El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Joe Biden, publicó recientemente un artículo en The Washington Post, titulado “Mi plan para reformar la Corte Suprema y garantizar que ningún Presidente esté por encima de la ley”, en el que expone los argumentos y principales propuestas de su reforma judicial.
Establece también algunas premisas fundamentales para explicar la necesidad de reformar la Corte Suprema y asegurar que ningún titular del Poder Ejecutivo (y, en general, ninguna persona representante de cualquiera de las ramas en las que se divide el poder público) esté por encima de la ley.
Biden comienza reafirmando el principio de que nadie está por encima de la ley en EE. UU. ni el Presidente ni los Jueces de la Corte Suprema. A su vez, critica el resultado de decisiones como la del pasado 1 de julio, que convalidó la idea de otorgar amplia inmunidad a los Presidentes por crímenes cometidos durante su mandato.
En ese punto pone especial énfasis, argumentando que esto elimina prácticamente todos los límites sobre lo que un Presidente puede hacer, deviniendo en una especie de régimen de excepción o un tipo de fuero especial, que crearía la sensación de sesgos en la aplicación de la ley.
El artículo aborda también la crisis ética en la Corte Suprema, mencionando la serie de escándalos que involucraron no a uno, sino a varios jueces, como en los casos de cohecho (regalos no divulgados) y conflictos de interés, que han socavado la confianza pública y generado cuestionamientos sobre su objetividad, independencia e imparcialidad.
“Tengo un gran respeto por nuestras instituciones y la separación de Poderes”, argumenta Biden en su Artículo, y agrega: “Lo que está sucediendo ahora no es normal y socava la confianza del público en las decisiones de la Corte, incluidas las que afectan las libertades personales. Ahora estamos en un punto de ruptura”.
Las propuestas pueden ser sintetizadas en tres grandes Iniciativas de reforma:
1) Enmienda constitucional: “Nadie está por encima de la Ley”. “Esta nación fue fundada sobre un simple y aún profundo principio: nadie está por encima de la Ley. Ni el presidente de los EE. UU. ni un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Nadie”. Con esto, busca dejar completamente en claro que no puede haber inmunidad o fuero especial ante crímenes cometidos por un ex presidente durante su mandato.
Así, la reforma plantea una enmienda constitucional que revise el fallo reciente de la Corte sobre la inmunidad amplia (fuero extendido) a los ex presidentes de EE. UU. que permitió a Donald Trump no ser juzgado antes de la próxima elección por los diversos cargos que le fueron imputados en los últimos años.
2) Límites de mandato para los jueces de la Corte Suprema. Esta propuesta está en consonancia con algunos de los cimientos de la Reforma Judicial promovida en México por el presidente López Obrador, en la que se pretende limitar la Critocracia (gobierno de los jueces), también conocida como dictadura judicial.
Se refiere a una forma de gobierno en la cual los poderes Legislativo y Ejecutivo quedan neutralizados, supeditados y sometidos a los criterios de interpretación y aplicación de la ley por parte de un juzgador (individual o colectivo), cuya fuente de legitimidad es meritocrático-burocrática, no electivo-popular, lo que produce, con frecuencia, el fenómeno político conocido como “choque de trenes” entre Poderes.
En ese tenor, la propuesta del inquilino de la Casa Blanca se decanta por un Sistema en el que se eliminen los nombramientos vitalicios en el tribunal máximo.
Señala que el Congreso debería aprobar una legislación para establecer un Sistema en el que el presidente en funciones designe a un juez cada dos años, y que esas personas juzgadoras solo duren 18 años en la Corte.
Esta temporalidad haría “más predictible y menos arbitrario” el proceso de integración de la Corte y reduciría la posibilidad de que una sola presidencia alterase radicalmente la composición de la Corte.
De esta manera, el debate sobre el “gobierno de los jueces” o la Critocracia se instala de lleno en el centro de la democracia más antigua y señera del mundo occidental y del continente americano, tal y como ocurre en Israel, España y, por supuesto, México.
El presidente Biden pone énfasis en tales medidas para “restaurar la confianza y la rendición de cuentas en la Corte y en nuestra democracia”, una Corte, recordemos, integrada por nueve ministros, de los cuales, actualmente, seis son de tendencia conservadora y tres de tendencia liberal.
3) Código de conducta vinculante para la Corte Suprema. Esto tiene como trasfondo que los jueces se abstengan de conductas inapropiadas o poco transparentes, evitando despertar suspicacias o violentar el principio de separación de poderes.
De manera similar a lo que se está evidenciando en los foros para la Reforma Judicial en México, Joe Biden argumenta que el código ético actual es débil y auto aplicativo.
Así, la reforma iría en el sentido de proponer al Congreso una legislación que establezca un código de ética judicial que exija a los jueces revelar los obsequios que reciben, abstenerse de la actividad política pública y recusarse de los casos en los que ellos o sus cónyuges tengan conflictos de intereses financieros o de otro tipo.
El presidente Biden mencionó que estas propuestas cuentan con el apoyo de la mayoría de las y los estadounidenses, así como de académicos constitucionales tanto conservadores como liberales.
Asimismo, agradeció a la Comisión Presidencial bipartidista sobre la Corte Suprema por su análisis e importantes colaboraciones para enriquecer estas propuestas, cuyo objetivo final pasa por la reiterada necesidad de prevenir el abuso del poder presidencial, restaurar la fe pública en la Corte Suprema y fortalecer las protecciones de la democracia.
Las comparaciones son odiosas, pero a veces ilustran. La reforma judicial de Biden se parece, en sus lineamientos y motivaciones, a la de 1994, con Ernesto Zedillo (rendición de cuentas y moral pública judicial).
No plantea cambiar la fuente de legitimidad ni el origen de la representatividad de las y los impartidores de justicia, como sí lo hace radicalmente (de raíz) la reforma impulsada por el presidente AMLO, con la elección mediante sufragio popular.
Sin embargo, hay otra diferencia de contexto: Biden no tiene la mayoría calificada del Congreso federal, mientras que el presidente López Obrador está a escasos escaños de lograrla.
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