En el marco de las Iniciativas de Reforma presentadas por el presidente López Obrador, la desaparición de algunos Organismos Constitucionales Autónomos (OCA) es, quizá, la que ha generado más reacciones enconadas.
Se propone desaparecer siete OCA. Por orden de peso presupuestal: IFT, INAI, Cofece, CRE, CNH, Mejoredu y Coneval. Permanecen sin tocar otros, como Banxico, FGR, CNDH y Universidades públicas autónomas.
Desde antaño, en el Derecho Público mexicano se dispuso de la figura de organismos públicos desconcentrados y descentralizados, que buscaban lo mismo que los organismos autónomos: hacer más eficaz y eficiente el servicio público asignado, pero con un grado de autonomía administrativa y política menor que los actuales OCA.
A partir del año 2000, florecieron en Europa, Asia y África los OCA, tal y como hoy los conocemos: organismos dotados, por la Constitución política nacional, de una personalidad autonómica, con patrimonio propio, capacidad de autogestionar su presupuesto, sistemas endogámicos de rendición de cuentas y cuyos integrantes duran y ganan más en sus cargos que las y los propios legisladores y autoridades electas por el voto popular directo y secreto.
Este diseño jurídico fue creación de las tecnocracias financieras internacionales, para enfrentar el creciente malestar social generado por la globalización en las economías emergentes, y debido a la desigualdad, polarización y acelerada concentración de la riqueza, lo cual empezaba a ser capitalizado política y electoralmente por movimientos de izquierda, que iban desde la Social Democracia hasta el Populismo Social y Nacionalista.
A fines del siglo XX —sobre todo en el mundo occidental— con sus matices y bemoles, en diferentes naciones se experimentaron los efectos del ascenso del neoliberalismo, cuyo telón de fondo era el llamado Consenso de Washington, que hacía hincapié en los mercados libres, la desregulación y la privatización, lo que condujo al crecimiento económico en algunas regiones, pero también amplió la desigualdad, la brecha entre el capital y el trabajo y las crisis financieras.
Con el fenómeno de la globalización económica cayeron las barreras comerciales, facilitando inversiones, producción y comercio transfronterizos. Esto estimuló el crecimiento económico, pero también generó preocupaciones respecto a la pérdida de empleos y la explotación en los países en desarrollo.
Esa liberalización económica vino junto a una revolución tecnológica. El auge de internet, tecnologías digitales y la automatización transformaron numerosas industrias, creando nuevas oportunidades y desafíos para la adaptación de la fuerza laboral.
El sector financiero ganó una influencia considerable, lo que generó innovaciones y riesgos, como fue el caso de la proliferación de instrumentos financieros complejos. Claro ejemplo de ello es la crisis financiera de 2008. Ese tipo de globalización dio lugar también a un cambio de poder económico: China surgió como potencia económica importante, desafiando el dominio estadounidense, mientras que otras economías en desarrollo experimentaron un crecimiento significativo.
En materia política se observó un proceso generalizado de democratización. Muchos países transitaron a sistemas democráticos, promoviendo los derechos humanos y la participación política, aunque algunos lucharon por la consolidación o en contra del retroceso democrático.
Por otra parte, las inconformidades con el sistema dieron pie al aumento del populismo. Los sentimientos nacionalistas y antisistema crecieron, afectando elecciones y decisiones políticas en varios países. Además, como consecuencia del fin de la Guerra Fría y el surgimiento de nuevas potencias globales -como China e India-, las relaciones y alianzas internacionales sufrieron un reacomodo.
Por ello se experimentó una mayor interconexión global. Cuestiones como el cambio climático, el terrorismo y las pandemias resaltaron la necesidad de la cooperación internacional, pero también expusieron los desafíos para lograrlo.
En lo que respecta a la administración pública, cobraron relevancia tendencias o corrientes, como las asociadas a la nueva gestión pública. Este enfoque, centrado en la eficiencia, la medición del desempeño y los principios de gestión del sector privado, ganó popularidad en muchos países, a través de medidas como la evaluación basada en desempeño o resultados.
También cobró auge el Gobierno electrónico (e-Gob), tecnología cada vez más utilizada para la difusión de información, prestación de servicios y participación ciudadana, complementado con un énfasis en transparencia y rendición de cuentas. Por ende, muchas reformas del servicio público apuntaron a mejorar la transparencia y participación social, y combatir la corrupción. Al menos en lo discursivo.
Como parte de estos intentos reformistas, se buscó alentar la descentralización, delegando más autoridad para la toma de decisiones en los Gobiernos locales o en organismos autónomos, como los OCA; aunque los resultados mostraron distintos grados de éxito o fracaso.
En efecto, después del largo periodo de las políticas económicas privatizadoras en el Reino Unido y Estados Unidos, en la segunda mitad de los 90 del siglo XX empezaron a tomar fuerza los movimientos antiglobalizadores, nacionalistas y anti sistémicos, que reivindicaban lo público sobre lo privado, el Estado sobre el mercado y lo social sobre lo financiero, de tal forma que, si llegaban al Poder, podrían poner en riesgo las políticas económicas fundamentales de la época neoliberal.
Con apoyo en la escuela jurídica del neo institucionalismo -o estructural-funcionalista-, la cual postula que los conflictos sociales y políticos pueden ser controlados, acotados y administrados (no necesariamente resueltos) mediante leyes e instituciones ad hoc, especiales o autónomas, la tecnocracia encontró en los OCA la forma de contener, sujetar y aminorar los efectos “disruptivos” de la llegada de los movimientos de izquierda social (Italia y España), laboral (Brasil y Grecia), nacionalista (Sudáfrica y África del Norte) o popular (América Latina), considerados por los organismos financieros internacionales como “Atila a las puertas de Roma”.
Así, con las mal llamadas reformas estructurales neoliberales llegó a México la telaraña de los OCA, que hoy la 4T busca regresar por la puerta de emergencia por la que entraron engañosamente con el argumento de los pesos y contrapesos institucionales.
No es Montesquieu quien los inspira, sino Houdini, el ilusionista, con su baúl de cadenas, candados, camisas de fuerza y jaulas bajo el agua.
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