Tras la revisión sobre la operación de corralones en la entidad, el gobernador Alejandro Armenta Mier aseveró que el 70% de estos espacios son irregulares, por lo que serán clausurados y planteó la posibilidad de abrir corralones de la Policía Estatal.
El mandatario indicó que se establecerán tarifas justas para el servicio de grúas y corralones en la Ley de Ingresos, de manera que podría haber adecuaciones al tabulador que se fijó a finales del 2024, «para que el costo sea mínimo».
Asimismo, dijo que instruyó a personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) a actuar sin omisión y corrupción en la revista a corralones, por eso pidió a los ciudadanos denunciar a cualquier funcionario «que les cobre un moche, una milpa, por un trámite para liberar su vehículo», para despedirlo.
Enfatizó que los corralones privados se han convertido en centros de saqueo y de desmantelamiento de las unidades, por lo que es necesario poner orden a los prestadores de estos servicios.
Alejandro Armenta destacó que los transportistas viven un calvario cuando sus unidades son llevadas al corralón, ya que les sale más caro recuperar sus vehículos y a veces los encuentran desvalijados.
«Hay estadísticas donde le sale más caro al transportista el arrastre de la grúa y recuperar su vehículo en el corralón porque tiene cinco o seis semanas ahí guardado, después de que le robaron su mercancía y entonces es más caro el resguardo que el valor de la unidad porque pagan más de 300 mil pesos y resulta que los desvalijan y ya nada más está el chasis», apuntó.
Por ello, sostuvo que para su administración es inaceptable que se le cobre a un transportista hasta 300 mil pesos por el arrastre y resguardo de su unidad y aseveró que si es necesario la Policía Estatal pondrá corralones, con lo cual se acabarían las concesiones a privados.