La marcha de este Día Internacional de la Mujer en Cuernavaca dejó una imagen poderosa: miles de mujeres ocupando el espacio público con una mezcla de indignación, duelo y exigencia de justicia.
Fue una movilización firme y contundente, alimentada por la conmoción social que provocaron los feminicidios de Kimberly Joseline Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, jóvenes estudiantes en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
La protesta llegó precedida de un clima de tensión evidente.
En los días previos, el gobierno estatal decidió colocar vallas alrededor del Palacio de Gobierno de Morelos, una señal inequívoca de que las autoridades anticipaban una jornada complicada.
Las imágenes del edificio blindado reflejaban el tamaño de la indignación acumulada y el temor de que la protesta pudiera derivar en confrontación.
Pero esa confrontación no llegó.
Aunque hubo pintas y algunos daños en mobiliario urbano -expresiones habituales en este tipo de movilizaciones- la jornada transcurrió sin choques directos entre manifestantes y autoridades. Miles de mujeres marcharon con un mensaje claro: justicia para las víctimas y un alto a la violencia de género que sigue golpeando a Morelos.
Desde la versión oficial, el gobierno de Margarita González Saravia sostiene que la estrategia institucional se diseñó justamente para evitar la confrontación. Según esa postura, el operativo de seguridad priorizó el respeto a la libre manifestación y la protección de las participantes, permitiendo que la protesta se desarrollara con libertad.
El mensaje del gobierno es que se trató de una protesta legítima que pudo expresarse sin represión.
Sin embargo, la lectura política va más allá del saldo operativo.
La movilización feminista no sólo expresó un reclamo social. También reflejó una presión creciente hacia las instituciones responsables de garantizar seguridad y justicia.
En ese contexto, el foco de la inconformidad ha apuntado con particular fuerza hacia la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde la rectora Viridiana Aydeé León Hernández enfrenta hoy el momento más delicado de su gestión. Junto con el líder del sindicato Académico, sicólogo Mario Cortes Montes, señalado, por políticos y catedráticos como el ex diputado federal, Mario Rojas Alba, y por el maestro jurista y abogado Cipriano Sotelo, quienes califican a Cortés Montes como un líder espurio, que lleva 20 años “siendo la mano que mueve la cuna” de la corrupción y la inestabilidad dentro de la UAEM.
En política, suele decirse que en toda crisis hay un “hilo más delgado”. En este caso, ese hilo parece pasar por la Rectoría. Sectores estudiantiles han comenzado a exigir responsabilidades institucionales ante el clima de inseguridad que rodea a la comunidad universitaria, lo que coloca a la rectora en una posición particularmente vulnerable.
Su situación, sin embargo, no está definida.
La presión sobre Viridiana, podría disminuir si la Fiscalía al mando de Fernando Blumenkron y el poder Judicial, logran avances claros en las investigaciones. Especialmente en el caso del homicidio de Karol Toledo Gómez, que hasta ahora permanece sin responsables detenidos y se ha convertido en uno de los principales detonantes de la indignación estudiantil.
Por ahora, la presión se concentra principalmente en el ámbito universitario. Las críticas al gobierno estatal existen y forman parte del ambiente de indignación, pero todavía no se han transformado en una exigencia social generalizada contra la administración de Margarita González Saravia.
Esa diferencia es clave.
Morelos vive hoy un momento de tensión social importante, pero aún no una crisis política estatal.
La indignación está en las calles y la presión pública crece, pero el conflicto sigue contenido dentro de una dinámica de protesta social que, al menos hasta ahora, no ha roto los canales políticos ni institucionales.
La jornada del 8M dejó así dos mensajes simultáneos.
Por un lado, confirmó que la sociedad -y particularmente las mujeres- está dispuesta a salir a las calles para exigir justicia frente a la violencia y la impunidad. Por otro, mostró que el gobierno optó por una estrategia de respeto a la libre manifestación para evitar que la protesta escalara hacia un choque mayor. Aunque fue mal visto el levantamiento de vallas metálicas que blindaron el Palacio.
El desafío vendrá después.
Porque si la indignación social que hoy recuerda los nombres de Kimberly Joseline Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez no encuentra respuestas concretas en materia de justicia y seguridad, las consecuencias políticas podrían sentirse más adelante.
La historia reciente demuestra que cuando el malestar social se acumula sin respuestas institucionales, termina reflejándose en las urnas.
Y esa es quizá la advertencia más clara que dejó el 8M en Morelos: si la indignación popular no se transforma en acciones visibles contra la impunidad, Morena podría perder Curules en el Congreso.
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