En días recientes, el secretario de Estado de la Unión Americana, Antony Blinken, visitó nuestro país junto con la secretaria de Comercio de esa nación, Gina Raimondo, y otros altos funcionarios, quienes se entrevistaron con el primer mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador.
Entre otras acciones, con el encuentro se formalizó la invitación a México para formar parte del nuevo paquete de inversión que Estados Unidos acaba de anunciar en materia de electromovilidad, tomando en consideración el rápido avance de China en las transiciones de sustentabilidad y su posicionamiento respecto de los insumos y aspectos técnicos relacionados con éstas.
En el contexto de la segunda reunión del Diálogo Económico de Alto Nivel entre ambas naciones, sus mutuas representaciones dan continuidad a una relación estratégica bajo cuatro ejes: fortalecer las cadenas de suministro; aumentar la cooperación en la frontera sur de México; asegurar las herramientas para la prosperidad futura, y robustecer la competitividad económica, tanto en grupos minoritarios como en pymes.
Considerando que las grandes problemáticas de las dos naciones exigen el diálogo constante, la relación bilateral con Estados Unidos es prioritaria y estratégica.
Nuestro país cuenta con una de las diásporas más grandes del mundo; se estima que más de 35 millones de connacionales o personas de origen mexicano viven fuera de los límites territoriales; de ellos, más del 98.5 por ciento se encuentra en los Estados Unidos, que además es nuestro principal socio comercial.
Debido a su estatus migratorio irregular y a la precarización socioeconómica y laboral originada por la falta de documentación, nuestras hermanas y hermanos migrantes irregulares viven en el riesgo latente de deportación; tienen niveles salariales o de remuneración muy inferiores al promedio, y carecen de derechos laborales y de seguridad social, entre otras problemáticas.
Por su parte, las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México, a lo largo de su historia, han estado marcadas por grandes tensiones; en algunos momentos se vivieron episodios preocupantes y, en otros, se apostó por la cooperación. El tipo de estrategia diplomática que nuestro país ha empleado responde a la preeminencia del principio de soberanía estatal, lo que ha redundado en ocasiones en relaciones asimétricas.
Sin importar el partido político de los ocupantes de la Casa Blanca, los representantes del vecino país del norte, de una manera u otra, han buscado ejercer presión sobre el nuestro, para satisfacer sus propios intereses o prioridades -lo que ha dado a la relación, en ocasiones, marcados rasgos unilaterales- propiciando acuerdos complejos, en los que no resulta del todo claro el beneficio para México y su población.
Debido a ello, la tarea del Gobierno mexicano implica redoblar esfuerzos para buscar los acuerdos más provechosos y poder construir un vínculo igualitario, a nivel nacional, regional y local, entre los dos países, identificando los retos comunes y los beneficios mutuos de consolidar una relación estratégica bilateral, lo cual, de hecho, es uno de los ejes clave de nuestra política consular.
En ese tenor, la postura del Ejecutivo federal de México apostó a los esfuerzos integrales que forman parte de mecanismos institucionales, como el Entendimiento Bicentenario. El combate al tráfico de armas y a las estructuras del crimen transnacional se debe acompañar.
de medidas tendientes al desarrollo y al bienestar social, dimensiones que no pueden faltar en la investigación y exploración sobre la problemática de las libertades y oportunidades para las y los mexicanos, en el contexto de un capitalismo transnacional organizado, que reclama una atención casi absoluta de los aspectos económicos.
Sin embargo, la resolución de los temas de seguridad y las preocupaciones en torno al tránsito de personas en la frontera sur de nuestro país, por mencionar algunos aspectos, escapan a las posibilidades de una agenda exclusivamente bilateral. Lo que exige es una visión más amplia, la conformación de espacios de diálogo y mecanismos regionales, para generar ciclos de desarrollo sostenidos y superar problemas estructurales que inciden directamente en el fenómeno migratorio.
Esa tarea implica un carácter ambivalente: “nadar entre dos aguas”. El Gobierno mexicano habrá de continuar con las negociaciones, apegándose a los principios constitucionales de política exterior, ejercitando con suma precisión una serie de estrategias para dotar de integralidad a la agenda bilateral con nuestro vecino del norte y, al mismo tiempo, deberá asumir las responsabilidades del liderazgo latinoamericano, proyectando esos mismos principios en una eventual integración regional.
La aspiración se antoja altamente compleja, tomando en consideración que, tan sólo en las últimas décadas, Latinoamérica ha presenciado los vaivenes de una serie de proyectos regionales posliberales: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la cual en 2008 vino a sustituir a la Comunidad de Naciones Suramericanas (CASA); la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA); la Reunión de los Jefes y Jefas de Estado de Sudamérica, y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).
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