Por: Ricardo Monreal Avila
Sin lugar a dudas, la evaluación del segundo año de trabajo de la administración pública federal pasa irremisiblemente por el desempeño del presidente y su gabinete en el contexto de la crisis sanitaria y económica.
La irrupción de la crisis sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, que deriva en el padecimiento conocido como COVID-19, provocó que todos los gobiernos del mundo adoptaran medidas extraordinarias para la atención de la emergencia, y con ello evitar el colapso de los sistemas de salud, buscando mitigar el crecimiento exponencial de los contagios y reducir de esa manera el número de muertes.
Durante la segunda quincena de marzo del presente año, el Gobierno de México optó por decretar una serie de medidas de contingencia, que derivaron en el cierre de escuelas y oficinas públicas, así como en el freno de las actividades industriales o comerciales, para reducir los riesgos de contagio y hacer frente al alud pandémico que nos abrumaba.
Como corresponde a un Estado de Derecho, el Gobierno de la República no impuso ningún tipo de sanciones extraordinarias para minimizar el tránsito en las calles, lo que sí ocurrió en otras latitudes; al contrario, decidió apelar a la conciencia ciudadana como el elemento fundamental para lograr la cooperación necesaria, y con ello evitar el colapso del sistema de salud de nuestro país.
Afortunadamente, la Jornada Nacional de Sana Distancia tuvo un impacto positivo, y ahora el país en su conjunto puede ir regresando lentamente hacia una reactivación económica que ciertamente no será inmediata, pero sí certera, gracias a la participación de los diferentes órdenes de gobierno y de todos los sectores sociales.
La administración pública federal ha sido conducida con voluntad política para transformar diametralmente el ejercicio del poder en México, prescindiendo de discursos demagógicos o promesas vacías, lo cual se puede verificar aún en medio de la difícil crisis que atravesamos.
En primera instancia, la atención de la crisis económica -la cual derivó de la sanitaria- no estuvo enfocada en la contratación de una mayor deuda pública para sanear las finanzas.
En épocas pasadas, el endeudamiento público estaba direccionado al rescate de los grandes consorcios privados, dejando de lado al grueso de la población, lo cual daba lugar a esquemas y prácticas de corrupción, que se fueron perpetuando durante la época neoliberal en México. Lamentablemente, durante mucho tiempo se utilizó el dinero público para rescatar los malos manejos de privados, como ocurrió en el caso del
Fobaproa. Por fortuna, incidentes de ese tipo ya no tienen cabida, luego del histórico triunfo en las urnas de julio de 2018.
Como ha señalado el presidente de la República, ahora se rescata a quienes tienen menores recursos y no a quienes están cerca del poder o se benefician de una visión patrimonialista del Estado.
La red de asistencia y protección que se ha tendido para hacer llegar recursos públicos a la población más vulnerable es una muestra fehaciente de que la administración pública ha cambiado sustancialmente, y se trata del alma social de la 4T.
El enraizamiento de los programas sociales juega un papel preponderante en la percepción que la ciudadanía tiene de la actual administración federal. Los recursos llegan íntegros y sin necesidad de intermediación a las familias mexicanas, lo cual ha permitido que en el 70 por ciento de las mismas exista cuando menos una persona beneficiada con alguno de los programas o políticas de bienestar implementados por el Gobierno.
Esto ha dotado a la Presidencia de la República de un estilo particular: se percibe una administración cercana a la gente, con un claro anclaje popular, lo cual era prácticamente inexistente en los gobiernos anteriores.
Cierto es que la economía del país está atravesando una etapa álgida, sólo parangonable con las grandes crisis del primer tercio del siglo pasado. Es bien conocido que la irrupción de la pandemia en suelo mexicano trajo consigo una desaceleración económica de grandes proporciones.
No obstante, se debe reconocer que la conducción de la nave estatal en un temporal como éste ha sido adecuada y eficaz, dando atención prioritaria a los grupos vulnerables y evitando el colapso de las finanzas públicas y del endeble sistema de salud que se recibió.
No es casualidad que, aun en un escenario tan crítico, el presidente de la República mantenga en el segundo año de su gobierno una tasa de aprobación incluso superior a la de sus antecesores —Vicente Fox, un 51 por ciento; Felipe Calderón, un 61 por ciento, y Enrique Peña, con un 53 por ciento—.
Esto ha sido posible gracias al trabajo conjunto que se lleva a cabo en ambas Cámaras del Congreso de la Unión; al apoyo que se tiene en este momento en los Congresos locales, y a la solidaridad de los gobiernos locales afines.
Otro factor importante que puede explicar por qué la presidencia de México cuenta con esos índices de aprobación está relacionado con el particular estilo de gobernar del jefe del Estado mexicano.
Hay una diferencia abismal entre las actitudes del actual titular del Ejecutivo y las de sus predecesores, ya que él decidió alejarse de todos los elementos que formaban parte del esquema de privilegios promovido por la cúpula neoliberal.
La renuncia a bienes fastuosos, como el avión presidencial o la seguridad del Estado Mayor Presidencial, y la implementación de la austeridad como sello inequívoco de la administración son elementos cuyo valor simbólico ha sido aceptado por una ciudadanía harta de una clase política alejada de las necesidades de una sociedad sometida a crisis recurrentes.
Todos estos factores revelan las razones por las cuales el actual titular del Ejecutivo es uno de los presidentes mejor evaluados en la historia reciente de nuestro país, a pesar de las sustantivas dificultades que ha debido enfrentar durante su mandato.
En este segundo ejercicio de rendición de cuentas del Gobierno, en plena crisis sanitaria, es notable que se están entregando buenos resultados, que la ciudadanía ha sabido reconocer y así lo ha expresado en las diferentes manifestaciones de aceptación respecto de la conducción de la administración pública en México.
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