Otra muestra más de la tremenda e impune corrupción oficial

Por Dr. Víctor Santiago Serrano

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El 10 de febrero de 2014, se oficializaron varios cambios en la Constitución Nacional, lo que se conoció “reforma político-electoral”, uno de los artículos que sufrieron modificación fue el artículo 102, apartado A, de esa Ley Suprema.

Sin duda, la transformación de ese precepto constitucional transformó la Procuración de Justicia en el país, ya que establece que la Procuraduría General de la República dependiente de la administración pública, ahora se denominará Fiscalía General de la República.

El nombre no fue lo que únicamente cambió, ahora esa Fiscalía General será órgano autónomo independiente de la Administración Pública Federal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; y su titular será nombrado por el Senado de la República, y no por el Presidente como sucedía en la PGR.

Se menciona en dichas reformas, que la Fiscalía General debe contar con al menos una Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y otra para el Combate a la Corrupción y que los titulares de éstas también deben ser nombrados por el Senado.

Resulta extraño, que después de tres años de hacerse la reforma constitucional, el Senado solo haya nombrado al Fiscal en materia de Delitos Electorales, no así, al Fiscal General y al Fiscal Anticorrupción, por lo que ya surgió la pregunta: ¿será que se convertirán en moneda de cambio para estas elecciones o las presidenciales del 2018?

Sin embargo, hay alguien que se le adelantó al Senado. El 12 de marzo de 2014, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, emitió el Acuerdo A/011/2014, con el cual crea la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.

En el citado documento se precisa que la Fiscalía tiene por objeto la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción de competencia federal; asimismo, tendrá las siguientes facultades:

a).- Solicitar a otros países información específica sobre algún funcionario mexicano bajo investigación.

b).- Requerir datos de cualquier servidor o ex servidor público de orden estatal o municipal que pudiera estar involucrado en hechos de corrupción, y

c).- Solicitar a las instituciones bancarias información de movimientos de recursos sospechosos.

Pero a pesar de eso, el Art. 1º. Transitorio del citado Acuerdo, establece que entrará en vigor éste hasta que los Senadores realicen el nombramiento del titular de dicha Fiscalía Anticorrupción.

Desafortunadamente, después de tanto tiempo, los Senadores no se han puesto de acuerdo de quien presidirá la Fiscalía Anticorrupción, aún y cuando ya estén los candidatos esperando el resultado final de éstos. Una de las justificaciones que dio el senador panista Fernando Herrera Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, es que se debe revisar el nombre del Fiscal Anticorrupción, pero primero sugiere modificar el Transitorio del Art. 122 Constitucional para que no haya pase automático del Procurador General de la República hacía la Fiscalía General, el cual durará en su encargo nueve años.

Hemos de decir, que el gobierno ha vendido a la sociedad la versión que con la llegada de esta Fiscalía Anticorrupción se iniciará la erradicación de la corrupción y la impunidad en el país y que los delitos cometidos por servidores públicos serán perseguidos y erradicados en algún momento.

Pero honestamente, no creo que la Fiscalía Anticorrupción sea la Caja de Pandora que sirva para erradicar la corrupción y la impunidad del país. Espero en verdad equivocarme, ya que de lo contrario nos esperan 30 años más de vivir la misma situación y además, con otro elefante blanco más disfrazado de órgano autónomo.

Uno de los ejemplos más claros, que de verdad pueden servir para demostrar la necesidad de que funcione la Fiscalía Anticorrupción, es lo que pasó hace unos días cuando se frustraron varios operativos que realizarían de manera conjunta la DEA y Policía Federal en México, al detectarse que Iván Reyes Arzate, quien ocupaba el cargo de Director General de Apoyo Táctico contra el Narcotráfico y Delitos Conexos en la División Antidrogas de la PF y quien era el enlace con la DEA, pasaba información de primera mano al Cartel de los Beltrán Leyva, por lo que el gobierno estadounidense lo acusó en su país de “conspirar con otros para impedir corruptamente una investigación sobre narcóticos en Estados Unidos”, de acuerdo con lo que informó su Departamento de Justicia.

El ex mando de la Policía Federal, que ya está preso en EU, según informes aceptó recibir millonarias sumas de dinero del Cártel de los Beltrán Leyva a cambio de información confidencial y que su clave de identificación con ellos era “la reina”.

Sin olvidar que en nuestros país, por el cargo que desempeñaba, tenía acceso a la base de datos de la Policía Federal sin limitación alguna e incluso informes de Inteligencia Militar, mismos que entregaba a los integrantes del grupo criminal para alertarlos de las acciones contra ellos que organizaban las autoridades.

Este vergonzoso caso de corrupción al más alto nivel de la Policía Federal hará que el gobierno de desconfíe más del gobierno mexicano pues es ya innegable que las áreas estratégicas dedicadas y especializadas para el combate al crimen organizado están al servicio de la delincuencia.

Este asunto tendrá muy serias repercusiones pues es evidente que el gobierno de Peña Nieto no puede combatir con eficacia al crimen y a la corrupción porque muchos de los funcionarios encargados de hacerlo pertenecen a grupos delincuenciales, como ha quedado plenamente demostrado con la detención y confesión de Iván Reyes Arzate quien era nada menos que el Director General de Apoyo Táctico contra el Narcotráfico y Delitos Conexos en la División Antidrogas de la Policía Federal de México.