En política hay señales que pesan más que los discursos.
Cuando un evento público de gran tradición, como la Feria de la Primavera de Cuernavaca, tiene que suspenderse por el clima social que vive la ciudad, significa que el conflicto ya salió de los muros universitarios y llegó a la plaza pública.
Eso fue lo que ocurrió en Cuernavaca, donde la crisis detonada en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos terminó impactando directamente la agenda pública del Estado.
Lo que comenzó como indignación estudiantil por los feminicidios de jóvenes universitarias escaló rápidamente a un tema de presión social y debate político para el gobierno de Margarita González Saravia.
Incluso la ANUIES, que agrupa a las principales Universidades públicas del país, intervino para pedir garantías de seguridad en las instituciones de educación superior.
Es decir, el conflicto universitario dejó de ser únicamente universitario.
Pero mientras la crisis escala en el terreno político, en las calles parece haber entrado en otra fase.
Las movilizaciones estudiantiles han disminuido respecto a los días más intensos de protesta que se vivieron entre el 3 y el 8 de marzo, cuando marchas multitudinarias, bloqueos de avenidas y la toma parcial del Campus Chamilpa colocaron a la Universidad en el centro de la conversación pública.
Hoy las protestas continúan, pero con menor intensidad.
Incluso la presión para exigir la renuncia de la Rectora Viridiana Aydeé León Hernández ha perdido fuerza.
Durante los momentos más críticos del conflicto, algunos colectivos estudiantiles colocaron su salida como una de las principales demandas.
Ahora ese reclamo parece haberse diluido y todo indica que la Rectora permanecerá al frente de la institución mientras se busca encauzar la respuesta universitaria a la crisis.
Pero en política los vacíos rara vez permanecen vacíos.
Mientras el movimiento estudiantil baja algunos grados, distintos actores políticos comienzan a moverse alrededor del conflicto.
Sectores vinculados al exgobernador Graco Ramírez, así como voces del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, han comenzado a utilizar el tema para cuestionar la situación de seguridad en el Estado.
Hoy el conflicto parece entrar en una fase de transición.
La presión social ha bajado algunos grados… pero no ha desaparecido.
La Universidad sigue con tensiones internas.
La sociedad sigue indignada.
Y el tema continúa siendo políticamente sensible.
Mientras tanto, la Fiscalía estatal, a través del Fiscal Especializado Fernando Blumenkron Escobar, sostiene que las investigaciones continúan para esclarecer los homicidios que detonaron esta crisis.
Pero hasta ahora la sociedad no tiene respuestas concluyentes.
Y esa sigue siendo la cuestión de fondo.
La protesta puede bajar en la calle… pero mientras no haya justicia, la crisis seguirá abierta.
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