Compartir

Por el momento no entrará en vigor el programa piloto del nuevo Plan de Estudios de Educación Básica que aplicará la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 960 escuelas, toda vez que el juzgado sexto de distrito en materia administrativa en Ciudad de México lo considera inconstitucional.

Lo anterior, es resultado del amparo promovido por la asociación civil Educación con Rumbo, que argumenta que este modelo de la SEP viola por lo menos cinco artículos de la Constitución, al tiempo que subraya que no fue sometido a consulta ante el Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación (Conapase).

Tras este revés, se deberá analizar si este esquema no contraviene los lineamientos plasmados en la Constitución.

Por su parte, Miguel Ángel Ortiz, abogado constitucionalista y representante de Educación con Rumbo, sustentó que el artículo 28 de la Convención sobre Derechos del Niño establece que la educación que imparta el Estado debe realizarse en condiciones de igualdad, por lo cual, refirió que el Programa Piloto de la SEP es inconstitucional al establecer dos modelos de educación: uno para 960 escuelas públicas que no cumple con el estándar de calidad, que no cuenta con la certeza de los planes, programas y material educativo que servirán de base, además de que los profesores no hayan sido previamente capacitados y otro para el resto de escuelas públicas y privadas.

ES DISCRIMINATORIO

El litigante de la firma Cuatrecasas, agregó que no existe justificación legal para que la SEP únicamente implemente esto en unidades académicas públicas, por lo que dijo que es discriminatorio y se trata de un modelo “prueba-error”, el cual calificó de experimental.

“La repercusión de la suspensión concedida radica en que la SEP deberá mantener el modelo educativo vigente en todas las escuelas, incluidas las 960 escuelas en las cuales implantaría un modelo educativo que no ha sido certificado ni avalado por el Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación y en donde los maestros no han sido capacitados”, recalcó.

Mientras que Paulina Amozurrutia, Coordinadora Nacional de Educación con Rumbo, consideró como una decisión valiente y sin precedentes del Poder Judicial que obliga a las autoridades federales a replantear la política educativa del país a la luz de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales en favor de los menores y a garantizar la participación y aprobación de la sociedad civil tal y como establece el artículo 135 de la Ley General de Educación, lo que en el caso del “nuevo modelo educativo” no sucedió.

Como es sabido, la SEP pretende aplicar el pilotaje del nuevo plan a partir del 29 de octubre, sólo en primer grado de preescolar, primaria y secundaria.