El Affaire Chihuahua

Por Ricardo Monreal Avila

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @RicardoMonrealA

(Intro: ¿Es un justo reclamo contra la corrupción y la impunidad, el de Chihuahua, o responde a la estrategia de su partido para primero minar al PRI, y luego irse encima de AMLO-MORENA?)

En nuestro país, 2018 es año electoral, y ya tradicionalmente en víspera de comicios todo se politiza. De manera especial, la justicia, que en este contexto se convierte en injusticia.

Y el mejor ejemplo de esto es el conflicto que actualmente protagonizan el gobierno del estado de Chihuahua y el gobierno federal. Este enfrentamiento, que está escalando rápidamente, inició con el reclamo del mandatario local hacia la administración federal por el no ejercicio de las órdenes de aprehensión en contra del exgobernador priista César Duarte, por presuntos desvíos multimillonarios de fondos, y está por derivar en una controversia constitucional sobre el arreglo fiscal entre entidades y Federación para la entrega de fondos públicos.

Ante esto, es inevitable la pregunta: ¿la posición del gobernador Javier Corral es un justo reclamo contra la corrupción y la impunidad en Chihuahua, o responde meramente a la estrategia nacional de su partido (el PAN) por minar al PRI, en primer término, para de esta manera poder arrancar el proceso electoral en una segunda posición en las preferencias de voto, y así, después, volcar sus esfuerzos en contra del puntero Andrés Manuel López Obrador-MORENA?

Hay indicios de ambas actitudes: desde el comienzo de su gestión, el gobernador Corral denunció, documentó e integró cuando menos dieciséis averiguaciones para acreditar sendos desvíos de recursos. Todas ellas apuntaban al ex mandatario estatal César Duarte, quien se marchó de nuestro país para radicar, así parece, en Estados Unidos de América.

Entre tanto, otros gobernadores del Revolucionario Institucional que fueron desplazados en sus Estados por mandatarios de Acción Nacional fueron cayendo, para ser sometidos a procesos legales: Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz; Roberto Borge Angulo, en Quintana Roo, y Eugenio Hernández Flores, en Tamaulipas. Sin embargo, con César Duarte el gobierno local se enfrentó a resistencias o a la completa falta de colaboración de la Procuraduría General de la República, misma que sí mostró ésta, en los otros casos.

De esta manera, se llegó el proceso electoral de 2018, y el gobierno federal, al parecer, ha decidido no continuar entregando, para que sean procesados por la justicia, a aquellos que en algún momento fueron puestos como ejemplo de la nueva generación de gobernadores priistas, “el nuevo PRI”, y en cambio, ha colocado un cerco judicial y político en torno al exmandatario de Chihuahua.

Y esta determinación fue tomada, seguramente, por una sencilla razón: la exhibición y caída de gobernadores priistas no beneficiaba al blanquiazul ni al partido tricolor, sino a MORENA y a su dirigente nacional, quien tiene más que acreditada a su favor la lucha contra la corrupción y el crimen políticos, con una expresión que el 87% de la ciudadanía reconoce, recuerda e identifica en este momento: La mafia del poder.

En su legítima apuesta de elevar el fuego y la presión, el actual gobernador de Chihuahua esperó el momento indicado —el inicio, propiamente, del proceso electoral— para exhibir, de cara a la opinión pública, el usufructo político del dinero desviado, y apuntó a la dirigencia nacional del Revolucionario Institucional en 2016, con la aprehensión de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, y el señalamiento en contra del otrora presidente del partido, Manlio Fabio Beltrones.

Posteriormente, vendría la retención federal de 780 millones de pesos al gobierno de Chihuahua, a manera de “castigo y represalia” por haber procedido en contra del ex dirigente nacional priista. A esto le sobrevino la respuesta pública del gobernador Corral, denunciado la venganza y el estrangulamiento presupuestal: de acuerdo con afirmaciones del mandatario local, la inversión federal para 2018 en la entidad será la más baja en diez años, menor incluso que la de 2016.

En aquella misma oportunidad, el gobernador pronunció un discurso en la Plaza del Ángel, en Chihuahua, en donde se hizo acompañar de connotados integrantes de organizaciones no gubernamentales que han impulsado iniciativas anticorrupción.

La respuesta, también pública, a los señalamientos del gobernador Corral estuvo a cargo de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, la cual, en conferencia de prensa, afirmó que no ha habido represalia alguna para castigar las finanzas de la entidad norteña, sino que la entrega reclamada por 780 millones de pesos no se pudo llevar a cabo debido a la falta de disponibilidad presupuestaria, y que se trata de un tema exclusivamente técnico, jurídico y financiero que no se debe manipular para confundir a la población.

Asimismo, el fin de semana pasado el gobernador de aquel estado del norte anunció un plan de varias acciones que incluyen movilizaciones en México y en Estados Unidos de América, entre ellas un viaje hacia el país vecino para poner al tanto del asunto a las y los Congresistas de aquella nación, así como para exigir ante los Consulados mexicanos la extradición del exgobernador César Duarte; también una movilización desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México, a la que se denominó Marcha por la Dignidad, para demandar la entrega a Chihuahua de los recursos de la Federación, y la revisión de los esquemas de entrega de fondos a los Estados, sin “criterios de subordinación política”.

Y apenas el día de ayer, la Procuraduría General de la República parece haber cedido a la presión públicamente exhibida por el gobernador Corral, y anunció que ya prepara tres solicitudes de extradición en contra de César Duarte: dos por delitos locales, y otra más, por un delito del fuero federal.

El affaire Chihuahua muestra el nivel de deterioro que ha alcanzado la procuración de justicia en nuestro país, donde la politización de los asuntos judiciales por las partes en conflicto sólo abona al deterioro de nuestra vulnerable democracia nacional. Panorama nada alentador, particularmente en los tiempos electorales que transcurren.