Veracruz no tiene dueños

Por: Ángel Álvaro Peña

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Alma Grande

Las atribuciones que se permite la clase acomodada de Veracruz raya en el delito, pero como cualquier delito que se cometa en la entidad queda en la impunidad, lo siguen haciendo como si fueran dueños del estado.

Desde la desaparición de personas hasta el robo de jubilaciones, son delitos que no son castigados hasta ahora. Las muertes a manos de la criminalidad en Veracruz no es solo lo que más preocupa a los ciudadanos, sino la permanente destrucción contra reservas naturales, arrasando con flora y fauna, pero con ello viene el hambre y el desempleo para comunidades. Hechos desencadenados por la corrupción.

El caso más reciente es el de Nanchital, poblado que padece el derrame de hidrocarburo de Petróleos Mexicanos registrado en el arroyo Tepeyac y Santa Elena, donde las afectaciones tuvieron graves repercusiones, a grado tal que fueron halladas en el río toda clase de fauna sin vida.

Las autoridades minimizaron la situación. Para el gobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares, no hubo daño ecológico, simplemente hubo una “crisis” pero los hechos no pasaron a mayores y aseguró que el problema estaba resuelto por Pemex.

“No se provocó ninguna afectación ambiental, Pemex detectó muy rápido el derrame y lo pudo remediar, lo controlaron desde el viernes en la mañana. No hay ningún riesgo, Protección Civil ha estado en comunicación con los de la Profepa y no hubo ningún daño”, declaró Yunes Linares.

Al parecer el gobernador Yunes carece de acceso a las redes sociales y al internet, ya que los medios de comunicación y pobladores han subido fotografías del impacto que ha causado el derrame, se puede ver docenas de especies de peces muertos, cocodrilos y aves agonizantes. Flora destruida.

Que si bien ha sido atendido, no fue de una acción inmediata, a pesar de los avisos sobre el tema, desde diferentes medios. Por su parte, la paraestatal dio a conocer que se atendió el derrame causado “por un acto vandálico en un rancho de la colonia Los Coquitos”, de Nanchital. Fueron tres días de impacto que representa una tragedia de dimensiones incalculables.

Para Manuel Rodríguez Ríos, presidente de la Sociedad Cooperativa de Pescadores Gavilán del Río Coatzacoalcos, la empresa petrolera actuó con lentitud.

La tibia reacción de la alcaldesa de Nanchital, la panista-perredista, Zoila Barradas Guzmán, informó que se había atendido la contingencia, mostró fotos del deterioro y buscó, a toda costa, que Pemex se responsabilizara por los daños en la zona.

Este caso no es aislado en cuanto al ecocidio de que hablamos, ya que no debemos olvidar a los pobladores de El Fortín, quienes protestaron porque el gobierno estatal autorizó a una empresa para ocupar la reserva ecológica “Tembladeras”, una zona de humedales y manglares, para la construcción de un hospital, un hotel, una plaza comercial, estacionamientos y circulaciones viales.

Aunque primero el gobierno negó el permiso a la empresa Ansasa Inmobiliaria S.A. de C.V., el pasado 22 de noviembre de 2016, en el oficio SEDEMA/DGCCEA/ número 2830/2016 de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del estatal, terminó por aprobarlo tres meses después, como por arte de magia.

El 31 de enero de 2017 y mediante oficio SEDEMA-DGARN-134-2017, firmado por Julio Antonio Flores Guevara, director general de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Gobierno de Veracruz, otorgó el permiso para el desarrollo del proyecto.

Para la Inmobiliaria Ansasa el monto inicial de este desarrollo es de 457 millones 976 mil pesos, con una vida útil de por lo menos 30 años. En ese lapso, los propietarios del inmueble deberán hacer, por concepto de manejo ambiental, una inversión anual por cerca de 450 mil pesos.

Esta misma reserva, no solo agoniza con Yunes Linares, sino que también la administración de Javier Duarte de Ochoa fue cómplice, porque el gobierno estatal autorizó a la empresa inmobiliaria ARA la construcción de un conjunto habitacional de alto impacto dentro de la misma reserva.

Las descargas de aguas negras y la construcción de vialidades de esos fraccionamientos han impactado el equilibrio ecológico en “Tembladeras”. Aunque el gobierno intenta ocultar el deterioro ambiental con la aplicación de sanciones económicas a las constructoras; pero el dinero no lo es todo, el ecocidio está hecho.

Otro caso de destrucción masiva fue el que protagonizaron un grupo “junior’s” que tras celebrar un fiesta en la Isla Salmedina, una zona que forma parte del Sistema Arrecifal, donde está prohibido hacer turismo, dejó como saldo más de cien pequeñas tortugas muertas. Los juniors consideraron que en este largo periodo de impunidad imperante en la entidad, podían destruir la vida animal de su Estado, como si fueran los propietarios del lugar.

La zona es utilizada por esta especie para desovar, de ello depende la supervivencia de las crías de esa especie endémica, sin embargo, poco importó a estos prepotentes, de clase acomodada, que mientras bebían y bailaban, atacaron a las tortugas que trataban de abrirse paso hacia el mar. Incluso, la carpa donde protegieron sus bocinas fue colocada sobre un nido de tortugas. Algunos asistentes reventaron los huevos, tomaron a las crías y las aventaron al mar.

El artículo 420 del Código Penal estatal expresa “quien capture o prive de la vida a un ejemplar de tortuga pagará con una de pena de uno a nueve años de prisión más una multa económica”, sin embargo, ningún asistente de esa fiesta fue remitido a prisión. La corrupción en el estado ha favorecido que estos casos se cometan sin tener culpables de las muertes y la destrucción en las zonas naturales de Veracruz. 

La diferencia social en Veracruz es obra de los periodos de gobierno anteriores que deben ser exterminados y castigados. La entidad no resiste actos vandálicos impunes en los que pusieron el ejemplo las propias autoridades que actuaron en Veracruz como si fueran los dueños.

PEGA Y CORRE.- Los Yunes siguen haciendo de las suyas, y en el puerto de Veracruz, el presidente municipal, de nombre Fernando Yunes Márquez dio a conocer la “actualización” en impuestos municipales. El regidor de Veracruz, Marlon Ramírez Marín informó que esto representa un “aumento”, porque señala, que cuando se actualiza un impuesto se eleva. Esto desde luego, no implica mejoras en los servicios, porque está en el rubro solo “actualizar”, palabra que ahora uno de los miniyunes, utiliza para incrementar ingresos.