Por: Ricardo Monreal Avila
En las últimas dos décadas, la migración de la región México-Centroamérica ha adquirido mayor intensidad y complejidad.
Las dificultades en torno al fenómeno migratorio han dejado en claro que ningún país, por sí solo, puede abordar el tema de manera unilateral y garantizar los derechos humanos de las personas en movilidad, sin el apoyo, coordinación y atención de los diversos actores internacionales.
En la región mencionada hay una confluencia de factores que impulsa la migración. En los recientes 20 años se ha hecho referencia al impacto creciente de la violencia, inseguridad y el nivel de desarrollo de los países que la integran.
Los actuales flujos migratorios de México-Centroamérica hacia los Estados Unidos muestran un marcado carácter socioeconómico. Los inmigrantes mexicanos aportaron cerca de 6.7 millones de personas a la población económicamente activa (PEA) de la Unión Americana en 2004, cifra que se incrementó a 7.5 millones en 2013, lo que los convierte en el principal grupo nacional de trabajadores extranjeros en el país.
Asimismo, destaca que el 25 % de los inmigrantes mexicanos recientes son niños y jóvenes menores de 20 años, proporción que se eleva al 28 % en el caso de los migrantes provenientes de los países del Triángulo del Norte Centroamericano (TNCA).
Esto indica que no sólo se trata de una migración joven, sino que también hay una importante presencia de menores de edad provenientes de México y de los países del TNCA, con todas las implicaciones que ello tiene para este grupo vulnerable, en términos de riesgos y amenazas, tanto en la travesía hacia México como a Estados Unidos.
De enero a mayo, la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, con base en información registrada en las oficinas de trámites del Instituto Nacional de Migración (INM), reportó un total de 23,321 Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias.
De conformidad con el marco normativo migratorio, esta condición de estancia la autoriza el Instituto Nacional de Migración a toda persona extranjera que se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos: “ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido en territorio nacional”.
De acuerdo con la Ley de Migración, se considera ofendido o víctima a la persona que sea el sujeto pasivo de la conducta delictiva, independientemente de la relación familiar entre ella y el perpetrador.
A inicios de 2019, el gobierno federal anunció la suspensión del programa de visas por razones humanitarias, que hasta entonces había beneficiado a poco más de 13,000 personas. Sin embargo, ante el escenario migratorio, el INM reinició el programa en abril pasado para aquellos migrantes que ingresen por la frontera sur del país, teniendo prioridad mujeres, niñas, niños y personas mayores de 65 años.
Con las recientes reuniones y negociaciones entre nuestro país y Estados Unidos se abrió la posibilidad de que México asumiera la función de “tercer país seguro” para los solicitantes del TNC, instituyendo el procedimiento de que todas las personas que solicitan asilo a EUA debieran esperar en México durante el desahogo de su proceso.
Lo anterior pondría al sistema migratorio mexicano al borde del colapso, pues la estructura de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), entidad responsable de conducir la política en materia de refugiados, es insuficiente, ya que sólo cuenta con 48 elementos; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tiene en nómina a otros 102 empleados y sólo cuenta con oficinas en cuatro ciudades del país, todas en el sur.
No obstante, la ACNUR otorgó recursos para abrir oficinas en Tijuana, Monterrey y Palenque, aunque éstas aún no operan para atender a tal magnitud de migrantes. Asumir la función de “tercer país seguro” sólo estaría precarizando todavía más la situación de quienes dejan su tierra en busca de mejores oportunidades de vida.
La evolución de solicitudes de la condición de refugiados en el último lustro ha sido sustancial. En 2014, la COMAR registró un total de 2,137, mientras que en 2018, 29,648 solicitudes; tan sólo de enero a mayo de este año registró 24,424 solicitudes y, para diciembre de 2019, se pronostica que el Estado mexicano registre un total de 80,000 solicitudes de refugio de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos.
Cabe señalar que este pronóstico se mantiene aun con las medidas anunciadas por el gobierno del presidente Trump para restringir la aceptación de solicitudes de refugio a centroamericanos.
Es de precisar que, de las cifras de solicitudes de refugiados mencionadas en 2018, la COMAR otorgó únicamente a 1,939 hombres y 1,991 mujeres la condición de estancia de residente permanente, como refugiado, de los cuales, el 72.8 % fueron de nacionalidad venezolana; el 13.9 %, salvadoreña; el 9.8 %, hondureña y el 3.8 % de otra.
De enero a mayo de 2019, el INM ha otorgado la condición de estancia de residente permanente por reconocimiento de la COMAR como refugiado a 481 extranjeros de América Central (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua); 1,341 extranjeros de América del Sur (Colombia y Venezuela) y 16 extranjeros de África (Camerún, Congo, Ghana y Nigeria).
El presidente estadounidense siempre ha puesto énfasis en el aumento de la seguridad en la frontera. La construcción del muro, el incremento de los agentes de la Patrulla Fronteriza, la inversión en nuevos equipos de seguridad, entre otras medidas, reflejan exclusivamente una visión reactiva y parcial de seguridad nacional, por lo que México no debe permitir la subordinación, dominación o entrega de su política migratoria. Cooperación, sí; supeditación, no.
Hay que recordar que Estados Unidos tiene una deuda histórica con estos refugiados, pues su éxodo está directamente relacionado con los efectos de la influencia estadounidense en la región: guerras civiles, crisis económicas y violencia pandilleril.
La inminente crisis humanitaria de la región México-Centroamérica requiere una atención urgente, basada en una agenda regional sobre migración que permita responder de manera compartida a múltiples factores asociados a los procesos migratorios, en la cual se busque combinar políticas públicas internas y externas y la participación de todos los Estados involucrados, las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales, la academia, los gobiernos locales y las propias personas migrantes.
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