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Ante el riesgo y vulnerabilidad en que están cerca de dos millones de jornaleros agrícolas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una serie de recomendaciones para impulsar acciones y programas a favor de los derechos de este sector de la población.

El ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo que las condiciones laborales de estas personas, son en su mayoría contrarias y violatorias de los derechos humanos al trabajo, a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado y a la obligación de garantizar el interés superior de la niñez.

Por ello solicitó a las secretarías del Trabajo, de Bienestar y al IMSS elaborar un diagnóstico nacional para identificar a la población jornalera agrícola, los flujos migratorios, las entidades federativas de origen y destino, y las problemáticas recurrentes para impulsar acciones y programas para hacer efectivo el goce de sus derechos humanos.

Además recomendó considerar las deficiencias observadas en el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas e intercambiar información relacionada con ese grupo poblacional y los centros o empresas agrícolas para integrar o actualizar un registro único de éstos y favorecer las acciones de supervisión.

De igual manera, planteó crear los instrumentos jurídicos que permitan la ejecución de proyectos en beneficio de esas personas, al igual que garantizar que las unidades de trabajo y albergues que subsistan cuenten con los servicios básicos y sanitarios pertinentes.

González Pérez enfatizó que cualquier medida que se adopte, sea de austeridad, combate a la corrupción o por el uso indebido del gasto público, debe tener presente el respeto irrestricto a los derechos humanos, pues no se deben limitar, restringir, anular o disminuir los estándares de protección.

Mencionó que el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas no está contemplado en el Presupuesto de Egresos 2019, y que si bien presentaba deficiencias en su operación y había áreas de oportunidad para mejorar, preocupa la ausencia de programa o política pública que cuente con alguna acción en concreto.

En ese sentido el titular de la CNDH recordó la obligación de los Estados de asignar hasta el máximo de sus capacidades los recursos para la vigencia de los derechos humanos, incluso ante recortes o ajustes presupuestales.

Emitió recomendaciones a la Secretaría del Trabajo, a los gobernadores y la jefa de gobierno fortalecer la competencia de las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo, e impulsar un modelo de protección laboral que considere las distintas etapas de reclutamiento y contratación, ya sea a través del Programa de Apoyo al Empleo o independiente de éste.

Además, sugirió establecer un programa específico de inspección a centros con actividad agrícola, así como de las condiciones en que viven las personas jornaleras agrícolas y sus familias en las comunidades de destino.

A la Secretaria de Bienestar le solicitó la elaboración y aplicación de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas, considerando la perspectiva de género, edad y diversidad cultural, así como diseñar un programa para la atención que integre el enfoque de derechos humanos.

Mientras que al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le recomendó fortalecer las acciones para incrementar el registro de patrones del campo y personas jornaleras agrícolas afiliadas a ese Instituto, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social y el acceso a ese derecho.

Así como a intercambiar información relacionada con ese grupo poblacional y los centros o empresas agrícolas para integrar o actualizar un registro único de éstos que favorezcan las acciones de supervisión.

FUENTE: NOTIMEX, CANDELERO, 01-06-19.