El ejercicio de una doble moral

Por: Ricardo Monreal Avila

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA

 

La incongruencia política es una de las características más sobresalientes de los grupos reaccionarios que no se han dado cuenta de que la toma de protesta del próximo 1 de diciembre es la culminación de un proceso de emancipación de la mayoría de los sectores de la sociedad mexicana, para sacudirse el yugo de un grupúsculo que medró con los recursos públicos al amparo del poder político, de la corrupción y de la impunidad.

La OCDE ha calculado que los sobornos le cuestan a México 2.3 billones de pesos: casi tres veces lo que el Gobierno federal destina al rubro de pensiones anualmente. Es decir, la corrupción le cuesta al país aproximadamente un 10 % del PIB nacional; cantidad que es cinco veces superior al promedio mundial.*1

No obstante, los máximos beneficiarios de este régimen de corrupción son actualmente los principales protagonistas de las campañas para desprestigiar el modelo de gobierno propuesto por la Cuarta Transformación; en medios de comunicación y redes sociales tratan de sembrar inestabilidad, al vaticinar resultados catastróficos o alarmantes para el país.

Por supuesto, en sus críticas no señalan que la situación actual de México es consecuencia de los malos gobiernos anteriores, y exoneran de facto a los auténticos responsables de la grave crisis en la que nos encontramos.

Todas las acciones planteadas por el presidente electo se dirigen a los temas prioritarios del país, los cuales pasan por la estabilización y la pacificación de México: sin paz y seguridad no puede haber una transformación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional la Ley de Seguridad Interior avalada en noviembre del año pasado; una ley que políticos, académicos e integrantes de la sociedad civil criticaron ampliamente por su ambigüedad y múltiples inconsistencias, y porque abría la puerta a violaciones a los derechos humanos, además de que extendía una especie de patente de corso para dar libre margen a la actividad del personal militar, sin la necesidad de que alguien lo evaluara o pidiera cuentas de sus acciones.

A pesar de la vulneración que con tal ordenamiento se propiciaba al de por sí fracturado Estado de derecho en México, la cerrazón de los grupos parlamentarios conservadores de la LXIII Legislatura en el Congreso de la Unión los llevó a aprobar la iniciativa, haciendo oídos sordos a los cuestionamientos de la sociedad y sin siquiera molestarse en discutir a fondo el proyecto proveniente del Ejecutivo federal.

Y ante aquella temeridad, que sí implicaba una auténtica militarización de facto en el país, ni los medios recientemente radicalizados, ni las dirigencias nacionales de los dos partidos mayoritarios asumieron posturas críticas respecto a las pretensiones de involucrar directamente a las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, contra todo orden constitucional. Sólo algunos cuantos medios y periodistas críticos e independientes presentaron la opinión de expertos y cuestionaron abiertamente la infamada Ley de Seguridad.

Asimismo, como se ha señalado, los altos niveles de corrupción de la administración saliente fueron tan evidentes que, tan solo por casos como el de la Casa Blanca, se tuvieron que haber iniciado las indagatorias para dirimir las responsabilidades correspondientes. Sin embargo, no se erigieron comisiones de investigación ni comenzaron los juicios políticos respectivos.

Los niveles de violencia e inseguridad en el país son alarmantes, consecuencia, en buena medida, de las decisiones tomadas por los gobiernos recientes, y no se podrán corregir de la noche a la mañana. Pero a grandes problemas, grandes soluciones: resulta necesaria la participación de todas las instituciones del Estado mexicano, con mayor razón de aquellas que en el índice de confianza aparecen en estratos superiores.

El nuevo Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 busca, primeramente, respetar el orden constitucional, dar un marco legal claro de actuación a las dependencias encargadas de proveer los diferentes tipos de seguridad a la nación. La vindicación de la Guardia Nacional, colateralmente, reubicará a las Fuerzas Armadas mexicanas a los cuarteles o espacios a los que pertenecen; se les librará de la irregularidad y de la exposición pública a las que fueron sometidas.

Se trata de un plan integral con el que se propone atender las causas estructurales que fueron generando las condiciones sociales actuales, así como contar con personal preparado para enfrentar una delincuencia organizada fuertemente armada, y capacitado para ejecutar debidamente los protocolos y criterios de protección de los derechos humanos contemplados en nuestra Carta Magna.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es pieza clave en la formación del personal que ingresará a la Guardia Nacional, pero también será importante la participación de Fiscales cada vez más capacitados en la dirección de las investigaciones por la comisión de delitos.

A pesar de que la Guardia Nacional estará bajo la tutela del alto mando militar de nuestro país, sus funciones se enmarcarán en una especie de apoyo en las tareas realizadas por la Policía Federal, y estará integrada en última instancia por ésta, así como por las policías militar y naval.

Como se puede apreciar, la intención del Plan no es, en modo alguno, la militarización de las tareas de seguridad; incluso se prevé que en un plazo de tres años se lleve a cabo una evaluación del desempeño de la nueva institución para medir sus resultados o alcances, para establecer la pertinencia de las diferentes medidas.

Hoy, los detractores se han lanzado en una campaña para desacreditar la propuesta, pero cuando el Ejército fue enviado a las calles sin un marco legal que regulara su actividad, avalaron la decisión: conducta de doble moral que sólo busca golpear políticamente las propuestas y acciones de una administración diferente, que pretende atender de raíz los grandes problemas nacionales.

Las preocupaciones y críticas por parte de la sociedad en relación con éstas y otras importantes decisiones se contestarán y aclararán oportunamente; la Cuarta Transformación pasa por mantener un vínculo estrecho con la ciudadanía, así como por demostrar a los detractores que hay voluntad política para corregir el camino por el que se encauzó al país: un verdadero calvario para toda la población.

*1).-Reyes, Carolina, “Se escurre 10% del PIB por corrupción; es cinco veces más que el promedio mundial”, Excelsior, 23 de noviembre de 2018. Consultado el 23 de noviembre de 2018 en: https://bit.ly/2RlppDU