LA LEY KUMAMOTO

Dr. Leopoldo Sánchez Duarte

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(Desde Vancouver, Canadá)

“El egoísmo que genera el sistema hace que los gobernantes antepongan su éxito personal a su responsabilidad social”: Erich Fromm

La propuesta del INE para su presupuesto del 2018  por 25 mil 45 millones de pesos a los que hemos de agregar más de 5 mil millones a cargo de los institutos electorales de todo el país para un total que excede los 30 mil millones, nos lleva a reflexionar sobre la procedencia del financiamiento público a la política y a los políticos.

Hay quienes opinan que este financiamiento se justifica, es indispensable a fin de evitar el uso de dinero ilícito, así como el surgimiento de compromisos a futuro -contratos, adquisiciones, concesiones, ubicaciones estratégicas en el gobierno y desde luego impunidad- con los dueños del dinero.

Otros pensamos que esto último ocurre de cualquier manera y que el financiamiento público a la política, se ha prestado a corrupción en su manejo y destino.

Algunos ejemplos evidentes de ello los tenemos a la vista: los Abarca en Iguala, protegidos del señor Andrés López, entonces en el PRD, que aportaron recursos de origen ilícito a la campaña del señor Aguirre para gobernador de Guerrero y, más recientemente, los sobornos multimillonarios de Odebrecht  que supuestamente se utilizaron en la campaña presidencial.

Y si ahondamos en el tema, es muy probable que encontremos muchos otros  ejemplos de utilización de dinero sucio y de alianzas, contubernio, con particulares, personas físicas o morales, en el origen de los recursos y el financiamiento de los partidos políticos y sus candidatos, no obstante la supervisión y vigilancia del INE, que se contenta con acordar sanciones diversas a los partidos en especial cuando se trata de montos excedidos a los autorizados para las campañas y otros asuntos menores, pero no lo hace de manera contundente con quienes incurren en contubernio con delincuentes como el sr. Angel Aguirre o con empresas inescrupulosas como Odebrecht.

Y mientras tanto, el presupuesto a ejercer por el INE, desmesurado y excedido con creces, ha ocasionado  gran molestia, hasta indignación entre la población que asiste azorada a un dispendio de tal dimensión cuando sus familias carecen de lo indispensable.   

Y si bien, este financiamiento es práctica corriente en los países del primer mundo como Francia, Alemania, Italia y Bélgica, los gobiernos de estos países han intentado y en gran medida han logrado contener los abusos cometidos con las finanzas políticas. Lo que no ocurre en México desafortunadamente.

De ahí que se deba contemplar seriamente, si no la cancelación del mismo en su totalidad, al menos su reducción en forma importante; los límites de gastos, el control, origen y monto de donaciones de los particulares en caso de ser aprobadas; la prohibición y sanción a subsidios en especie;  los sobornos de electores en todas sus manifestaciones; y lo más relevante: equidad en las elecciones.

Lo anterior es parte medular de la propuesta contenida en la llamada “Ley Kumamoto” presentada por el diputado independiente de Jalisco del mismo nombre, aprobada por el congreso local de esa entidad y recién confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual entrará en vigor  en el 2019 y significará un ahorro  nada más y nada menos que del 70% ¡poco más de 550 millones de pesos para los jaliscienses! Bien por el  joven y aguerrido diputado Pedro Kumamoto.

La reducción referida obedece a que la Ley propone la distribución de recursos públicos a los partidos a partir de la votación válida emitida en la elección federal o local anterior y no en el padrón electoral como ha ocurrido hasta ahora. Kumamoto la resume de la siguiente manera: “Sin voto no hay dinero”. Así de simple.

Pero, además, no contento con lo obtenido, Kumamoto presentó su iniciativa ante el Congreso de la Unión donde fue congelada -¡but of course!- de inmediato por la mayoría de los partidos políticos -PRI, PAN, Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social-  que, por supuesto, no comparten ni compartirán esta por afectar sus interese$ de manera significativa como ocurrió en Jalisco; y es que,  de  aplicarse el criterio de “Sin voto no hay dinero” a nivel nacional, se traduciría en un ahorro importantísimo de hasta 70%, el cual, deducido del presupuesto del INE para el 2018 sería equivalente a ¡cuando menos 17 mil millones de pesos!

De ahí el descuerdo de los señores diputados, los partidos políticos, sus dirigentes y los funcionarios del INE.  Enorme como su miopía, su voracidad e impudicia.

Es importante mencionar que nuestro país no sería el primero en reducir el gasto público en los partidos políticos; iniciativas similares han tenido lugar  en países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Panamá y Dominicana.

De cualquier manera, la propuesta deberá esperar el transcurso de las elecciones del 2018.

Veremos entonces si el ejemplo cunde. Esperemos que así ocurra y que surjan varios, muchos Kumamotos que la saquen de la congeladora y logren su aprobación para bien de México y de nuestra famélica democracia.