Los llamados Órganos Constitucionales Autónomos (OCA) fueron un implante, una imitación extra lógica que promovió la tecnocracia político-financiera que mal gobernó a México durante tres décadas.
Los OCA no responden a ninguna demanda popular fundacional de nuestro país.
Ninguno de los grandes movimientos sociales y populares que han dado identidad democrática y libertaria a México, como el Movimiento Estudiantil de 1968; los Movimientos Campesinos y Obreros de la década de 1960; la Expropiación Petrolera de 1938; la Revolución de 1910; las Constituciones Liberales de 1917, 1857 y 1824, o el Acta de Independencia de la Nación Mexicana, los mencionan como figuras indispensables, definitorias o irremplazables.
Más aún, en ninguno de los documentos de los partidos actualmente existentes los aluden siquiera como instituciones irreductibles o esenciales de nuestras luchas democráticas o del andamiaje constitucional. Así que nadie se debe rasgar las vestiduras por su desaparición.
Los primeros OCA nacen en Europa en los años 90 del siglo pasado, cuando surgen los primeros movimientos de protesta de obreros industriales, productores campesinos, clases medias empobrecidas, profesionistas y universitarios desempleados que atribuían al neoliberalismo económico y a la política de privatizaciones la creciente desigualdad, pobreza y estancamiento económico de sus naciones.
En efecto, después del largo período de las políticas económicas privatizadoras en el Reino Unido y en EUA, en la segunda mitad de los 90 del siglo XX empezaron a tomar fuerza los movimientos antiglobalizadores, nacionalistas y anti sistémicos, que reivindicaban lo público sobre lo privado, el Estado sobre el mercado y lo social sobre lo financiero, de tal forma que, si llegaban al poder, pondrían en riesgo las políticas económicas fundamentales de la época neoliberal.
Así, a partir del año 2000 y como hoy los conocemos, empiezan a florecer con fuerza los OCA en Europa, Asia y África; es decir, como organismos a los que la Constitución Política Nacional dota de una personalidad autonómica (un grado mayor a la descentralización y desconcentración administrativas), con patrimonio propio, capacidad de auto gestionar su presupuesto, sistemas endogámicos de rendición de cuentas y cuyos integrantes duran y ganan más en sus cargos que las y los propios legisladores y autoridades electas por el voto popular directo y secreto.
Este diseño jurídico fue creación de las tecnocracias financieras internacionales, para hacer frente al creciente malestar social que la globalización estaba generando en las economías emergentes, dada la desigualdad, polarización y acelerada concentración de la riqueza en estos países, y que empezaban a capitalizar política y electoralmente los movimientos de izquierda de todo tipo, desde la socialdemocracia hasta el populismo social y nacionalista.
El arribo al poder de movimientos de izquierda en Grecia, Italia, España y Brasil, al amparo de ese malestar social y ciudadano creciente por los malos resultados de la globalización económica, llevó a la tecnocracia financiera y política a diseñar estos órganos constitucionales autónomos, como una forma de hacer contrapeso y frenar a los nuevos gobiernos de izquierda.
En todos lados el diseño institucional es el mismo: son dependencias que no están sujetas al escrutinio electoral ni a la aprobación ciudadana; sus decisiones son inatacables e inapelables; presuntamente, no tienen filias ni fobias políticas, aunque sus integrantes se eligen mediante la intervención de los poderes constituidos, en atención a los colores partidistas que dominan la escena política.
La propuesta de desaparición de siete OCA tiene su antecedente en el anterior sexenio, cuando el entonces presidente López Obrador anunció esa intención. A saber y por orden de peso presupuestal: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
No obstante, permanecen sin tocar, por ejemplo, el Banco de México (Banxico), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), además de las universidades públicas autónomas, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).La propuesta de eliminación tiene como telón de fondo el hecho de que, en el propio derecho público mexicano, desde antaño, se dispuso de la figura de organismos públicos desconcentrados y descentralizados, que buscaban lo mismo que los organismos autónomos: hacer más eficaz y eficiente el servicio público asignado, pero con un grado de autonomía administrativa y política un tanto menor de la que disponen los OCA actuales, en donde los sueldos y prestaciones son, por mucho, superiores a los del mercado laboral, supuestamente, para “garantizar” la independencia funcional.
Al amparo de una escuela jurídica conocida como neo institucionalismo (o estructural-funcionalista), cuyo postulado central es que los conflictos sociales y políticos pueden ser neutralizados, moldeados y postergados (no necesariamente resueltos) a través de instituciones administrativas y burocráticas, la tecnocracia mexicana importó estos OCA con las llamadas reformas estructurales de 2013-2014.
Resulta importante aclarar que los OCA desaparecen por ser onerosos e ineficientes y por duplicar funciones burocráticas, pero los principios democráticos que buscaban preservar se mantienen.
La transparencia y el acceso a la información pública seguirán vigentes y garantizados en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como por la Fiscalía Anticorrupción.
La competencia económica no se abandona, como tampoco la prestación del servicio de telecomunicaciones a buen precio y de buena calidad o la provisión de hidrocarburos y el servicio de energía eléctrica en el país.
En síntesis, los principios democráticos de acceso a la información, competencia Económica y libre mercado siguen vigentes, lo que se erradica es la forma burocrática, onerosa e ineficaz bajo la cual se les quiso dar vida institucional.
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