Por: Ricardo Monreal Avila
¿Por qué razón las anteriores políticas y estrategias en materia de seguridad no funcionaron? ¿Qué hay de diferente en la actual estrategia del Gobierno federal respecto de los anteriores y por qué sí puede funcionar?
El tema del combate a la inseguridad en México es prioritario; los acontecimientos más recientes siguen dando cuenta de ello: Culiacán, LeBarón, Nuevo Laredo y las inagotables ejecuciones registradas en el año. Semejante lastre se tiene que enfrentar desde diferentes ángulos para poder obtener buenos resultados.
Las políticas de seguridad de sexenios anteriores devinieron en meros paliativos que en nada ayudaron a corregir la anomia instalada a lo largo y ancho del territorio nacional. Lamentablemente, los intentos por combatir la inseguridad giraron en torno a apariencias, a la cobertura mediática de la captura o el abatimiento de grandes capos de la droga, como si el descabezamiento de las organizaciones criminales fuera a terminar con su actividad.
Más que logros sustanciales, se privilegió el cambio de percepción o el ocultamiento de los sucesos.
Mientras tanto, cual efecto hidra, la fragmentación de los grupos criminales en células más pequeñas, con mandos locales que de una manera feroz se disputaban el territorio, se acrecentaba con cada detención o muerte de los capos criminales.
Por otro lado, el mal manejo de los programas sociales sólo funcionó como una medida clientelar que en nada ayudó a contrarrestar el empobrecimiento de la población, ni a generar oportunidades de empleo digno o de educación, por lo que el tejido social se fue deteriorando de manera acelerada, al tiempo que se engrosaban las filas del crimen organizado.
Nunca se atendió de manera frontal lo que se estaba gestando por todo el territorio nacional, y en vez de colocar al tema de la inseguridad en el primer lugar de las prioridades, se procedió a apostarlo todo por la búsqueda del crecimiento económico. El resultado es bien conocido: no se ha crecido prácticamente en más de tres décadas y el problema de la inseguridad siguió siendo objeto del abandono. No puede haber crecimiento, ni mucho menos desarrollo, sin seguridad.
Asimismo, la existencia de la corrupción traspasó las instituciones del Estado mexicano, con lo cual se aseguró la pervivencia de un manto de impunidad que ha protegido los intereses de particulares y grupos criminales. La corrupción es uno de los males más terribles que ha enfrentado nuestro país en su historia reciente, que ha puesto en jaque la subsistencia del Estado mismo, la estabilidad social, política y económica del país.
Las estrategias de seguridad de administraciones anteriores fueron condenadas al fracaso, desde el momento en el que no se privilegió su atención de manera integral y se adoptaron las “recomendaciones” del vecino del norte, sin reparar en una noción clara de seguridad humana.
Para atender el origen del problema, se debe considerar la creciente desigualdad, la falta de oportunidades para el desarrollo social y la educación, así como la escasez de empleos dignamente remunerados. Las malas condiciones de vida de buena parte de la población, así como la insaciable acumulación de capital de unos cuantos, son, en buena medida, causas de la situación actual.
¿Hay solución para este grave problema? Por supuesto que sí, pero se requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad.
No se puede pensar que la situación cambiará con la sola detención o muerte de los jefes de los cárteles o de los grupos de delincuencia organizada ¿De haberse capturado en Culiacán a Ovidio Guzmán hubieran cesado las actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa? Se necesita algo más que estrategias mediáticas o propagandísticas para atender el estado actual de cosas.
En un primer nivel es necesario combatir y eliminar el cáncer de la corrupción; la impunidad de que ha gozado la delincuencia organizada ha sido alimentada transversalmente en todas las esferas gubernamentales.
En un segundo nivel, la atención se tiene que centrar en la reforma de los aparatos de seguridad pública y de las instituciones de procuración y administración de justicia. Fortalecer el Estado de derecho en México es primordial, si se pretende revertir el cauce de descomposición y caos social en el país.
Policías, fiscales y jueces, se tienen que alinear a propósitos relacionados con la objetividad, asertividad, integridad y profesionalismo para garantizar la seguridad, el debido proceso y el acceso a la justicia; se debe asegurar el establecimiento de una ética profesional en el ejercicio del servicio público, de lo contrario, será imposible tratar de revertir la situación actual que aqueja al país.
En un tercer nivel se debe poner énfasis en el concepto de seguridad humana, que implica una noción integral de seguridad relacionada con la búsqueda constante de la justicia social, lo cual será la llave, no sólo para detener la terrible situación actual, sino para prevenir la descomposición del tejido social.
Acciones gubernamentales orientadas a promover el desarrollo económico e influir en el nivel de vida de la ciudadanía son imprescindibles; son los aspectos en los que se tienen que centrar los esfuerzos para revertir el estado de cosas, esperando que los efectos puedan ser verificables, aunque sea en el mediano plazo.
La mejor política de seguridad para recuperar la paz pasa necesariamente por la justicia social; se debe privilegiar la creación de empleos mejor remunerados, el combate a la desigualdad y una distribución racional de la riqueza, que incremente el gasto social orientado a cultura, educación, deporte y salud, aspectos imprescindibles para elevar la calidad de vida de las y los mexicanos.
El pantano de la inseguridad nos está llegando a los aparejos, pero este desastre se fue gestando hace varios lustros; por ello, exigir soluciones a menos de un año de haberse iniciado el gobierno de la 4T y establecido una manera distinta de ejercer la administración pública resulta descabellado.
Sin embargo, sentar las bases para corregir diametralmente el camino en el sexenio representará la coronación del cambio de régimen político que las mexicanas y los mexicanos iniciamos aquel histórico 1 de julio de 2018.
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