La Mesa Directiva turnó a las comisiones de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Amparo, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que el pasado 15 de septiembre se recibió este proyecto que presentó la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que ese mismo día se remitió de manera directa a las comisiones.
Dicha iniciativa busca fortalecer el juicio de amparo, consolidarlo como el recurso para la defensa efectiva de los derechos humanos, así como medio de control legal y constitucional.
Plantea, entre otros puntos, la improcedencia de la suspensión por lesión del interés social o de disposiciones de orden público en materia administrativa, a fin de evitar que se lleven a cabo actividades ilícitas que lesionen los intereses de la sociedad.
Asimismo, para fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la investigación y contención del flujo de recursos de origen ilícito, así como los efectos económicos negativos para el erario, se establece expresamente que se afecta al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando, de concederse la suspensión, se permita la continuación de actos, operaciones o servicios posiblemente relacionados con el lavado de dinero, o que obstaculicen las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.
En el documento se menciona que las modificaciones propuestas para la Ley de Amparo conllevan necesariamente la armonización de otros instrumentos, particularmente por lo que hace al cobro de créditos fiscales firmes.
Es decir, créditos que hubieran sido determinados en resoluciones emitidas por la autoridad fiscal, que hubieren sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente, cuyo cobro se ve entorpecido por la interposición de nuevos medios de defensa, concretamente con el recurso de revocación contemplado en el Código Fiscal de la Federación o con el juicio contencioso administrativo.
Dichas impugnaciones, se subraya en la exposición de motivos de la iniciativa, “generan dilaciones innecesarias mediante suspensiones y medidas cautelares, soslayando la capacidad que tiene el Estado para cobrar eficazmente los créditos fiscales firmes, lo que afecta la recaudación y, por ende, se acompaña de un impacto negativo al financiamiento de servicios públicos y el cumplimiento de funciones estatales en beneficio del interés colectivo”.
El proyecto propone establecer en el Código Fiscal de la Federación la improcedencia del recurso de revocación contra actos de procedimiento administrativo de ejecución respecto de créditos fiscales firmes, así como de actos o resoluciones que resuelvan sobre solicitudes de prescripción de créditos firmes.
Y, consecuentemente, la improcedencia del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra de los actos antes señalados, adecuándose para ello la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Además, determina plazos y términos en donde la norma no los prevé; procura la correcta aplicación de las normas en la substanciación del juicio de amparo; y establece el juicio de amparo digital.
La iniciativa también propone que, tratándose de juicios de amparo en los que se reclame la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso la suspensión podrá concederse con efectos generales.