Alma Grande
El domingo pasado se publicó la noticia acerca de que la Procuraduría Federal del Consumidor atendió 2 mil 586 denuncias por el incremento injustificado de precios en los productos anti Covid.
De esa cantidad de quejas, hasta el momento, sólo 288 se han resuelto generando multas por $6 millones 489 mil 803 a establecimientos que aumentaron sin motivo real los precios. La PROFECO advirtió que se seguirán las visitas de verificación por tiempo indefinido.
La PROFECO, que depende de la secretaría de Economía, hizo su trabajo puntualmente, y seguirá investigando los sobreprecios ilegales de los medicamentos en tiempos de pandemia.
Por su parte, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), organismo descentralizado y autónomo, sancionó a Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales, Nadro y Almacén de Drogas, así como a 21 personas físicas que participaron en su representación, por la realización de prácticas monopólicas en la distribución de medicamentos.
La instancia encargada de proteger al consumidor final actuó correctamente; y la COFECE, que vigila la competencia, actuó también adecuadamente al detectar un daño por $2 mil 359 millones de pesos que produjo la multa correspondiente.
La PROFECO defiende al consumidor y la COFECE evita monopolios y sanciona los precios ilegales de proveedores. Porque hay quienes aseguran que las multas de COFECE debió ejecutarlas una instancia de gobierno.
La confusión la sembraron voces discordantes que quieren responsabilizar de ineficiencia al gobierno federal, aunque sea a partir de malas intenciones. El objetivo principal es favorecer a la población que por muchos años estuvo desprotegida ante los abusos.
Fue precisamente en el sector salud donde funcionarios públicos del pasado se hicieron ricos, no sólo con las comisiones, moches y propinas de las farmacéuticas, al ver que el negocio de la salud es tan redituable se convirtieron en sus socios.
Este sexenio se vetó a tres farmacéuticas por anomalías en precios e incurrir en prácticas monopólicas durante el sexenio pasado, la más importante es Grupo Fármacos Especializados, propiedad de Antonio Pérez Fayad, ganaba todas las licitaciones del gobierno de Peña Nieto y vendió más del 35 por ciento de los medicamentos que requerían el IMSS y el ISSSTE, si esta empresa no tenía la medicina, simplemente no se surtía.
Es investigada por la UIF, su propietario tejió una red de empresas fantasma para recibir todos los contratos, que sumaron más de 80 mil millones de pesos, pero reportó pérdidas al fisco por más de 417 millones.
Otras dos empresas del sexenio pasado fueron Distribuidora de Medicamentos y equipo Médico y Farmacéuticos Maypo, juntas, las tres, se llevaron más de 33 mil millones de pesos en el sexenio pasado.
Si estas empresas continuaran trabajando seguramente habría muchas más muertes y más contagiados por la pandemia.
PEGA Y CORRE. – A pesar de que el presidente López Obrador lee todos los medios, no advirtió la existencia de una carta donde la SEP responsabilizaba a los padres de familia que enviarán a sus hijos, por su cuenta y riesgo de ser contagiados, a clases presenciales a partir del próximo 30 de agosto. Ahora dice que fue una decisión tomada desde abajo y que hagan caso omiso de dicho condicionamiento.
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