Compartir

El senador Ricardo Monreal, propone la regulación urgente de las empresas calificadoras de riesgo por los conflictos de intereses que existen en su operación, porque es necesario garantizar su objetividad.

El líder de Morena en el Senado explico que: “las calificadoras de riesgo son entidades privadas que pueden ser controladas para evaluar la solvencia económica de empresas, de Estados, de instituciones bancarias y de seguros por medio de una calificación”.

Lo que significa que las calificadoras miden el riesgo de no reembolso de las deudas que presenta el deudor, es decir, evalúan la capacidad de pago de una empresa o de un Estado, a petición y emiten calificaciones dependiendo de sus riesgos o estatus financiero.

Señaló que dichas calificaciones se han convertido en la posibilidad de contratar un crédito, de contar con mejores condiciones de financiamiento o de atraer inversiones.

Monreal Ávila afirmó que la globalización de los mercados financieros y su dinámica condiciona los movimientos del capital, las monedas, el crédito y, en consecuencia, de las economías de los países y el bienestar de las y los ciudadanos. Este es el punto donde las calificadoras de riesgo pueden incidir en algunos objetivos de la política económica de los Estados y de los gobiernos a pesar de que solo emiten opiniones.

Aunque existen alrededor de 150 calificadoras en el mundo, solo algunas tienen vocación mundial. Tres de ellas cuentan con más del 92% del mercado global siendo éstas Moddy’s, Standard & Poor’s y Fitch Rating. Lo que les permite ejercer el poder de mercado debido a este oligopolio prevaleciente de facto.

Dijo que el resto de las agencias comparten el porcentaje restante del mercado global.

La dinámica de calificación supone que las empresas públicas o privadas o los Estados que busquen inversiones o préstamos en un mundo globalizado, en donde el capital puede provenir de cualquier lugar, solicitan ser calificados con el fin de poseer una buena nota de solvencia.

El senador Monreal afirmó que, de esta manera, las empresas o Estados brindan la información financiera a las calificadoras, las cuales examinan esos datos y emiten su nota. Ello ha dado lugar a críticas negativas hacia las calificadoras por el hecho de que puede existir conflicto de intereses entre éstas y sus clientes.

En el caso de la calificación ligada a los Estados, reposa en indicadores como los ingresos y egresos, la inflación o la evolución del producto interno bruto por habitante en el país, pero también de otros indicadores como la estabilidad institucional y política del Estado evaluado o su competitividad con respecto a sus socios comerciales.

El papel y las capacidades con que cuentan algunas calificadoras han mostrado ya sus límites también en lo que se refiere a que no tienen como objetivo auditar las finanzas de las empresas o de los Estados, sino solo emitir opiniones de solvencia.

Las calificaciones otorgadas permiten, o no, encontrar financiamiento a instituciones estatales o privadas lo no es un asunto menor ya que lo que puede estar en juego es el desarrollo de los países, es decir, el bienestar de las personas.

Si bien es cierto que los gobiernos a cualquier nivel deben conducirse con responsabilidad económica y transparencia en el uso de los recursos, también es verdad que los capitales se han transnacionalizado, lo cual genera una batalla importante entre los gobiernos de los distintos países por atraerlos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) indicó que las tres grandes agencias de calificación crediticia –Standard & Poors, Moody’s y Fitch Ratings– tienen una influencia excesiva sobre las decisiones de los préstamos, condiciones e intereses de la deuda soberana de los países.

A ello agregó que debe reformarse urgentemente la arquitectura internacional de la deuda, suspender la emisión de calificaciones de crédito durante las crisis, como la de la COVID-19, así como revisar los criterios de operación de las calificadoras de riesgo crediticio.