Ausencia de Estado de Derecho en México

Por: Ricardo Monreal Avila

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México es un país lastimado, entre otras razones, por la cada vez más creciente brecha entre el discurso político y la realidad. Así, los gobiernos de las últimas décadas que han proclamado la prevalencia del Estado de Derecho han sido desmentidos por las condiciones sociales actuales, las cuales son la prueba fehaciente de lo contrario: de la ausencia de un auténtico Estado de Derecho en el territorio nacional.

Tan solo en este sexenio, cerca de cuarenta mil desaparecidos; más de treinta mil muertes violentas por año; oleadas de feminicidios sin control; corrupción, y deficientes e ineficaces sistemas de procuración y administración de justicia, que producen prácticamente un 98 % de impunidad y un largo etcétera.

El Estado de Derecho, en una de sus acepciones minimalistas, se entiende como aquella demarcación político-administrativa en donde hay un monopolio efectivo del uso de la fuerza o de la violencia, en la que todas las actividades de injerencia pública y el ejercicio del poder están debidamente regulados por el Derecho y las instituciones gubernamentales sujetas a la ley.

Dicho de otra manera, las relaciones interpersonales, la seguridad jurídica, las libertades o derechos, como el relativo a la propiedad privada, están protegidos y garantizados por el Estado, con fundamento en la norma jurídica vigente.

La cultura de la legalidad que acompaña al Estado de Derecho incluso apela a la participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas, en el proceso de ejecución y en la toma de decisiones. Existe una correspondencia natural entre la problemática social y la planeación de políticas públicas, lo que implica necesariamente una interacción entre la ciudadanía y los actores encargados de diseñar y aplicar las normas y los actos administrativos.

En nuestro país, es del dominio público que el poder político que se instaló en las recientes décadas poco se interesó por la vigencia del Estado de derecho y la correlativa consolidación de un auténtico régimen democrático. Esto ha traído por consecuencia incrementos preocupantes en la desigualdad social; serios problemas de impunidad y, por supuesto, el crecimiento y reproducción de la corrupción en prácticamente todas las instituciones del Estado mexicano.

Y, tristemente, la percepción de la ciudadanía respecto de los principales actores estatales encargados de la construcción del Estado de Derecho tampoco es muy alentadora.

El Estado de Derecho es visto también como un principio de gobernanza; en él, instituciones, personas y cualquier entidad son sujetas a derecho y, por tal motivo, no pueden estar por encima de la ley.

La organización World Justice Project, en su Índice de Estado de Derecho en México 2018, incluye ocho indicadores que fueron evaluados para medir la prevalencia del respeto y cumplimiento al orden jurídico en el interior de la República: Límite al Poder Gubernamental; Ausencia de Corrupción; Gobierno Abierto; Derechos Fundamentales; Orden y Seguridad; Cumplimiento Regulatorio; Justicia Civil y Justicia Penal. Lamentablemente, en conjunto, el país está completamente reprobado y se ratifica fehacientemente que hay una ausencia fáctica de un Estado de Derecho a lo largo y ancho del territorio nacional.

De acuerdo con los resultados de ese ejercicio, en el cual 1 (uno) equivale a un completo Estado de Derecho y 0 (cero) representa la ausencia total del mismo, nuestro país tiene un promedio de 0.39. Guerrero, Baja California Sur y el Estado de México aparecieron como las entidades peor evaluadas, lo cual concuerda perfectamente con las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos que se registran en esas en entidades en donde, por ejemplo, se ubica uno de los municipios más violentos del país: Ecatepec, que suma la mayor tasa de feminicidios registrados en el país y en donde la población vive aterrorizada porque no hay institución que haga valer el orden jurídico establecido.

La situación nacional no es cosa menor. Se trata de la prevalencia de un clima de ingobernabilidad que se ha agudizado en los últimos años y que es necesario corregir, de lo contrario, problemas sociales graves, como los linchamientos, seguirán aumentando, según se vislumbra en Puebla, Estado de México y en algunas zonas de la Ciudad de México, en las que el hartazgo social y la impunidad se han combinado para desencadenar estas tragedias; la ciudadanía se ha organizado para patrullar sus colonias y tomar justicia por propia mano, haciendo a un lado cualquier viso de razón jurídica, cuestión que ya ha cobrado la vida de víctimas inocentes.

Los linchamientos son uno más de los fenómenos de descomposición social, que se suman a la larga lista de eventos que dan cuenta de la anomia que se vive en el país. Recuérdese la cifra récord de muertes de periodistas, de candidatos y autoridades políticas electas; la incapacidad de salvaguardar oleoductos, gasoductos, puentes, puertos, todo tipo de vías generales de comunicación y hasta plataformas petroleras; en fin, recuérdese que hasta el propio titular del Ejecutivo federal tuvo que cancelar una visita a Reynosa porque no se pudo garantizar su seguridad. Estamos no sólo frente a la ausencia total del Estado de Derecho, sino prácticamente frente a un Estado fallido.

Ésta no es sólo una más de las herencias preocupantes que deja el régimen saliente, es el peor legado posible para una nación.