Un gris adiós

Por: Ricardo Monreal Avila

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El pasado 1 de septiembre se presentó en Palacio Nacional el último informe de gobierno que, por mandato constitucional, tiene que presentar a las dos Cámaras del Congreso de la Unión el titular del Ejecutivo federal.

Con el sexto informe entra en su ocaso una de las administraciones más onerosas y poco eficientes de las que se tenga memoria en nuestro país; las consecuencias las resentimos todos los mexicanos y las mexicanas al día de hoy. 

La administración saliente deja una serie de compromisos incumplidos, como la promesa de hacer crecer nuestra economía a más del 5 por ciento anual del Producto Interno Bruto (PIB), cuando el promedio de crecimiento anual se dio a un ritmo del 2.31 por ciento, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), es decir, no se llegó ni siquiera a la mitad de lo que se había proyectado.

Según análisis de instituciones financieras, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, los parcos resultados de la economía mexicana se deben, en buena medida, a su dependencia con la estadounidense, a la reproducción del modelo económico impuesto a partir de 1988 y, además, a que las llamadas “reformas estructurales” simplemente no tuvieron los efectos que se prometieron.

El problema de la falta de crecimiento económico que deja esta administración la resienten principalmente todas las familias mexicanas de recursos limitados. En el balance del último año, presentado en Palacio Nacional, se argumentó que el gobierno se preocupó por “recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo (SM)”, pues en este último año tuvo un incremento de 80 a 88 pesos diarios. No obstante, por las fluctuaciones en los mercados internacionales y la escandalosa depreciación del peso frente al dólar, el valor del SM, en dólares, prácticamente no cambió, pues hace diez años sus 52.59 pesos equivalían a 4.68 dólares, mientras que el actual representa 4.63 billetes verdes. En el documento se reconoció que, en 2008, 5 millones 251 mil personas económicamente activas percibían más de cinco salarios mínimos; hoy, sólo 2 millones 777 mil trabajadores cuentan con esa percepción.

En lo que va de 2018, seis de cada diez trabajadores perciben un sueldo de menos de 166 pesos diarios. Y aunque el gobierno saliente presentó cifras positivas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en un informe de junio pasado resaltó que aproximadamente 62 millones de mexicanos obtienen ingresos por debajo de la línea de bienestar; es decir, observamos una alarmante pauperización de la economía de las familias, que por supuesto tiene graves consecuencias en el desarrollo socioeconómico de todos los sectores de nuestro país.

Coneval señaló en los meses pasados que la mitad de la población en México no cuenta con seguridad social; seis de cada diez trabajadores laboran sin prestaciones; no hay seguro de desempleo, y las percepciones laborales son de auténtica miseria.

En el anexo estadístico del último informe de gobierno presidencial, se observa que hubo recortes importantes a diversos programas sociales, cuyo propósito era paliar el problema de las carencias económicas. Por ejemplo, “Prospera” sufrió un recorte, entre 2016 y 2017, de 4 mil millones de pesos, y el apoyo mensual otorgado a las 6.5 millones de familias que se benefician del programa se redujo de 906 a 883 pesos. Asimismo, el gasto que se destina al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas se redujo de 85 mil millones de pesos a 75 mil millones en el mismo periodo.

En su discurso del pasado 1 de septiembre, el titular del Ejecutivo federal argumentó que estaba entregando un país mejor del que recibió hace seis años; no obstante, las cifras, la información o los datos generados por las propias instituciones del gobierno reconocen que, más que avances, se dieron importantes retrocesos.

El tema de la inseguridad representa un rotundo fracaso por parte de la administración saliente, la cual fue totalmente incapaz de establecer los más mínimos estándares de seguridad, dando como resultado territorios completos en la ingobernabilidad en entidades como Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Chihuahua, entre otros.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta el mes de junio pasado, México enfrentaba el año más violento en toda su historia; tan solo en el primer semestre se había registrado el asesinato de 15 mil 793 personas; una media de 11.01 homicidios por cada 100 mil habitantes, aproximadamente 88.7 homicidios diarios, o lo que es igual, 3.7 asesinatos cada hora.

La administración actual aseguró que entregará a Andrés Manuel un país con “importantes fortalezas”, refiriéndose a la supuesta estabilidad económica, política y social que se ha logrado durante su administración. En su interpretación de las condiciones en las que deja a la nación, afirmó que se mantuvo la inflación más baja de los últimos cincuenta años; una tasa ascendente de 800 mil empleos formales cada año; un modelo de administración energética que permitirá a México ser potencia, principalmente dentro del sector petrolero, y una inversión extranjera directa de aproximadamente 192 mil millones de dólares.

Del mismo modo, se aseguró que se tienen los niveles más bajos de pobreza, así como relaciones comerciales novedosas, a las que se incluye el doble de la capacidad portuaria, la renovación de redes carreteras y la generación de proyectos ferroviarios y aeroportuarios de gran envergadura.

La percepción oficial dista mucho de lo que la población percibe; no sólo en el retroceso en materia de seguridad y en el valor de los salarios en términos reales: se trata de la inmoralidad con la que los altos funcionarios de este sexenio administraron los recursos públicos.

 Las mexicanas y los mexicanos no esperábamos una disculpa, mucho menos un largo discurso; durante seis años esperamos la voluntad política para mejorar la deplorable situación general en la que nos encontramos. El último informe de gobierno resultó profundamente inútil: si lo que se esperaba era la condescendencia popular, lo único que se obtuvo fue una insustancial despedida.