Esta semana, el acontecimiento político más relevante será la presentación del informe anual del titular del Poder Ejecutivo ante el Honorable Congreso de la Unión, para dar cuenta del estado general que guarda la administración pública federal.
A su vez, la glosa del Informe implica la labor de escudriñamiento que llevan a cabo los diversos grupos parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, desde los ámbitos jurídico, político, económico y social.
Cada una de las Cámaras analizará el informe y podrá solicitar al presidente de la República que se amplíe la información, mediante pregunta por escrito. No obstante, también es posible citar a las secretarias y los secretarios de Estado, así como a las personas titulares de las direcciones de las entidades paraestatales, para que comparezcan ante los órganos legislativos federales.
Al respecto, resulta importante hacer algunas precisiones. En primer término, el informe representa la comparecencia, ante la nación y ante el propio Congreso, del presidente de la República. En segundo lugar, la comparecencia no necesariamente es de carácter presencial: en México, el informe se presenta por escrito. Del mismo modo, no implica por fuerza la existencia de preguntas o interpelaciones, es decir, un debate o intercambio de posiciones a cargo de representantes políticos.
El carácter informativo de este ejercicio es lo primero que salta a la vista. Sin embargo, constituye también una expresión de la separación de poderes y del sistema de pesos y contrapesos. Se trata de un auténtico acto de control del Gobierno por parte de la principal institución de representación popular.
Su importancia obedece también a las prospectivas de gobernabilidad. En el informe presidencial se resumen las principales actividades de los diversos ramos de la administración pública; se justifican medidas importantes tomadas durante el año; se anuncian los principales proyectos que el Ejecutivo federal presentará a la consideración del Congreso, y se reserva una parte al mensaje político, que se centra en las líneas generales de la política del Gobierno.
En este aspecto, no sobra decir que el régimen actual está entregando buenas cuentas: en política económica, se eliminó el tope al incremento en los salarios mínimos; se redujo el precio de combustibles y del IVA y el ISR fronterizos; se aplicó un subsidio directo al IEPS de las gasolinas y el diésel por más de 500 mil millones de pesos, para contener la inflación; se ha hecho pagar impuestos a los grandes contribuyentes, eliminando la condonación fiscal; se redujo considerablemente el gasto burocrático, y se procedió con total disciplina financiera, prescindiendo de nueva deuda pública y de la creación de nuevos impuestos.
En política social, se optó por un gasto social creciente, hasta rebasar el medio billón de pesos anual; 18 programas sociales, que benefician por lo menos a un o una integrante de familia en el 70 por ciento de los hogares mexicanos. Otra medida acertada fue la vacunación masiva contra COVID-19, la cual tuvo resultados favorables para el grueso de la población.
En política exterior, la suscripción del T-MEC dio una mayor apertura a la inversión extranjera; se adoptó una postura crítica respecto al intervencionismo, buscando siempre privilegiar el diálogo como el principal medio para encontrar soluciones a los conflictos
entre países o al interior de éstos, y durante su paso por la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU el jefe del Estado mexicano discurrió sobre los temas de corrupción, desigualdad, inclusión y conflictos armados; presionó para abatir el tráfico y desvío de armas pequeñas y ligeras, y se centró en la colaboración y coordinación entre los principales órganos de las Naciones Unidas, para concretar la agenda de paz y seguridad internacionales.
En política interior se ha dado un ejercicio inédito de rendición de cuentas, casi diariamente, a través de las populares conferencias presidenciales matutinas; se dio paso a dos instrumentos de la democracia directa: las consultas populares y la revocación de mandato y se eliminó el fuero presidencial.
Finalmente, en materia de seguridad y justicia se creó la Guardia Nacional, se realizó la reforma judicial y se concretó la eliminación de la Policía Federal, medidas que se convirtieron en algunos de los pilares para afrontar el grave problema de la violencia que sufre México.
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