Las recientes redadas contra migrantes en Los Ángeles, California (Estados Unidos), pusieron en alerta a la amplia comunidad migrante latina de esa ciudad, a las autoridades estatales y a los Alcaldes de los Condados adyacentes, dados los antecedentes históricos y las acciones de resistencia civil que los grupos de diverso origen étnico han desarrollado en esa área.
Tales acciones se enmarcan en una serie de ofensivas por parte del Gobierno federal (sobre todo, a partir del primer periodo del Presidente Trump) en contra de las comunidades de migrantes instaladas en la principal potencia económica de la nación que, al mismo tiempo, es la principal economía del mundo.
Desde aquellos años, California ha sido escenario de redadas contra migrantes, las cuales generan alerta en la comunidad, resistencia civil y rechazo por parte de autoridades locales.
Recuérdense, por ejemplo, las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la administración 2017-2021, concretamente entre 2017 y 2019, cuando el ICE intensificó redadas en California, especialmente en zonas con alta población migrante, como Los Ángeles, San Francisco y zonas agrícolas del Valle Central.
Del mismo modo, en 2018, ICE realizó redadas masivas en el área de la Bahía de San Francisco, provocando protestas y la implementación de redes de apoyo por parte de activistas.
El entonces gobernador Jerry Brown y su sucesor Gavin Newsom fortalecieron leyes santuario (SB 54) para limitar la cooperación entre policías locales y el ICE.
Lo anterior derivó en una serie de movimientos de resistencia y en diversas acciones legales en los años siguientes. Incluso, durante la pandemia, el ICE continuó operaciones, pero ciudades como Los Ángeles y San Diego expandieron los mecanismos para procurar una mayor protección a las comunidades de migrantes.
En 2021, bajo el gobierno de Joe Biden, las redadas de las autoridades migratorias disminuyeron, pero persistieron operaciones selectivas contra personas con antecedentes penales. Por otro lado, en 2022, organizaciones como CHIRLA y RAICES documentaron casos de arrestos arbitrarios, lo que llevó a movilizaciones y acompañamiento comunitario para evitar deportaciones.
Ya para 2023-2024 se observó un aumento considerable en las pesquisas y redadas. En 2023, el ICE reactivó operativos en Condados como Orange County y Riverside, lo que llevó a Alcaldes y legisladores estatales a pedir mayor transparencia.
En enero de 2024, las redadas en San Bernardino y zonas agrícolas provocaron protestas y la intervención de redes de alerta migrante, para monitorear a los distintos Agentes federales.
Cabe señalar que el actual gobernador de California, Gavin Newsom, no solo se ha opuesto a las distintas ofensivas antiinmigrantes del Gobierno federal, sino que, por el contrario, ha actuado en defensa de las comunidades migrantes, a través de medidas como el reforzamiento del Fondo de Defensa Migrante, al cual se le hizo una aportación de 45 millones de dólares, tan solo en 2024, principalmente para asistencia legal.
En otra parte, la respuesta comunitaria y la resistencia civil no se hizo esperar, mediante acciones protestatarias a cargo de organizaciones como la Alianza Nacional de Campesinas y CARECEN (Central American Resource Center, por sus siglas en inglés), las cuales, entre otras tareas, llevaron a cabo un conjunto de entrenamientos para saber cómo actuar durante las redadas.
Asimismo, ciudades santuario, como Los Ángeles, San Francisco y Oakland, reiteraron su negativa a colaborar con ICE.
De inicio, el 40 % de la población residente en Los Ángeles es de origen migrante, mayoritariamente mexicano. El 90 % de nuestras y nuestros compatriotas residentes en el Condado tiene más de cinco años de vivir en el área.
Y, junto con las comunidades de connacionales en los estados de Illinois y de Texas, son los mayormente organizados y preparados (jurídica y políticamente( para responder a estas redadas, que se han hecho sin respetar el debido proceso que rige a las deportaciones.
Los Ángeles (LA) es una ciudad con una larga trayectoria de resistencia y movilizaciones importantes de protesta contra la violencia racial y la brutalidad policiaca, tanto de población negra como de población latina y asiática. Recuérdense los disturbios de 1992 que, durante dos meses, se produjeron por la exoneración de cuatro policías que aplicaron exceso de fuerza en la detención del afroamericano Rodney King.
Las movilizaciones causaron la muerte de 63 personas, 2,383 resultaron heridas, hubo decenas de detenidas, y solo se logró su neutralización con la intervención de la Guardia Nacional y de los Marines, mismos cuerpos de seguridad que fueron movilizados en estos días sin la autorización del Gobierno local de California, como lo mandata la ley.
En el siglo pasado, LA vio crecer la lucha sindical de trabajadoras y trabajadores agrícolas de origen hispano, como la Unión de Campesinos, de César Chávez y posteriormente de David Huerta, que de inmediato pasaron de la defensa de derechos laborales al reconocimiento de los derechos ciudadanos de las personas latinas, a través de organizaciones como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).
LA no es el prototipo de ciudad santuario de personas migrantes recién llegadas a EE. UU., sino de las ya integradas o en proceso de integración. Por eso, el fundado temor y protesta del Gobernador de California y de la Alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass (ambos del Partido Demócrata(, solicitando detener estas redadas antiinmigrantes.
La respuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha estado a la altura de la situación. De entrada, recordó que el tema migratorio no se resuelve con redadas ni con el uso de la fuerza. Rechazó las protestas violentas y la quema de vehículos como forma de resistir a las deportaciones y movilizó a la red de protección consular para asistir jurídica y humanitariamente a nuestras y nuestros connacionales deportados.
El Gobierno estadounidense tiene el derecho de aplicar en su territorio las medidas migratorias que considere pertinentes, pero también tiene la obligación de hacerlo con apego al derecho y a las convenciones internacionales en la materia.
Y en México tenemos la obligación de defender con esas mismas armas jurídicas y diplomáticas a nuestras y nuestros connacionales, y la responsabilidad de no dejarlos solos.
ricardomonreala@yahoo.com.mx
X y Facebook: @RicardoMonrealA