Lo acontecido entre los Gobiernos de Estados Unidos (EE. UU.) y Colombia el pasado domingo, por el tema de la repatriación de nacionales del país sudamericano, nos muestra el nivel de tensión, estrés y fragilidad que existe en la región por el tema de la migración.
En el caso en comento, el primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro, se enfrentó a la administración de Donald Trump, al devolver dos vuelos de deportación, en protesta por el trato que se dio a las personas repatriadas. Esto causó una fractura en la relación bilateral. Petro anunció en redes sociales que bloquearía los vuelos militares estadounidenses de deportación y advirtió al Secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, que no permitiría que sus connacionales fueran traídos esposados en vuelos. Esta postura denodada o intrépida del Presidente colombiano tuvo un impacto inmediato en la región, que lucha por definir cómo responder a la Presidencia estadounidense.
Apenas el martes pasado se difundió la noticia de otro caso de deportación hacia una nación latinoamericana, mostrándose cómo las y los guatemaltecos deportados desde EE. UU. fueron recibidos en su país. El avión estadounidense que los trasladó aterrizó en la zona militar del aeropuerto de Ciudad de Guatemala, mientras aeronaves militares realizaban ejercicios en el aire.
Las y los deportados fueron recibidos calurosamente por autoridades guatemaltecas, incluyendo a la vicepresidenta Karin Herrera, quienes les dieron la bienvenida de manera afectuosa; a su llegada, se les ofreció un refrigerio en un centro especial para personas deportadas.
Según declaraciones de la propia vicepresidenta de Guatemala, el flujo de deportaciones se había mantenido constante incluso desde antes de que iniciara el segundo mandato del republicano, con la única diferencia de que en esta ocasión se está haciendo uso de aviones militares para algunos vuelos. La funcionaria evitó hacer comentarios sobre la controversia entre Colombia y EE. UU. respecto al uso de estas aeronaves, enfatizando que su prioridad es el bienestar de sus compatriotas y el respeto a sus derechos fundamentales.
Afortunadamente, en el caso de las tensiones entre los gobiernos de EE. UU. y Colombia se encontró un cauce diplomático de solución al impasse que solo duró unas horas. Sin embargo, la atmósfera de las relaciones entre el norte y el sur del continente se puede cortar o empañar con una pluma, especialmente entre los Gobiernos calificados como “izquierdistas” por la propia administración estadounidense y el nuevo equipo que llegó a la Casa Blanca y al Capitolio.
No obstante, lo primero es reconocer que EE. UU. tiene todo el derecho a instrumentar sus políticas migratorias dentro de su territorio, como parte de sus decisiones soberanas. El derecho a admitir o rechazar ciudadanos de otras naciones es consustancial a cualquier Estado Nación y no está a discusión en este momento.
El tema en discusión son las condiciones y formas bajo las cuales se aplica esta facultad soberana, cuya limitante es el respeto a los derechos pro persona o derechos humanos de las y los migrantes, tutelados por Convenios Internacionales y el Derecho Internacional mismo. Trasladar a migrantes como si fueran criminales, esposados de pies y manos, sin que sean delincuentes sentenciados no está avalado por ninguna norma internacional.
Estos derechos están consagrados expresamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares:
* A la vida y a la libertad, así como la prohibición a ser sometidos a tortura o a penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
* A la no discriminación por motivos de nacionalidad, origen étnico, raza, género, religión, idioma, etcétera.
* A la libertad de movimiento y residencia dentro del territorio del Estado y a elegir su lugar para residir.
* A la salud (acceso a servicios de salud y a recibir atención médica adecuada).
* A la educación, incluyendo la primaria, gratuita y obligatoria.
* A la protección social y a acceder a servicios sociales y económicos.
* A la reunificación familiar y a mantener relaciones familiares.
* A la no expulsión arbitraria de un país sin un debido proceso y sin tener en cuenta su situación particular.
Esto último reviste una especial importancia en el contexto actual. Por lo que, de persistir las prácticas que hacen nugatorios estos derechos, hay recursos jurídicos nacionales y organizaciones internacionales ante las cuales acudir y recurrir para corregir esa situación. En tal sentido, habrá que estar muy pendientes de las Iniciativas y Convocatorias que se realicen para tratar la nueva realidad que enfrenta la región y buscar posicionamientos y soluciones comunes.
Rescatar la importancia de la multilateralidad, para tratar en forma mancomunada los problemas comunes de las naciones latinoamericanas, como es la migración, siempre será una mejor estrategia que buscar de manera aislada o separada la solución a esos problemas.
El otro tema es qué posición debe asumir México en casos como el diferendo que se presentó entre Colombia y EE. UU.
Habrá quien sugiera que se debe hacer la vista gorda y concentrarse en atender la problemática propia. Otra postura podrá recomendar alinearse con alguna de las dos partes en conflicto, plegándose a aquella con la cual se tenga afinidad ideológica, política o histórica; en este caso, colocarse del lado de Colombia.
Una tercera postura aconseja seguir los principios constitucionales de la Doctrina Estrada, evitando la alineación hacia alguna de las partes y, en todo momento, si hubiese que intervenir, que sea en calidad de puente, interlocutor o “amigable componedor” de las diferencias, a petición de las partes directamente involucradas.
Hacia esta postura no sólo hay un sustento constitucional, sino una tradición diplomática favorablemente experta.
En este momento, sin embargo, el impasse colombiano (resuelto en horas), se cruzó con la transición que atraviesa México con nuestro vecino del norte. Es un trance que estamos viviendo con diálogo, negociación y cooperación, que nos permite caminar con dignidad y firmeza, lejos de la sumisión o la humillación.
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