México: Agenda general pendiente rumbo a las elecciones

Por: Ricardo Monreal Avila

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @RicardoMonrealA

Existe un sesgo importante entre el quehacer de las primeras administraciones federales del presente siglo y el discurso utilizado, en su momento, en las campañas políticas que antecedieron a cada una.

No sólo se trató de promesas electoreras, como la del combate a la corrupción —tema aún pendiente que en este momento ya se ha vuelto crítico y alcanzado niveles verdaderamente preocupantes—, o las relacionadas con el crecimiento de la economía nacional (al 7 por ciento anual del Producto Interno Bruto), sino que además se prometió que se combatiría la inseguridad, la delincuencia organizada, los problemas de pobreza y marginación, el rezago educativo, la falta de desarrollo industrial; en fin, tantas palabras que no se concretaron y que han conseguido, colateralmente, que el repudio social hacia la clase política se incremente significativamente.

Y a este incumplimiento de promesas habría que sumar el empeoramiento del estado general de las cosas: hoy observamos altos índices inflacionarios y, como corolario, el deterioro constante del poder adquisitivo, la pauperización de la economía familiar y el incremento de personas en situación de pobreza y pobreza extrema. Por si fuera poco, la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad muestran niveles históricos alarmantes. La realidad es que hoy México se encuentra atravesando una grave crisis sistémica.

A partir de la debacle financiera que se vivió al final de la administración de José López Portillo, producto, entre otras razones, del aumento constante en las tasas de interés de la deuda externa y del desplome de los precios del barril de crudo en el mercado internacional —piedra angular de la propuesta de desarrollo portillista—, el modelo de política económica en México cambió por la presión externa de las instituciones financieras internacionales, las cuales condicionaron el rescate financiero a cambio de la aplicación de ciertos criterios relacionados con la participación del Estado en la economía. Desde entonces, se dio paso a la aplicación de “grandes reformas estructurales” en ésa y en otras materias.

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid se llevó a cabo la sustitución de los permisos de importación por los aranceles y la incorporación de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en 1986.

A juicio del Ejecutivo federal de aquellos días, México era un país que resultaba poco competitivo en comparación con naciones industrializadas; se argumentó en esa administración que si se daba apertura al mercado, los altos niveles de inflación cederían por medio de la liberalización de las importaciones; sin embargo, esto no constituyó necesariamente una forma de combatir la inflación, sino una medida que, a largo plazo, podría modificar las dinámicas comerciales al interior del país, con el propósito de que el trabajo local se eficientara.   

A partir del último tercio del siglo pasado, la cúpula política se aferró a la supuesta implementación de este paradigma económico, alcanzando el colofón con la llamada “reforma energética”, llevada a cabo en el presente sexenio.

De acuerdo con indicadores del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, el gasto presupuestario total gubernamental se ha incrementado desde el año 2000. No obstante, según indica este Centro, el índice de desarrollo económico ha decaído un 5 % desde el año 2013, y el de desarrollo social, un 2 % desde el mismo año. Pero a pesar de este marcado descenso en la calidad de vida, los últimos gobiernos han dilapidado los recursos públicos en el sostenimiento de una pesada burocracia que reporta pocos resultados y que en no pocas ocasiones se ha visto involucrada en casos de corrupción.

Pero eso no es todo, para llenar los huecos fiscales propiciados por la reforma energética, el gobierno federal ha incrementado los impuestos y ha convertido el sistema contributivo estatal en un verdadero terrorismo fiscal; de acuerdo con analistas, durante la actual administración los contribuyentes han experimentado un incremento del 101.47 % en sus aportaciones al fisco.

De igual manera, programas sociales lanzados durante los dos sexenios previos, como el del Seguro Popular (SP), han sido un rotundo fracaso: según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), hasta 2016, este Seguro no cubría paros cardiacos para personas mayores de 60 años, ni cáncer de pulmón, y una de cada tres personas afiliadas no conseguía sus medicinas por la carencia de productos en las farmacias.

Por otro lado, no se ha incentivado ni la inversión ni la competitividad en sectores industriales importantes en el país; México ingresó a una economía de mercado sin la infraestructura industrial adecuada para poder hacer frente a sus competidores y a las dinámicas comerciales. A pesar de ello, el régimen actual se ha empecinado en mantener el capitalismo del “cuatazgo”, y el estado de corrupción; soltando migajas —léase, programas sociales, subsidios, estímulos— que ya no funcionan ni como paliativos.

Ante la decadencia del actual modelo político, económico, social y cultural, la respuesta de los candidatos presidenciales de los partidos que han conducido al país en los recientes cuatro sexenios, son más promesas vacías y sinrazones, como propuestas de creación de programas que recojan las prioridades individuales de cada mexicano o mexicana, lo cual, curiosamente, va en sentido totalmente contrario al dogma liberal económico que tanto defiende la cúpula política que ha ostentado el poder. Una muestra más de incongruencia.

Entre tanto, el proceso rumbo a las próximas elecciones continúa, y mientras uno de los candidatos presidenciales sigue tratando de convencer a la sociedad de que los hechos que lo implican con señalamientos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero son calumniosos; otro le sigue debiendo a la población —especialmente a las personas que viven en situación de pobreza y de pobreza extrema— una explicación respecto de por qué no reportó un desfalco de mil 300 millones de pesos cuando sucedió a la entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

Así la situación de México a 116 días de las próximas elecciones generales. Es necesario y urgente un cambio total en el estado de cosas del país, pero será solamente la ciudadanía la que tendrá la última palabra.