La importancia De la noche en iguala

Por: Ricardo Monreal Avila

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No es un secreto para nadie que el sexenio que está concluyendo ha sido el más violento en la historia reciente de nuestro país, en el cual el Estado de Derecho ha quedado de lado para dar lugar a un clima de violencia e impunidad que ha afectado gravemente la integridad de la sociedad en su conjunto a lo largo y ancho de México.

A pesar de la importante reforma en materia de derechos humanos que fue aprobada por el Congreso de la Unión en 2011, la realidad es que desde las instituciones de seguridad y de procuración de justicia del Estado, el Gobierno que está por terminar permitió la impune proliferación de abusos y violación a los derechos humanos estipulados en nuestra Carta Magna.

En días anteriores Andrés Manuel López Obrador se reunió con los padres y las madres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, para escuchar de primera mano su sentir. Lamentablemente, a cuatro años de la desaparición de los jóvenes estudiantes, poco se sabe de su paradero; el Gobierno federal intentó dar carpetazo al caso mediante la obtención de confesiones incriminatorias –muchas de ellas mediante la tortura— y sin fundamento científico que diera validez a “la verdad histórica” pronunciada por el ex procurador General de la República, en noviembre de ese año.

La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, es el parangón de la impunidad reinante durante el régimen que concluye. Las investigaciones hechas en su momento por la Procuraduría General de la República (PGR) fueron cuestionadas desde el comienzo, y se ignoran las razones del faccioso proceder de la institución y de los altos mandos dentro de ella. Por otro lado, cuando a nuestro país llegó el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) -como resultado de un acuerdo alcanzado entre los familiares de las víctimas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno federal- echó por tierra la versión oficial de los hechos dada por la PGR; en consecuencia, la administración federal se dedicó a golpear y descalificar la labor científica y objetiva del Grupo. Es inevitable preguntarse por qué la insistencia en ocultar la verdad.

Se sabe, por investigaciones periodísticas alternas y por testimoniales de sobrevivientes a los ataques de que fueron objeto los estudiantes aquella fatídica noche de septiembre de 2014, que las instituciones encargadas de la seguridad pública, así como el Ejército, estuvieron todo el tiempo informados de lo que acontecía en las calles de Iguala sin que siquiera prestaran auxilio a los heridos con los que tuvieron contacto al interior de un hospital privado, horas después de los ataques perpetrados contra los normalistas.

Las líneas de investigación alternas, dadas a conocer por el GIEI, simplemente fueron desechadas por las autoridades competentes, negándoles la importancia merecida y cerrando con ello toda posibilidad de esclarecer los hechos y llegar a la verdad.

Sin duda, lo ocurrido en Iguala lastimó severamente a la sociedad mexicana, la cual en muchas ocasiones ha volcado su indignación al respecto en las redes sociales o ha salido a las calles a protestar por la falta de esclarecimiento; se trata del caso de desaparición forzada más lacerante del que se tenga memoria en la historia de nuestro país.

La participación del crimen organizado en la escena, con la presunta mirada y complacencia de los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno, nos obliga a reflexionar sobre el alcance y la dimensión con que la corrupción ha penetrado en las instituciones de gobierno.

No sólo se trata de Ayotzinapa, sino también de Ecuandureo, Tlatlaya, Tanhuato; de los miles de personas desaparecidas; de los tráileres repletos de cadáveres que circulan por varios estados de la República; de las fosas comunes clandestinas que hacen de nuestro país el símil de un gigantesco cementerio, en el que impera la impunidad y en donde cualquiera, con poder económico, está por encima de la ley; donde la justicia sólo es aplicable para unos pocos. Ése es el estado de las cosas que el actual Gobierno le hereda al próximo.

Por esa razón es que la administración de Andrés Manuel López Obrador tiene una importante oportunidad de dar certidumbre jurídica por medio de la resolución y la búsqueda de la verdad en relación con el paradero de los 43 jóvenes normalistas. La voluntad política del próximo Gobierno de colaborar con todos los medios y las instancias pertinentes para resolver el caso se manifestó desde haber buscado una reunión con los familiares de las víctimas. La respuesta dada a los medios de comunicación por parte de los padres y las madres de los muchachos refleja en buena medida el sentir de la ciudadanía: “hay una luz de esperanza”.

Tal como lo señalara el presidente electo en el marco de aquella reunión: “Se debilitan las instituciones si se oculta la verdad, por eso yo creo que se va a hacer justicia y que, en vez de debilitarse las instituciones, se van a fortalecer cuando todos conozcamos lo que realmente sucedió y se sepa el paradero de los jóvenes, se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables”.

Finalmente, no sólo las madres y los padres de los normalistas, sino también todas aquellas personas que han sido víctimas del fortalecimiento de la delincuencia organizada y de los abusos perpetrados por las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública, así como la sociedad en su conjunto, lo único que demandan es justicia.

No en vano el discurso de la Cuarta Transformación que pretende una renovación moral, de regreso a principios cívicos inmanentes al servicio público. Desterrar la corrupción para lograr una procuración de justicia efectiva, es indispensable. No hay otro camino para poder acabar con el régimen de impunidad que dirigió al país los primeros dieciocho años de este siglo XXI.

El trabajo conjunto en la búsqueda de la verdad del caso Iguala, con la voluntad política para esclarecer lo hasta ahora vedado, servirá como piedra de toque y como prueba tangible del inicio de una renovación moral en la administración del Estado mexicano.