En México, el principio de un radical cambio de rumbo comenzó en julio de 2018, cuando el actual primer mandatario fue ampliamente beneficiado con el voto popular en las elecciones federales concurrentes, tras décadas de constantes luchas sociales enfocadas en democratizar el sistema político nacional, encabezando con ello el primer gobierno auténticamente legítimo en la historia reciente de nuestro país.
La legitimidad de que goza el presidente de la República se puede apreciar en diversos escenarios. Nunca antes en la historia contemporánea se había observado que en territorio estadounidense las y los connacionales residentes se volcaran a las calles a recibir, vitorear y arropar a algún jefe de Estado mexicano, como sucedió con el actual mandatario en su pasada visita a la Casa Blanca.
La cercanía de Andrés Manuel López Obrador con el pueblo ha caracterizado su trayectoria política y es, quizá, un rasgo que lo diferencia de la mayor parte de los jefes de Estado en la actualidad, a nivel global. Su carisma deviene no sólo de su particular personalidad, sino también de la calidad moral individual con la que se ha conducido a lo largo de los años, y la ciudadanía de a pie lo identifica inmediatamente como parte de los suyos.
Así, se puede observar que el actual presidente cuenta hoy con más del 70 por ciento de aprobación. Ningún mandatario anterior vislumbró un nivel de simpatía semejante a la mitad de su sexenio; regularmente, comenzaba a declinar a partir del segundo año, y en la mitad del encargo se desinflaba.
Los altos niveles de popularidad del presidente AMLO reflejan que sigue gozando de una legitimidad incuestionable. Si hoy se aplicara el ejercicio de revocación de mandato planteado para el año entrante, el mandatario sería respaldado por la mayoría ciudadana.
Este singular fenómeno sociopolítico que representa la persona del presidente merece toda la atención, ya que desde el gobierno de Lázaro Cárdenas no se apreciaba de manera tangible tal nivel de aprobación y respaldo popular a la figura del Ejecutivo federal. Por supuesto que ese apoyo generalizado no surgió de la nada; la faceta de luchador social y defensor de las causas justas del hoy primer mandatario comenzó hace poco más de cuatro décadas, en su natal Tabasco, reivindicando los derechos de los sectores sociales de las personas más desfavorecidas, que en nuestro país son mayoría.
El estilo propio del actual régimen guarda congruencia con esto último. La austeridad republicana representa un hito en la historia de las administraciones públicas federales en México; no hace falta hacer concienzudos ejercicios de memoria para recordar la serie de lujos y excesos a los cuales tuvo acceso la élite política de gobiernos anteriores, lo cual se ha combatido de fondo en la actual administración. El primer mandatario ha conseguido, a sólo tres años de su mandato, separar paulatinamente el poder político del poder económico.
Por ejemplo, los contratos leoninos que abundaban entre representantes de gobiernos anteriores y un sector empresarial afín se han ido erradicando; al mismo tiempo, se están llevando a cabo las acciones pertinentes para evitar la injerencia de intermediarios para la asignación de recursos públicos, puesto que los apoyos y programas sociales se entregan directamente a las personas beneficiarias, haciendo una repartición más eficiente.
Por otro lado, las prebendas de las y los altos funcionarios y otros beneficios, como la pensión para expresidentes, han desaparecido. Millonarias cantidades de dinero que iban a parar a los bolsillos de la alta burocracia gubernamental se han redireccionado para favorecer a amplios sectores sociales que sí lo necesitan y que por décadas fueron condenados al olvido, a la marginación y al atraso. Para el presidente López Obrador resulta inmoral tener un “gobierno rico, con un pueblo pobre”, lo que le ha valido una de sus principales críticas y que es, al mismo tiempo, uno de los faros más importantes de su administración.
Debido a esta política de austeridad, de eliminación de un gasto público ineficiente, clientelar o derrochador, ahora mismo nuestro país —a pesar de la pandemia— no enfrenta un sobreendeudamiento, como antaño sucedía ante la irrupción de crisis de cualquier tipo. Al contrario: el uso prudente de los recursos federales ha hecho posible que una gran cantidad de personas en México cuenten con al menos una vacuna que mitigue los efectos de la enfermedad COVID-19.
Las acciones del actual gobierno han sido contundentes, visibles y palpables para el grueso de la ciudadanía, lo que explica la amplia aprobación entre el pueblo mexicano y los altos niveles de popularidad de que goza el presidente de la República. A tres años de haberse iniciado el proyecto de la 4T, podemos afirmar que hay avances importantes en varios ramos de la administración, pero también subsisten algunos retos importantes que requieren atención oportuna y expedita.
Uno de ellos es lograr un abasto suficiente de medicamentos para atender cualquier tipo de padecimiento que se presente en las familias mexicanas. El presidente se ha comprometido a que en un breve término se normalizará el suministro total de estos insumos en el sector de salud pública de nuestro país.
Asimismo, el tema de la inseguridad es otro pendiente que nos ocupa. La violencia ha escalado de manera sensible en algunos estados, por lo que desde la propia Presidencia de la República se han emprendido acciones al respecto. No obstante, sería justo señalar que, además de las necesarias estrategias reactivas, se está buscando incidir en las causas primarias de la violencia, las cuales se relacionan con la pobreza y la falta de oportunidades.
El presidente de la República está a la mitad del camino y volvió a llenar la plancha del Zócalo en la Ciudad de México, para rendir cuentas en su tercer informe de actividades y para dejar claro que la transformación del poder público en nuestro país continúa, aun en contra de las hostilidades y de las estratagemas de los adeptos al antiguo régimen.
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