El gobierno y legisladores de Estados Unidos endurecieron su postura frente a Vulcan Materials Company, al respaldar a la empresa en el conflicto que mantiene con México por la explotación de piedra caliza en Quintana Roo.
Desde Washington, congresistas estadounidenses acusaron que las acciones del gobierno mexicano contra la filial Calica representan una afectación directa a la inversión extranjera, e incluso hablaron de una posible “expropiación” de activos.
El tema escaló luego de que el Congreso de EE.UU. impulsara medidas para proteger a la compañía, al considerar que existe una “campaña” en su contra y que el caso podría sentar un precedente negativo para otras empresas estadounidenses que operan en territorio mexicano.
En ese sentido, legisladores advirtieron que su país podría recurrir a todos los mecanismos disponibles, incluyendo acciones dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), si no se garantiza certeza jurídica a la inversión.
Por su parte, el gobierno mexicano ha defendido la clausura de la mina y la restricción de actividades en la zona, tras declarar el área como protegida por los daños ambientales detectados, principalmente en cenotes y acuíferos de la región.
La empresa, por su parte, mantiene una demanda internacional contra el Estado mexicano por cerca de mil 900 millones de dólares, al considerar que las decisiones fueron arbitrarias e ilegales.
El conflicto, que inició como un diferendo ambiental, se ha convertido en un punto de tensión bilateral y podría tener implicaciones comerciales en el corto plazo, en un momento clave previo a la revisión del T-MEC.