La llegada de un gobierno de izquierda, por primera vez en la historia de nuestro país, se volvió un foco de atención para todo el mundo y, en particular, para América Latina, región en la que desde hace algunos años se han venido encumbrando gobiernos alejados de las políticas dictadas desde las grandes potencias representantes del capitalismo salvaje, las cuales, entre otras acciones, han procurado la acumulación de capital en favor de las grandes empresas nacionales y transnacionales, a costa del empobrecimiento constante y acelerado de la población de las diversas naciones en la región hispanoamericana.
En los primeros días de julio de 2018, el proceso electoral federal en México le dio un triunfo histórico a la coalición Juntos Haremos Historia, que además fue contundente: más de treinta millones de mexicanas y mexicanos expresaron su deseo de lograr un cambio de rumbo, sacudiéndose el legado ominoso de los partidos políticos de centro-derecha del país: corrupción, atraso, desigualdad, inseguridad, impunidad, tráfico de influencias y violaciones flagrantes a la soberanía nacional, lo cual estuvo vigente especialmente durante poco más de 30 años.
Para el árbitro federal electoral fue tal la presión social que se dejó sentir durante todo el proceso, que debió responder a las expectativas; lo mismo aconteció con los titulares del gobierno anterior, quienes fueron acotados para garantizar la transparencia de los comicios. Por lo anterior, se puede afirmar, sin menoscabo de las reivindicaciones conseguidas por los movimientos sociales del pasado, que los resultados electorales de julio de 2018 fueron una conquista democrática colosal para el pueblo mexicano.
Los cambios que ha hecho el actual Gobierno federal, en relación con la conducción de la administración pública, han despertado los focos rojos para quienes en la etapa neoliberal fueron los auténticos beneficiarios del conservadurismo económico mexicano.
Ello provocó el surgimiento de una intensa oleada de campañas negras por parte de un sector empresarial, partidos y figuras políticas conservadores, para desprestigiar al nuevo régimen, cuyas críticas se han dirigido principalmente a denostar la figura del presidente de la República, cuestionando sus políticas de Estado, sus estrategias de comunicación política y la prevalencia de un auténtico gobierno democrático.
Cabría recordar a los adversarios políticos que en nuestro país las luchas o los movimientos sociales para abrir los canales de participación política a diferentes corrientes e ideologías, ajenas a las planteadas por el oficialismo, se empantanaron durante la etapa neoliberal, y cuyos resultados favorables apenas se verificaron hace tres años.
No obstante, los modos en que se practica la actividad política en nuestro país, y en general alrededor del mundo, han venido cambiando vertiginosamente, sobre todo a partir de la última década del siglo pasado. A través de los años, se ha observado una creciente participación de la ciudadanía en los temas relacionados con la administración pública y, en la actualidad, esa tendencia se ha potenciado con la masificación del uso de las redes sociales.
Los tiempos en que la clase gobernante se vestía con piel de demócrata, cuando en realidad actuaba como plutócrata han pasado a la historia; ahora, las y los altos funcionarios están expuestos a las más duras críticas y cuestionamientos por parte de la ciudadanía, que ha utilizado las plataformas digitales para replicar, juzgar y evidenciar acciones y declaraciones.
Aunque de manera distinta, la voz de ciudadanía desde el ámbito digital tiene una fuerza similar a la que se manifiesta en las calles colectivamente, cuando se hace sentir un reclamo en particular.
Movimiento de Regeneración Nacional surgió como una movilización social, que encontró eco en una fuerte base popular, contando con una dirigencia identificada con los reclamos históricos por la democratización del país. Después, formado como partido político, MORENA, creció exponencialmente al volverse el portador de amplios sectores populares, cuyo descontento con el régimen neoliberal creció por los malos resultados de las administraciones pasadas, sobre todo en materia de corrupción, la cual carcomió de manera preocupante a prácticamente todas las instituciones del Estado mexicano.
Para el 2022, MORENA será la fuerza política más importante del país, ya que hasta el momento se augura que ganará cinco de las seis gubernaturas que estarán en disputa el año entrante. De cumplirse el pronóstico, el partido tendría 22 gubernaturas, lo que lo posicionaría como el instituto político con mayor presencia nacional y como el más relevante de la izquierda en la historia de México.
Sin embargo, el partido tiene la misión histórica de preservar la práctica democrática en México, por la que tanto se luchó en las últimas décadas. Por supuesto, como ha sucedido en otras latitudes, hay una tentación presente de posicionarlo como un instituto hegemónico, como es observable en otras experiencias en el resto del mundo, lo que sin duda es el punto de inflexión que tanto ha buscado explotar la oposición en sus críticas.
En el seno de MORENA debe pervivir la obligación ética de garantizar procesos internos democráticos. Las formas en que se organice la participación política al interior de lo que hoy por hoy es el partido político de mayor presencia en las ramas ejecutiva y legislativa de los diferentes órdenes de gobierno, definirá lo que se puede encontrar en el fondo.
Las y los partidarios de la 4T sabemos que hay un compromiso moral con la ciudadanía que eligió esta alternativa de gobierno con la esperanza de darle un giro radical a todo cuanto podía reclamarse a la élite política y económica que se había encumbrado durante el periodo neoliberal en México.
Estamos a tiempo de recoger la necesidad de garantizar la transparencia, la libertad y la efectividad en los procesos internos del partido; sin ello, se corre el riesgo de transformarse en lo que alguna vez se propuso abatir.
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