-Perder el control de la SCJN, trastornó al Presidente.
-Un crimen utilizar a adultos de la Tercera Edad en plantón.
-Madero, Carranza y Palavicini, opinaron.
-Busca instaurar una Dictadura, J. Zamora Pierce
Alfa Omega
(Hace 52 años del enfrentamiento de Estudiantes y “Los Halcones”).
Este sábado, 10 de Junio, sumarán 160 días que el Presidente de México no admite su doble derrota y busca por todos los medios, proseguir la guerra sucia contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como institución, y a los integrantes del Pleno, presididos por una jurista intachable.
El criterio presidencial es que todo el Poder Judicial Federal, es corrupto, está podrido.
Pretendió el tabasqueño prolongar por dos años la presidencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, considerando que era el único que podría limpiar el cochinero y adaptarse a los principios de la llamada cuarta transformación. Zaldívar se tendía como tapete al paso del titular del Poder Ejecutivo.
Después intentó que una de las tres mujeres que él propuso para ministras, fuese la heredera del trono. Un académico universitario denunció que la abogada Yasmín Esquivel Mossa, la candidata, plagió una tesis profesional para presentar el examen profesional en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM. La esposa del ingeniero contratista José María Riobóo, el mejor ingeniero del mundo (?) para el tabasqueño, sigue en su despacho del Alto Tribunal.
Lo que sacó de sus casillas al Presidente de México, fue un tercer golpe adverso. Las ministras y los ministros eligieron a la abogada Norma Lucía Piña Hernández. Apenas transcurrieron unas horas, del lunes 3 de enero de este 2023, para que comenzara la ola de ataques contra la primera mujer que encabeza el Poder Judicial Federal y presidenta del Consejo de la Judicatura Federal.
Desde su púlpito mañanero, el inquilino de Palacio Nacional, no pierde ocasión para lanzarse contra la ministra presidenta. El Pleno sigue adelante e inclusive ya dio fallos en contra de reformas constitucionales, calificadas de anticonstitucionales, relacionadas con el llamado Plan B.
Cada día aumenta el calor que trastorna la mente al hijo de Macuspana. Ordenó que “ni el teléfono le contesten a las y los Ministros, menos a la Presidenta” y todo el gabinete debe acatar la disposición, “porque en la Suprema Corte, protegen a los delincuentes, los jueces los dejan en libertad. No hay justicia para los pobres”, afirmación en una mañanera.
Se le olvida a YSQ, que él ordenó la libertad de Ovidio Guzmán López, “El Chapito”, detenido por los militares en un operativo realizado en Culiacán, Sinaloa. Persiste en su política (?) de “Abrazos, No Balazos”, en la supuesta lucha contra los narcotraficantes.
Ha dicho que hace llamados a las mamás de los delincuentes para que les digan que se porten bien. Afirma, reiteradamente, que los delincuentes también son humanos.
Siempre con audacia, el presidente justifica sus acciones, como ocurrió al detener la camioneta en que viajaba, descendió y fue hasta el vehículo donde saludo de mano, cortésmente, a la mamá de “don Joaquín Guzmán Loera”. En la cercanía del hogar de ella, en Badiraguato, Sinaloa.
Fue un encuentro “ocasional”, en el que la señora le entregó una carta al presidente, pidiéndole que intercediera ante el Gobierno de Estados Unidos, a efecto de que familiares de “El Chapo” pudieran visitarlo en la prisión donde está confinando, aislado y con guardia permanente.
ZARCO, MADERO Y CARRANZA
Al participar en el foro 1916 Rumbo a la Constitución de 1917 el doctor Francisco Ramos Quiroz, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad de Cádiz, España, nos precisó tres momentos importantes relacionados con la propuesta de que los Ministros de la Suprema Corte fuesen electos, por voto indirecto, aprobada en 1857 y reformada por el Congreso Constituyente de Querétaro.
El doctor Ramos Quiroz, investigador del Instituto de Estudios Históricos de la Universidad Nicolaita, nos compartió lo que dijo Francisco Zarco Mateos respecto a lo aprobado en el Congreso Constituyente:
“No hay que temer que, aprobado el artículo, la Corte sea invadida por leguleyos y charlatanes y queden excluidos los jurisconsultos…No hay que creer que (el pueblo) a la Corte lleguen curanderos y parteras y, si alguna vez se equivoca mandando a un imbécil a la Corte, como suele mandarlos a otras partes”.
El Artículo 92 quedó en el texto constitucional; no sufrió reforma alguna. Estuvo vigente hasta 1917, con el antecedente de que en el Plan de San Luis, Francisco Ignacio Madero González expuso:
“Tanto el Poder Legislativo como el Judicial, están completamente supeditados al Ejecutivo: la división de Poderes, la soberanía de los Estados, la libertad de los Ayuntamientos y los derechos del ciudadano, sólo existen escritos en nuestra Carta Magna”.
El Apóstol de la Democracia también destacó: “La justicia en vez de impartir su protección al débil, sólo sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte; los jueces, en vez de ser los representantes de la justicia, son agentes del Ejecutivo, a cuyos intereses sirven fielmente”.
Por su parte el presidente Venustiano Carranza, convocante al Constituyente de 1917, desde sus inicios en la política en su natal Coahuila, externó que el Poder Judicial debería ser independiente, autónomo, pronunciándose a favor de que rigiera tanto en el ámbito federal como en el estatal.
El Plan de Guadalupe, en 1914, proclamado para desconocer al espurio gobierno de Victoriano Huerta, Carranza manifestó que las circunstancias estaban dadas para “sentar las bases para un nuevo sistema de organización del Poder Judicial independiente, tanto en la Federación como en los Estados”.
INICIATIVA IMPROCEDENTE
Ante el impedimento constitucional para eliminar la división de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Presidente de México anunció que enviará, al Congreso de la Unión, la iniciativa para reformar la Carta Magna, con el propósito de que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Tribunales Federales y los Jueces, sean electos por voto popular.
Seguro está el tabasqueño que en junio 2024, por su permanente campaña personal, obtendrá la mayoría absoluta en las Cámaras de Senadores y de Diputados. En septiembre de 2024, estará lista la reforma para que “el pueblo bueno y sabio” elija, mediante el voto a los funcionarios encargados de la impartición de justicia.
No cabe duda que la ignorancia del Derecho y de la Historia Patria reinan en la Consejería Jurídica de la Presidencia, en la Secretaría de Gobernación y en la Fiscalía General de la República, cuyos titulares se ostentan como abogados y supongo que si no fueron consultados por su jefe máximo, deberían de orientarlo e indicarle que la iniciativa de reforma es improcedente.
El inquilino de Palacio Nacional está decidido a mantener, hasta el final de su sexenio, el plantón con personas de la Tercera Edad, frente al pórtico del edificio de la Suprema Corte, lideradas por una activista guatemalteca, contratada exprofeso.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México tiene a los policías “protegiendo” a mujeres y hombres que cumplen sus guardias a cambio de la pensión oficial bimestral. Un grupo de simpatizantes con las ministras y los ministros retiraron a los “acampados”, quitaron las mantas con leyendas ofensivas.
Los uniformados, “los azules”, protegieron a “las indefensas personas, mayores de edad”. Los funcionarios son los mismos que antes, como oposición, criticaban a los adultos llevaban a los niños a las manifestaciones. Claro que lo de hoy “no son iguales”, ahora explotan a los adultos mayores.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Las voces de quienes están reconocidos internacionalmente como juristas de primera línea, mexicanos todos, se han escuchado en diversos foros universitarios. Las opiniones publicadas en los diarios, en las revistas especializadas y en gacetas, son para señalar lo precipitado e infundado de la acción presidencial.
Coinciden los juristas de diversas universidades del País, en que los integrantes del Pleno de Suprema al igual que los Magistrados de Circuito y los Jueces cumplen una misión que exige autonomía para la impartición de justicia. No deben elegidos, mediante voto popular”.
PALAVICINI Y ZAMORA PIERCE.
En el mismo ensayo del doctor Ramos Quiroz incluyó que el político, constituyente del 17 y fundador del diario El Universal, Félix Fulgencio Palavicini, años después del Congreso de Querétaro dio a conocer su criterio respecto a elegir a los Ministros de la Suprema Corte:
“Todos sabemos que la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia hecha por el pueblo, desde Baja California hasta Quintana Roo, es absurdo”. Agregó que “Los magistrados no debieran pertenecer a partido político alguno, para no crear otros intereses ni tener más compromiso que el interés de la Nación”.
Jurista, autor de 128 estudios jurídicos públicos, así como de 46 libros, conferencista en materia jurídica tanto en América como en Europa, el doctor Jesús Zamora Pierce, egresado de la UNAM y de La Sorbona, París, me dio una explicación amplia y detallada sobre el tema de este comentario.
Me habló de la división de los Poderes, reiterando lo señalado en el artículo 49 constitucional y también hizo mención a los requisitos que debe cubrir un aspirante a Ministro de la Suprema Corte. No refirió nada en torno al caso de la ministra plagiaria, por ética profesional.
Su opinión central, con la que cierro mi comentario: “El Presidente anuncia una reforma constitucional para que en el futuro las y los Ministros sean electos por voto popular. Es evidente que su propósito es doblegar al Poder Judicial, obligar a los Ministros a politizarse, privarlos de su autonomía y destruyendo el principio de división de poderes, instaurar una dictadura”.
La abogada Rosa María Rodríguez y Villegas, de la Generación 1956 de la Facultad de Derecho, UNAM, encabeza a sus colegas e invita a sus compañeros para una permanente defensa del Estado de Derecho y de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por la jurista Norma Lucía Piña Hernández, de larga carrera judicial, amplia experiencia impartiendo justicia y académica reconocida internacionalmente.
Agradezco la importante orientación que recibí, sobre el tema de elegir por voto popular a los integrantes de SCJN, del doctor en Derecho y ameritado catedrático de la Facultad de Derecho, UNAM, don Jesús Anlén López.
jherrerav@live.com.mx