Por: Ricardo Monreal Avila
Estados Unidos de América revive hoy una batalla cívica más, enmarcada en una brega histórica sin resolver: el racismo y la discriminación, los cuales continúan materializándose, desgraciadamente, en el día a día de los cuerpos de seguridad pública.
Esta nueva lucha por la erradicación de la violencia racial está en ebullición, lo cual adquiere matices mucho más relevantes debido a que el proceso electoral para renovar la Casa Blanca está en puerta y estos eventos se están dando en medio de un contexto de relaciones tensas entre la Unión Americana y el gigante asiático.
El 25 de mayo, en la ciudad de Minneapolis, Minesota, murió por asfixia un hombre afroamericano a manos de un policía quien, después de detenerlo, esposarlo y someterlo en el suelo, se arrodilló sobre su cuello durante más de ocho minutos, presuntamente provocándole la muerte, a pesar de sus súplicas.
Las protestas multitudinarias iniciaron al día siguiente, en el mismo sitio en donde ocurrieron los hechos, para extenderse rápidamente por un centenar más de ciudades de Estados Unidos de América, incluyendo la capital.
El policía fue detenido, acusado de homicidio involuntario, pero las movilizaciones pasaron de pacíficas a violentas, y se han registrado saqueos, así como enfrentamientos con las fuerzas del orden.
La bandera de la sociedad estadounidense que ha salido a las calles -aún en medio de una emergencia sanitaria sin precedentes en la historia reciente mundial- es demandar la vigencia y el respeto de los derechos de las personas sin importar su color de piel.
Estamos en presencia, pues, de la batalla cívica más importante en lo que va del siglo XXI en Estados Unidos, y sus repercusiones se extenderán definitivamente a los comicios que tendrán lugar en noviembre próximo.
Las movilizaciones multitudinarias siguen teniendo lugar a lo largo y ancho de nuestro vecino del norte, con el propósito principal de erradicar los abusos y las violaciones a los derechos humanos de las personas, sin importar su color de piel.
En México también hemos presenciado, por años, una larga serie de manifestaciones de signo diverso. Justo el fin de semana pasado tuvo lugar una protesta en contra del presidente de la República y de las políticas que el gobierno de la 4T ha venido implementando en diferentes ámbitos de la administración pública desde el 1 de diciembre de 2018.
Lo peculiar de la movilización, que se realizó en varias ciudades de la República y movilizó a unas decenas de personas, es que se realizó a bordo de autos particulares, muchos de ellos de lujo, y no parece haber tenido eco entre los diferentes sectores sociales de nuestro país.
El presidente de la República ha sido respetuoso de las diferentes expresiones y posiciones, y declarado firmemente su intención de respetar los derechos de todas las personas, sin discriminación alguna.
Y ante los señalamientos o las críticas por su Presidencia itinerante, que algunas voces señalan como un mal ejemplo sanitario, habrá que recordar su compromiso de refrendar uno de los pilares fundacionales de la 4T: combatir la desigualdad en una de las regiones estratégicas del país.
Con las giras por el país que ha retomado el presidente de México se envía un mensaje de esperanza y confianza. Por otro lado, pedirle que no salga de Palacio Nacional sería como pedirle a los opositores y adversarios de la Cuarta Transformación que se queden en casa.
La movilización del fin de semana pasado en contra del gobierno se desarrolló sin contratiempos, ello obedece a que no hay una declaración de Estado de excepción o de suspensión de garantías por parte del Gobierno mexicano, ya que las medidas sanitarias, políticas y económicas dictadas por la Federación han sido pertinentes y oportunas, evitando que los propios derechos humanos de las personas sean sometidos igualmente a cuarentena.
En este sentido, no sólo los grupos empresariales, medios de comunicación, periodistas, intelectuales, partidos de oposición y demás agentes involucrados en la caravana gozan completamente de sus derechos y libertades en plena pandemia, el propio presidente de la República, en su carácter en jefe de los dos ejércitos que están al frente de la contingencia por el COVID-19 -el de las batas blancas y el de uniformes verdes, grises y azules- está en pleno ejercicio de sus derechos y obligaciones, enviando un mensaje de aliento y solidaridad con su retorno a las actividades, tomando en cuenta las medidas sanitarias correspondientes.
El mandatario encabeza la “nueva normalidad” con una gira itinerante, la cual inició por el sureste del país, a ras de tierra, sobre cuatro neumáticos, tal como lo hizo durante los últimos 14 años, y con las debidas precauciones. Tomó la ruta del México olvidado, del país segregado por la agreste geografía y discriminado por el modelo económico del pasado. Tomó la ruta y la decisión correctas.
Afortunadamente, entre las movilizaciones en Estados Unidos de América y la manifestación del fin de semana en México no se puede encontrar punto de comparación alguno, dado que quienes participaron en la protesta en nuestro territorio sí tuvieron garantizados sus derechos a la libertad de expresión sin cortapisa alguna.
En México se ha dado ejemplo de una vida democrática; contamos con un gobierno legítimamente electo y firmemente comprometido con los derechos y las libertades de las personas, que no ha sucumbido a la tentación de acudir al brazo armado del Estado ni a la violencia para sofocar cualquier marcha, movilización o manifestación.
La legitimidad de las acciones del actual gobierno será, en su momento, evaluada por todos los sectores de la sociedad mexicana; sin embargo, las y los representantes de la 4T no debemos desentendernos de cualquier manifestación de la opinión pública.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA