Tras las protestas de colectivos provida afuera del Congreso de la Ciudad de México, la bancada de Morena bajó el dictamen sobre la no criminalización del aborto, en cuya propuesta se plantea que las mujeres pueden interrumpir su embarazo en cualquier mes de gestación.
Fue el pasado 4 de noviembre, cuando con 15 votos a favor y seis en contra, las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Legislativo local avalaron despenalizar el aborto al 100%, por lo que de inmediato el documento se turnó al Pleno para su análisis y votación, la cual se tenía planeada realizarse este jueves.
Al tratarse de un asunto delicado y polémico, legisladores de la entidad anunciaron que primero se abriría un diálogo con la sociedad y, después, se sometería al sufragio entre los diputados, donde Morena y sus aliados del PT y PVEM cuentan con la “supermayoría” de 44 votos para lograr este cambio que busca eliminar el delito de aborto del artículo 76 del Código Penal local, puesto que va por efectuar modificaciones al tercer párrafo de dicho numeral, además, de reformar la fracción VII, adicionar una fracción VIII al artículo 130, y derogar el capítulo V.
Basta recordar que el planteamiento fue presentado el pasado 10 de octubre de este año por la morenista Yuriri Ayala.
PENAS DE HASTA 6 MESES
Actualmente, en la Ciudad de México hay penas carcelarias para quien cometa aborto después de las 12 semanas de gestación. La ley sanciona con hasta seis meses de prisión y de 100 a 300 días de servicio comunitario a las mujeres que incurran en este delito. De avalarse la idea de Morena, las féminas podrán interrumpir de forma legal su embarazo en cualquier mes y día de gestación.
No obstante, las autoridades locales aseveran no será legal hasta el noveno, sino que habrá leyes y recursos para que sea una práctica segura.
Con base en la iniciativa, se contempla una sanción de seis a ocho años de prisión cuando se interrumpa sin el consentimiento voluntario y de manera forzada el embarazo.
Mientras que el martes pasado, Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno, manifestó que en un principio el objetivo es llevar a cabo la despenalización y sacar así el tema del código penal, por ello, abogó para que se alineen las leyes locales con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró en 2023 inconstitucional la penalización del aborto.
“El gran objetivo es la despenalización, es decir, sacarlo del Código Penal. No puede estar la interrupción del embarazo en el Código Penal; se trata de que no se penalice, sino que se regule justamente como debe ser, a través de las normas de salud,” refirió Brugada Molina.
Respecto a las críticas de la oposición, quienes aseguran que esta reforma podría permitir el aborto hasta los nueve meses, Brugada Molina aclaró que la propuesta no busca modificar los límites establecidos para la interrupción del embarazo, sino únicamente retirarlo del Código Penal y colocarlo en un marco de salud.
DIARIO DE MÉXICO