La pretensión de perpetuar la impunidad

Por: Ricardo Monreal Avila

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Hace más de una década que el hoy presidente electo, en un discurso, comenzó a visibilizar el concepto de mafia del poder, en razón de las relaciones que unen, aún en la actualidad, a poderosos actores económicos y políticos de nuestro país. Lamentablemente, esa mafia del poder en modo alguno asumió la responsabilidad con la nación: jamás apostó por la reconstrucción del tejido social, la consolidación de una visión de Estado o el fortalecimiento de los lazos de identidad, para corresponder mínimamente a los privilegios o beneficios que el país les concede.

Muy por el contrario, a diferencia de distintos grupos oligárquicos de otros países -a los que se ha reconocido como los principales promotores del desarrollo y la competitividad o, incluso, como padres fundadores de sus naciones-, los actores políticos y económicos más importantes de México se han consagrado a la consecución de proyectos que sólo favorecen sus intereses, y a la depredación de los recursos naturales, secuestrando al aparato estatal para procurar negocios millonarios, a costillas de millones de habitantes quienes, cada vez en mayor número, engrosan las filas de la miseria; todo ello en el contexto de una sofocante corrupción e impunidad.

Con la simulación de alternancia, a partir del año 2000 se puso de relieve el modus operandi de la llamada mafia del poder: se trató, en suma, de pactar con aquellos que “entregaban” el poder público, para evitar en la medida de lo posible que se realizaran investigaciones que desnudaran el tráfico de influencias; la corrupción; los desvíos de recursos; los malos manejos del erario público; las adjudicaciones de jugosos contratos a empresas privadas, sin licitaciones de por medio, y una serie de atropellos más, que no encontraron escollo gubernamental durante los siguientes dieciocho años. Sin duda alguna, esos tres sexenios representan una de las etapas más obscuras en la historia del México contemporáneo.

En los comicios del 1 de julio de este año, el hastío de la ciudadanía se hizo evidente con la emisión de un voto de castigo ejemplar; la otra cara de la moneda la constituyó el voto de confianza en pro de un cambio sustancial, uno que debe pasar necesariamente por el saneamiento del aparato estatal, el cual mantiene una imagen -con justa razón- de inoperancia, corrupción, opulencia y falta de efectividad, frente a una población cada vez más castigada por la inseguridad, la violencia y la pobreza.

El inicio de la Cuarta Transformación, por la vía pacífica de la renovación moral, implica acabar con los favoritismos, el amiguismo, el nepotismo y el tráfico de influencias que tanto han dañado al país. Es por ello que, entre medios de comunicación y analistas, resultó sorpresivo el anuncio de los nombres de quienes serán los próximos secretarios de Defensa Nacional y de Marina, toda vez que ambas personas no figuran entre los círculos de colaboradores cercanos a los respectivos secretarios aún en funciones. Esa decisión de Andrés Manuel López Obrador apunta ya hacia un cambio al interior de la administración de ambas instancias; se trata de algo inédito.

En contraste, y en aras de extender la impunidad que ha caracterizado al sexenio actual, el titular del Ejecutivo federal acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar una controversia constitucional a fin de evitar que él o los altos funcionarios de su administración sean investigados a petición de otros órdenes de gobierno.

Es la primera vez, como bien han señalado críticos y analistas, que el presidente saliente busca proteger tanto a sus subordinados directos como a sí mismo de acusaciones futuras por posibles actos de corrupción.

Se trata de una reclamación impertinente y disparatada. Por principio, la controversia constitucional no se puede promover contra actos inminentes, futuros o inciertos, sino que se debe dirigir contra normas generales o actos efectivamente pronunciados por la autoridad demandada. Por otro lado, la controversia resulta totalmente improcedente cuando no se ha agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto que envuelve las normas generales o los actos que se reclaman.

El asunto llevado ante la Suprema Corte esencialmente busca que autoridades del estado de Chihuahua desistan de las investigaciones que realizan a altos funcionarios federales, quienes posiblemente están involucrados en malos manejos y desvíos de recursos, perpetrados en contra del erario público de aquella entidad durante el mandato del exgobernador hoy prófugo de la justicia.

Sin precedente alguno, se intenta entorpecer, obstaculizar o suspender, mediante una controversia constitucional, las acciones del Gobierno de Chihuahua encaminadas a deslindar responsabilidades por el manejo irregular del erario y de las partidas presupuestales de aquella entidad. Tal proceder despierta suspicacias respecto a la probable culpabilidad de los más cercanos allegados al promovente, o incluso a la del mismo.

La academia, analistas, personajes de la política, y la sociedad toda, esperamos que la SCJN deseche el asunto. La Cuarta Transformación implica también la reivindicación de nuestras raíces republicanas, el respeto del principio de separación de poderes, y del sistema de pesos y contrapesos.

La mafia del poder está nerviosa, sabe que los favoritismos, las complicidades, los encubrimientos y la impunidad tienen los días contados: exactamente un mes. En la renovación moral de la Cuarta Transformación, el Estado de derecho será respetado, y la impartición de justicia ya no tendrá cortapisas: será imparcial, sin importar cargos o funciones.

La pretensión de perpetuar la impunidad ya no tiene lugar. La SCJN tiene la última palabra en este asunto, y se espera que resuelva conforme a derecho.