El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la firma de un decreto para devolver a la industria de la radio y la televisión los “tiempos fiscales” o “tiempos oficiales” del Poder Ejecutivo, un tiempo de transmisión que les fue arrebatado en 1968, por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, a lo que luego se sumó el robo de tiempos oficiales con la aprobación de la reforma electoral de 2007, impulsada por el presidente Felipe Calderón.

Durante los trabajos de la 60 Semana Nacional de Radio y Televisión, en noviembre pasado, AMLO se comprometió con los representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) a reducir los tiempos oficiales del Estado, es decir, el “impuesto en especie” que el “gobierno autoritario de Gustavo Díaz Ordaz” aplicó a los medios electrónicos de comunicación en aquel entonces y que ha dado pie a otros “abusos del poder” hacia los medios, como lo es la obligación de transmitir cientos de miles de spots (60 millones en 2018) durante los procesos electorales.

El jefe del Ejecutivo tomó esta decisión en el marco de la severa crisis económica y laboral que afecta a todos los sectores productivos por la pandemia del coronavirus, reconociendo además la valiosa labor que los medios de comunicación realizan en medio de la emergencia sanitaria.

Por lo anterior, los trabajadores de la industria reconocieron el gesto y al mismo tiempo reprocharon que ni el INE ni los partidos tomen el ejemplo de solidarizarse con la sociedad en estos difíciles momentos que vive el país y coincidieron en que la crisis económica que genera la pandemia de COVID-19 demanda acciones solidarias por parte de los gobiernos para con la sociedad y las empresas pequeñas o grandes ya que de ellas dependen el ingreso de millones de trabajadores y de sus familias y la medida permitirá la comercialización de los espacios cuando la industria atraviesa por un mal momento.

Al respecto, José Luis Rodríguez Aguirre, presidente del Consejo Consultivo de la CIRT, recordó que en la Constitución se define a la radiodifusión como “un servicio público gratuito al que el Estado debe garantizar sea prestado con calidad en beneficio del pueblo de México”, pero aseguró que ello no sucede porque “en definitiva contamos con un piso absolutamente disparejo con respecto de cualquier otro sector empresarial, como otras concesiones o las empresas extranjeras distribuidoras de contenido, denominadas OTT, y empresas del mismo sector en otros países”.

Y es que explicó que la carga tributaria y regulatoria que ha sido impuesta a los empresarios de los medios de comunicación electrónicos no tiene precedente: “Estas OTT en contenidos y publicidad transmiten lo que quieren, cuando quieren y como quieren, sin ningún tipo de restricción; y a nosotros, estando ahí cautivos, nos sobrerregulan y sobretributan fuera de todo parámetro; y eso que nosotros somos un servicio totalmente gratuito y que los otros cobran por usuario”.

También señaló las desventajas para los medios de comunicación electrónicos, ante las redes sociales: “La radiodifusión en México es la única industria concesionada que tiene que pagar una gigantesca contraprestación a 20 años de un solo golpe y porrazo, en una sola exhibición, misma que para otras concesiones en nuestro país y cualquier otro lugar del mundo es mucho menor y se paga año con año, aunado a que los integrantes de la CIRT tienen cargas tributarias: “Nosotros debemos pagar nuestro Impuesto Sobre la Renta, así que pagamos hasta tres veces por el aprovechamiento del espectro, lo cual a nuestro modo de ver está fuera de toda lógica y fuera de toda legalidad”. En consecuencia cuestionó: “¿Quién paga por un mismo bien más de una vez?”

Recordó: Lo que sí de plano es que contamos con un tributo que nos fue impuesto por un abuso de poder y pasando por encima de lo que expresamente marca la Constitución. Ese tributo, denominado ‘el decreto mordaza’, fue impuesto por el gobierno del presidente Díaz Ordaz; y no en contra de los derechos de la radio y la televisión sino del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información del pueblo de México”.

FUENTE: AGENCIAS

CANDELERO, 05-04-2020