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A pesar de que su cobro está prohibido, transportistas denuncian cobros superiores a los 500 mil pesos por utilizar las rampas de emergencia en carreteras y autopistas, lo que pone a las empresas en una situación financiera crítica.

A estos cobros de uso por las rampas se suman los de grúa y arrastre, que no son cubiertos por los seguros, lo que ha llevado a los dueños de camiones a pedirle a sus choferes que vuelquen la unidad, con las consecuencias de seguridad que ello tiene.

El año pasado, la SICT anunció la eliminación de cobro por el uso de dicha infraestructura y estableció topes en las cuotas de arrastre para evitar abusos. Sin embargo, en los hechos esto no se aplica.

«Quienes hacen los cobros son los departamentos jurídicos, el organismo dice que lo hacen a escondidas de él, pero cobran en nombre de Capufe y hay que ir a pagar a Capufe», aseguró Rafael Ortiz, presidente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac).

Con información de Agencias