Noam Chomsky, uno de los académicos más importantes de la era contemporánea y un ácido crítico del poder, hace notar el uso masivo de internet como un fenómeno que conlleva una ambivalencia en su propia naturaleza: permite tener acceso a una cantidad inimaginable de información y genera condiciones para mantener comunicación entre diversas personas en diferentes partes del mundo, pero, al mismo tiempo, crea una dependencia cognitiva y aleja a la gente de una interacción cara a cara.
Esto provocó que las personas migren la construcción de sus relaciones sociales del plano físico hacia el digital. Desde las familiares, hasta encuentros casuales, las más variadas interacciones sociales se están llevando a cabo por medio de los dispositivos electrónicos conectados a internet; primero fueron los blogs, y después aparecieron las redes sociales, espacios diseñados para compartir algo más que textos: fotografías, videos, música o transmisiones en vivo, y en los que las y los usuarios pueden medir el nivel de popularidad de sus contenidos a través de comentarios, likes, reacciones o número de visitas.
Las redes sociales más populares en Occidente pertenecen al emprendedor estadounidense que diseñó la plataforma digital denominada Facebook, cuya popularidad le permitió adquirir otras dos: WhatsApp e Instagram, que han constituido las bases para erigir un imperio en el medio digital, posicionándolo como uno de los hombres más ricos del mundo.
Al transitar de un esquema que se circunscribía a páginas electrónicas en la web, a una plataforma digital compatible con las apps para los teléfonos inteligentes, el uso de este tipo de redes sociales se masificó, permitiendo que el público usuario pudiera estar conectado en forma ininterrumpida.
No obstante, es innegable que uno de los problemas de la masificación del uso de internet es la recolección incesante de datos. En los perfiles públicos de las redes sociales se puede obtener incluso información que podría ser catalogada como confidencial, como nombres de usuario(a), apellidos, familiares, amistades, nivel educativo, lugar de trabajo o de estudio; asimismo, elementos secundarios: pasatiempos, lugares de visita, preferencias en alimentos o vestido y muchos más.
Es bien conocido que existen empresas dedicadas a integrar perfiles de consumo basados en la información que, mediante algoritmos, las plataformas digitales recaban de quienes las utilizan, insertando, por ejemplo, anuncios comerciales en secciones como la de noticias diarias.
Dada la gran cantidad de información que circula por internet, la sociedad contemporánea podría estar enfrentando nuevos esquemas de desigualdad, debido a que los monopolios de las plataformas digitales concentran mayores recursos para recabar, analizar y diferenciar el cúmulo de información o datos pertenecientes a las personas usuarias.
La disparidad de ingresos en este siglo XXI, de acuerdo con Yuval Noah Harari, encontrará un nuevo eco en la cantidad de datos personales que pueda acumular y controlar una persona o un ente empresarial, por lo que es necesario impulsar desde este momento la adecuada regulación de lo que ocurre al interior de la red digital.
No son pocas las situaciones cuestionables que se han presentado con respecto a la obtención masiva de datos personales y su uso ilegítimo. Por otro lado, el apagón que sufrieron Facebook, WhatsApp e Instagram hace menos de un mes fue adjudicado por algunas voces a un ciberataque a gran escala y, al mismo tiempo, hizo cuestionar las posibilidades y consecuencias de que, ante su vulnerabilidad, los datos personales del público usuario cayeran en poder de piratas o delincuentes cibernéticos. Tales problemas provocaron que la fortuna del impresionante monopolio digital se desplomara estrepitosamente.
En la actualidad, la carrera por la apropiación y el manejo de datos personales presenta importantes avances; las grandes empresas se están disputando el control de esa información de la población mundial. Su posesión les aseguraría enormes cantidades de dinero, ahorrando en publicidad, pero también hay quienes piensan que, a futuro, el big data permitiría determinar el comportamiento de las sociedades, lo que conllevaría consecuencias de índole geopolítica.
Ante tales hechos, la necesidad de que los Estados intervengan en la regulación de todo cuanto ocurre en la red pasa por un tema no sólo de seguridad nacional, sino de garantía y protección efectiva de los derechos humanos de la población.
En el Senado de la República se han impulsado nuevas regulaciones para que el Estado mexicano intervenga legalmente en los procesos de obtención, tráfico, posesión y uso de los datos personales de personas usuarias de internet.
Un avance importante en este tenor es la definición del concepto jurídico de violencia digital, el cual formó parte de las modificaciones recientes a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con lo que se busca sancionar la difusión dolosa de contenido multimedia de carácter sexual de una persona, sin mediar consentimiento.
En la cuadragésima tercera edición de la Asamblea Global de Privacidad, que recién concluyó, se hizo hincapié en la necesidad de que los gobiernos cuenten con mecanismos legales que además sean eficientes, para que se logre asegurar que la información de las personas se encuentre resguardada de manera segura, sin que ello implique censura.
México necesita redoblar sus esfuerzos normativos para proteger la integridad, la privacidad y la dignidad del público usuario en el mundo digital, sin descuidar las garantías del derecho de acceso a la información, respecto a las que el Congreso expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante la cual todas las personas podrán conocer la totalidad de las sentencias emitidas por el Poder Judicial en sus versiones públicas.
La protección de datos personales y las garantías de acceso a la información serán posibles si y sólo si se atiende el principio de soberanía estatal, en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos de la población, lo cual permitirá una defensa más integral del derecho a la privacidad y, en consecuencia, del libre desarrollo de la personalidad y de la dignidad humana.
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