajes de la actual vida política nacional que estuvieron en puestos clave del poder público o que aún lo están; lo grave de la situación es que tales prácticas suscitaron un gran daño a las arcas y a la integridad del Estado mexicano.
Uno de los autodenominados logros más importantes del gobierno pasado fue la concreción de las llamadas “reformas estructurales”, cuyo colofón fue la apertura del sector energético mexicano a la participación de capital privado.
En su momento se justificaron tales cambios normativos como la única manera de asegurar la producción petrolera y de garantizar beneficios económicos para las arcas públicas y para la población.
Sin embargo, los precios de los energéticos no disminuyeron durante aquel sexenio y, además, Pemex ha registrado desde entonces pérdidas por miles de millones de dólares al año.
Durante el gobierno anterior, la empresa llegó a perder, en un año (2015), hasta 712 mil 567 millones de pesos. Con todo, de manera irresponsable, no se hizo nada para corregir el rumbo y, por el contrario, se precipitó su crisis interna.
Los malos manejos al interior de Petróleos Mexicanos son sólo la punta del iceberg de la sistemática red de corrupción que tuvo lugar durante las administraciones pasadas.
El exdirector de la empresa ha declarado que, de manera ilegal, se utilizó mucho dinero privado para financiar campañas electorales, lo que incidió directamente en los resultados de los comicios de 2012 y derivó en una serie de contratos leoninos otorgados a una empresa brasileña, ampliamente señalada por varios gobiernos por sobornar a altos funcionarios de sus países: Odebrecht.
De acuerdo con el ahora testigo colaborador, hubo instrucciones explícitas, que salieron de Los Pinos acompañadas de grandes cantidades de dinero, para operar las negociaciones en torno a la reforma más ambiciosa del sexenio anterior.
El acuerdo conocido como “Pacto por México”, que fue firmado por el entonces titular del Ejecutivo federal y los dirigentes de los partidos políticos con mayor presencia en el país en ese momento fue un modelo que, para analistas, representaba una nueva forma de promover la gobernabilidad en un escenario en que el presidente de la República no contara con la mayoría en el Congreso. Ahora se está ventilando que tal acuerdo descansaba en los sobornos y la compra de votos.
Sin embargo, los agravios en contra de la Nación no sólo han sido del tipo económico; recuérdese que hay un juicio que sigue su curso en los Estados Unidos de América en contra de quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio pasado, y en el cual se están dilucidando cuestiones altamente preocupantes, como la eventual participación de funcionarios y fuerzas del orden del Estado mexicano para favorecer a uno de los cárteles mexicanos más poderosos.
La corrupción y los actos de esa índole no pueden quedar en lo oculto; saldrán, tarde o temprano, a la luz para ser juzgados de manera legal y legítima. Ante tal estado de cosas, no es plausible sostener que hay persecución política o que se busca satisfacer deseos de venganza. Simplemente estamos frente a la búsqueda de la justicia y del fortalecimiento del Estado de derecho, lo cual se abandonó, desgraciadamente, en administraciones federales anteriores.
Habrá quienes estén denuncien presuntos linchamientos políticos que buscan debilitar su imagen de cara al proceso electoral que tendrá lugar en nuestro país el año que entra; sin embargo, estos mismos han labrado su propia imagen, y es la opinión pública, no el gobierno actual, quien demanda responsabilidad por sus actos.
Serán las autoridades competentes, elegidas por medio de ejercicios democráticos y transparentes, las que, a través de las pesquisas correspondientes, determinen la veracidad de lo señalado por los indiciados y, dado el caso, procederán a deslindar responsabilidades y castigar, conforme a derecho, a los inculpados.
En este marco, luego de la divulgación de un video, se acusó a un hermano del presidente López Obrador de recibir dinero de dudosa procedencia. Sin más, el mandatario señaló que las autoridades competentes deberían investigar los sucesos correspondientes; por otro lado, los inculpados han salido a dar la cara y a puntualizar su cooperación inmediata para el esclarecimiento de las acusaciones.
Bien lo ha expresado el titular del Ejecutivo federal: “el que nada debe, nada teme”. De comprobarse la comisión de cualquier ilícito, perpetrado incluso por alguno o alguna de sus familiares, éstos enfrentarán la justicia sin fueros ni privilegios, de acuerdo con la normatividad vigente en nuestro país. En la 4T hay un compromiso real con la cultura de la legalidad.
Estamos presenciando un cambio sustancial en la administración y en la profesionalización de la acción pública, lo que implica la participación de funcionarias y funcionarios honestos y capaces, así como la objetividad y la imparcialidad en las investigaciones respecto de las acusaciones que se desprenden de evidencias y declaraciones.
Atrás ha quedado la era de las venganzas y los linchamientos políticos. Bienvenida sea la auténtica impartición de justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA