¿Amigos o enemigos?

Por: Ricardo Monreal Avila

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Twitter: @RicardoMonrealA

En la ruta hacia el proceso electoral que hemos atestiguado en el transcurso de este año, han destacado los señalamientos que entre sí se han hecho los dos partidos que en las décadas recientes han conformado uno de los maridajes más nocivos para el desarrollo del país. México se encuentra en una crisis sistémica, resultado, en buena medida, de la deficiente planeación de los gobiernos que han encabezado estas dos instituciones políticas.

Pero al observar la relación que existe entre ellas, saltan a la vista algunas contradicciones: estos partidos políticos que durante las campañas electorales enarbolan banderas distintas, que hoy se atacan férreamente y que parecen mantener un profundo distanciamiento, fuera de los periodos comiciales, en los diferentes órdenes de gobierno y en las distintas ramas del poder público, funcionan como grandes aliados y generalmente en causas que hasta el momento no han beneficiado a la sociedad.

Hemos comprobado que no se puede concebir a uno sin el otro, y que uno cubre las espaldas del otro.

El llamado Pacto por México es una muestra patente de lo anterior: mediante éste acordaron sacar adelante diferentes propuestas de modificaciones o reformas constitucionales; involucraron a integrantes de las diferentes fuerzas políticas concertantes en la administración pública; ocuparon todos los espacios disponibles en los organismos constitucionales autónomos, en las Procuradurías y en el Poder Judicial Federal, y han solapado a funcionarios implicados en casos de corrupción.

En la aprobación de la reforma energética de diciembre de 2013, juntos, PRI y PAN, mostraron su alianza y, con aplastante mayoría, la aprobaron tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, desoyendo totalmente las voces y la opinión de opositores políticos, organizaciones civiles, organismos no gubernamentales, así como de académicos e intelectuales, y por supuesto, de la población en general. Lo avalado fue una combinación del proyecto enviado desde Los Pinos, con algunos pincelazos propuestos por el PAN.

La mancuerna que dichos institutos han conformado desde hace años ha significado el beneficio exclusivo de un reducido grupo de políticos y empresarios, dejando de lado el espíritu de la representación política y de la democracia misma.

A finales de los años noventa del siglo pasado, se dio una de las más grandes estafas de las que se tenga memoria. El Ejecutivo federal, con la colaboración de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, crearon las condiciones para que las instituciones bancarias nacionales concedieran créditos a diestra y siniestra, sin control ni rigor alguno.

En 1995, con la fuerte crisis económica que se experimentó, las tasas de interés de esos préstamos hipotecarios y de consumo se volvieron prácticamente impagables, lo que llevó a la banca mexicana, una vez más, al borde de la quiebra (apenas en 1992 se había dado su reprivatización).

A propuesta de la administración federal, el gobierno acudió al rescate de los banqueros, a través de la adquisición de la deuda privada con recursos públicos. Así, se llevó a cabo la compra de la cartera vencida de las instituciones bancarias privadas, con pagarés del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), creado en 1992.

El 12 de diciembre de 1998, con 326 votos a favor de las bancadas del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados, se concretó una deuda de carácter privado de más de cien mil millones de dólares, la cual pasó a ser responsabilidad de los mexicanos durante décadas, pues de acuerdo con algunos economistas, ese adeudo tardaría aproximadamente cuarenta años en pagarse, siempre y cuando la tasa de crecimiento económico anual fuera de cuando menos el cuatro por ciento.

De este modo, en lugar de destinar recursos públicos para invertir en mayor infraestructura, en el desarrollo de la industria, en salud, en educación o en la promoción de investigación tecnológica, se decidió que la ciudadanía debía pagar por los errores y la ambición tanto de agentes financieros privados, como de quienes han estado al frente de la administración federal. Basta con revisar año con año la partida presupuestal que se destina al pago de intereses de esa megadeuda, sin abonar siquiera al capital (cientos de miles de millones de pesos).

Quienes en aras de satisfacer intereses de grupos específicos han permitido el ultraje del patrimonio de las mujeres y los hombres de este país, hoy se atacan entre sí, ventilando mutuamente otra serie de actos de corrupción. Dada la gravedad de las lesiones que le han provocado a la economía nacional, las denostaciones de hoy parecieran una cortina de humo para difuminar de la memoria colectiva agravios mayores.

Así, entre mutuas acusaciones por presuntos desvíos de recursos por mil 300 millones de pesos en SEDESOL, que habría detectado la Auditoría Superior de la Federación, o el supuesto involucramiento de uno de los abanderados en actos relacionados con la operación de recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), al presentarse inconsistencias en la venta de una nave industrial de su propiedad, ha transcurrido la precampaña y el periodo de intercampaña. Y a la luz de los señalamientos que entre sí hoy se prodigan, resultaría importante que la autoridad investigara qué hay de cierto en ellas y se deslindaran o fincaran las responsabilidades correspondientes.

Entre políticos y analistas, se dice que el PRI volvió los ataques en contra del expresidente del PAN para debilitarlo y con ello tratar de empujar la campaña de su abanderado, que no reporta porcentajes favorables en las diversas encuestas, colocado en un tercer lugar de las preferencias.

Lo cierto es que el periodo de intercampañas se ha transformado en un auténtico ring; y en donde antes hubo alianzas, ahora sólo hay señalamientos para provocar desprestigio electoral. Las propuestas serias por parte de estas dos fuerzas políticas se han dejado de lado. Pero aunque hoy riñan, la reconciliación no se ve lejana. Sin embargo, lo que realmente necesita el país es ajustar las cuentas con su presente y su pasado reciente, y optar por un verdadero cambio del régimen de corrupción.