La Defensoría Pública tiene una deuda pendiente con la sociedad para responder a su función de garantizar la protección de la justicia sin importar la insolvencia o alta vulnerabilidad de las personas, señaló la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández.
Al participar en el “Foro: La Defensoría Pública en la Ciudad de México, un nuevo modelo de acceso a la justicia”, indicó que la Defensoría Pública se originó de la necesidad social de proteger a las personas que se encuentran en un ámbito de insolvencia económica o alta vulnerabilidad social y que son acusadas penalmente.
En el acto organizado por el Congreso capitalino, la ombudsperson subrayó que el Estado tiene la obligación de garantizar a cualquier persona el acceso al derecho y a la defensa, en condiciones de igualdad. La Defensoría Pública tiene dos objetivos intrínsecos que no pueden desagregarse: combatir la desigualdad social y garantizar el derecho de acceso a la justicia; por lo que la desigualdad social es también una forma de injusticia y se combate por medio de la igualdad procesal en los litigios, el proceso penal y en la ejecución de la pena.
En México, cerca de las dos terceras partes de las personas que enfrentan un proceso penal usarán los servicios de las defensorías públicas y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cerca del 80 por ciento de los juicios penales federales en el país, son asistidos por la Defensoría Pública. En la Ciudad de México, poco más de 70 por ciento de las personas privadas de libertad se les designó un defensor de oficio o defensor público, lo que permite dimensionar la importancia de estas instituciones.
“No es exagerado afirmar que la garantía de una defensa adecuada, para la mayor parte de la población en México, depende del actuar de las y los defensores públicos. Sin embargo, la defensoría pública en México es deficiente”, puntualizó. Por ello, el Instituto de la Defensoría Pública tiene el reto de implementar el sistema de apoyos y salvaguardias necesarias para el acceso a la justicia de las personas de otros círculos vulnerables como el de la población con discapacidad. Asimismo debe garantizar los derechos lingüísticos de hablantes de lenguas nacionales durante los procesos de cualquier tipo.
FUENTE ; NOTIMEX , CANDELERO 07-05-19