La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México afirmó que el nuevo gobierno del país, que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo, “hereda la deuda” del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador con familiares y la sociedad sobre el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Una década después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el nuevo Gobierno de México hereda la deuda con las familias de las víctimas y con la sociedad sobre el esclarecimiento de los hechos”, señaló el organismo en un comunicado.
Asimismo, indicó que la Administración de López Obrador (2018-2024) finaliza de “forma decepcionante” para las familias de los jóvenes desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014 y a quienes el mandatario había prometido justicia y respuestas sobre su paradero.
“Después de su última reunión con el presidente a finales de agosto, las familias anunciaron que no había fundamento para continuar con el diálogo. Denunciaron que no existe una verdadera disposición a cooperar, en especial en lo que respecta a investigar la implicación de los militares en los crímenes”, lamentó la ONG.
VEN INCAPACIDAD DE LA FGR
Citaron a María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña a las víctimas y quien aseguró que pese a la promesa de López Obrador de esclarecer el caso, al final de la gestión “pesaron más los tiempos políticos, la protección al Ejército y la incapacidad de la Fiscalía General de la República (FGR). Es una gran decepción”, dijo.
No obstante, aseguraron que pese a la ruptura con López Obrador, las familias quieren continuar con el diálogo con Sheinbaum Pardo, quien tomará posesión el próximo 1 de octubre.
“Diez años después del crimen, es hora de que el nuevo gobierno dé prioridad a la búsqueda de los 43”, enfatizaron.
Recriminaron que desde 2022 y pese a que el entonces presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas Rodríguez, calificó los hechos como “crimen de Estado”, las investigaciones se han estancado.
SEÑALAN PROTECCIÓN AL EJÉRCITO
Manifestaron que, incluso, en septiembre de ese año el fiscal especial, Omar Gómez Trejo, se vio obligado a renunciar después de que la FGR cancelara las órdenes de detención contra varios militares.
Además, criticó la “hostilidad” con la que el Gobierno de México ha respondido a las demandas y señalaron que en agosto pasado, López Obrador acusó a las familias y organizaciones de derechos humanos de conspirar contra las Fuerzas Armadas.
Françoise Greve, coordinadora de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, resaltó que la nueva autoridad «tiene una deuda de verdad y justicia no sólo con las familias de los 43 de Ayotzinapa, sino con todos los y las familiares de las más de 115 mil personas desaparecidas en México. Todas ellas tienen derecho a ser buscadas y localizadas”.
DIARIO DE MÉXICO