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El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres Guadarrama, informó que interpuso un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como última instancia, para evitar el pago de más de tres millones de pesos a un magistrado que no fue ratificado en el cargo.

En conferencia de prensa, el legislador explicó la historia de ese hecho judicial que ha enfrentado durante ocho años la Cámara Alta, pues recientemente se notificó a la presente legislatura una sentencia del 17 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Dicha sentencia ordena al Senado a pagar tres millones 446 mil 77.17 pesos al magistrado Juan Manuel Terán y Contreras, de la Sala Regional de Justicia Administrativa, por no haber sido ratificado por el Senado para un nuevo periodo de 10 años, a partir de 2011. Indicó que ese tema ha pasado por cuatro legislaturas; la segunda del sexenio de Felipe Calderón, las dos de Enrique Peña Nieto y la presente.

Es un proceso por el cual hubo una propuesta del Ejecutivo para que Terán y Contreras fuera ratificado como magistrado por un periodo de 10 años. Batres Guadarrama indicó que el Senado, en el ejercicio de sus atribuciones, decidió llevar a cabo todo el procedimiento, y dentro de sus facultades en aquel entonces decidió no ratificar al magistrado, quien se inconformó en tribnales.

El Poder Judicial, a través de sus órganos, ordenó al Senado reconsiderar la no ratificación del magistrado, pero defendió su postura porque consideró que actuaba en lo correcto, a lo largo de los litigios. El presidente del Senado señaló que en algún momento de reposición del procedimiento se citó al magistrado a comparecer y conocer sus puntos de vista y éste no asistió en dos ocasiones.

Ante la negativa del Senado de ratificarlo, acudió nuevamente a instancias jurisdiccionales, se ordenó al Senado llevar a cabo el procedimiento a efecto de que, aún sin comparecencias, valorara las características del trabajo y el perfil del magistrado. El Senado de la República repuso los procedimientos y nuevamente llevó a la determinación de no ratificar al magistrado. Finalmente, se llegó a la sentencia ejecutoriada que da fin al procedimiento, y en septiembre de 2018 el juez cuarto en Materia Administrativa en la Ciudad de México determinó que el Senado debería pagar al quejoso cuatro millones 445 mil 947.99 pesos, por lo que el Senado apeló la determinación, ya que actuó bajo la base de sus ejercicios soberanos.

Dicho ordenamiento es por supuestos daños y perjuicios al magistrado y es una especie de indemnización calculada sobre la base de sueldos y prestaciones que dejaría de devengar en caso de no haber sido ratificado a pesar de que el magistrado nunca dejó de cobrar, pues estuvo beneficiado con una suspensión que se lo permitió.

De acuerdo con Martí Batres, la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva y la Secretaría Parlamentaria del Senado trabajan en el caso, por lo que se recurrió a la SCJN, instancia ante la que el Senado argumenta la imposibilidad jurídica, pero también su voluntad de acatar la decisión final que tome el Poder Judicial de la Federación, “pero estamos pidiendo a la Corte revisar el tema”. En este caso, fue designado el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para revisar el tema. 

FUENTE , NOTIMEX , CANDELERO 23-05-19