El próximo domingo tendrá lugar un ejercicio democrático sin precedente: la consulta ciudadana para determinar si los ex presidentes de la Nación deben enfrentar la justicia, ante diversos señalamientos de delitos cometidos durante sus gobiernos y por los cuales deberían responder ante las autoridades competentes.
Esto se plantea en la pregunta que se encuentra en el centro del instrumento de participación ciudadana.
El tema de la consulta popular ha encendido la polémica. A
lgunas de las críticas más concurrentes señalan una presunta innecesariedad de su realización, dado que las autoridades competentes pueden proceder legalmente sin esperar un efecto vinculante como resultado de este ejercicio de participación ciudadana.
Otras voces señalan que se trata de un linchamiento público, que apela directamente al pueblo como juez y verdugo, lo que no necesariamente implica que la consulta signifique un requisito formal para aplicar la ley vigente.
Algunos argumentos más la califican de revanchismo político o de un supuesto ajuste de cuentas.
No obstante, a diferencia de las prácticas del pasado, si hay algo que se puede asegurar de este sexenio es que no se ha utilizado a las instituciones o a los diferentes órganos del Estado para recurrir a estrategias distractoras, como la del “chivo expiatorio” o la “cacería de brujas”.
Históricamente, en México se estableció un pacto de impunidad entre los gobiernos entrantes y los que salían. Aunque fueran del dominio público casos ominosos de corrupción en la administración federal, éstos no se investigaban ni mucho menos se sancionaban, sino que se procuraba el carpetazo y el olvido.
Y aunque el clamor social por el ejercicio de la justicia era cada vez más elevado, éste simplemente se ignoraba o reprimía, según fuera el caso, y difícilmente se ejercía acción legal alguna en contra de los integrantes de las administraciones salientes, con lo que México se fue consolidando cada vez más como un país en el que prevalecía la corrupción.
Aun cuando no eran pocas las pruebas, la justicia nunca escalaba para alcanzar a los altos funcionarios o a los representantes políticos involucrados directamente en los diferentes casos de corrupción; incluso instituciones como el Fuero sirvieron para potenciar esta actitud sistemática de encubrimiento.
La corrupción carcomió las instituciones del Estado mexicano, y desde las más altas esferas del poder político se procuró que no hubiera consecuencias de ningún tipo para nadie.
Actualmente, para iniciar procesos legales en contra de exfuncionarios de alto rango -como los expresidentes- se está involucrando de manera abierta a la ciudadanía de a pie, que podrá expresar el próximo domingo 1 de agosto su real sentir en relación con las deudas históricas que aquellos exmandatarios tienen con el pueblo de México desde hace décadas.
El malestar de las voces opositoras a la consulta recae en el hecho de que la propuesta presidencial considera el sentir de la población: la más afectada por las malas decisiones de los expresidentes de la era neoliberal.
Y a pesar de toda la campaña mediática que se ha levantado en contra de la consulta del próximo domingo, diversas encuestas revelan la existencia de un interés real por parte de la ciudadanía para participar en este ejercicio democrático, a pesar de que el propio árbitro, el INE, ha dejado mucho que desear en la promoción y difusión para lograr una concurrencia nutrida. Aún así, es la primera vez que se llevará a cabo un acto de tales dimensiones y probables repercusiones.
La construcción de una democracia participativa o directa es uno de los propósitos de la consulta, dado que a lo largo de décadas las personas gobernantes y la población gobernada parecían residir en dos mundos o realidades distintas, y los periodos electorales eran la única arena que brindaba la posibilidad de participación ciudadana. Una vez en el cargo, las y los funcionarios se olvidaban de su electorado para, mayormente, favorecer sus propios intereses. Los sectores sociales más vulnerables o desfavorecidos nunca tuvieron una importancia real.
Hoy, el gobierno de la 4T procura integrar la vox populi en un proceso de democracia directa, en aras de incluir al auténtico soberano en un ejercicio inédito e histórico de consulta respecto a los actos de los gobernantes pasados. Esta situación será favorable para consolidar una cultura que no soslaye la relevancia de la memoria política. Para el régimen actual, la interacción entre gobierno y población no se limita a los procesos electorales, sino que se busca la participación ciudadana.
Por otro lado, la Consulta, en sí misma, constituirá un necesario juicio ciudadano a los expresidentes mexicanos que tienen cuentas pendientes por saldar de cara a la población.
No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla. La Consulta será la primicia de cambios sustanciales en la democracia mexicana, que con urgencia necesita apalancarse con un verdadero Estado de Derecho, con el afianzamiento de una cultura que acentúe la importancia de la memoria histórica y política.
Resulta impostergable devolver la confianza en las instituciones gubernamentales y dar cumplimiento a las ingentes expectativas de una verdadera impartición de justicia.
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