Impunidad a la veracruzana

Por: Ángel Álvaro Peña

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Alma Grande

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares está desesperado por contar con alguien que le cubra las espaldas cuando deje el poder.

Decepcionado de los veracruzanos porque no votaron por su hijo, ahora trata de tapar una serie de conductas poco correctas, colocando a amigos y beneficiarios de su gobierno en el Comité Ciudadano de Vigilancia y Seguimiento del Proceso de Entrega y Recepción que realizará el cambio administrativo entre el gobierno saliente, encabezado por Yunes Linares y el gobierno entrante, de Cuitláhuac García Jiménez.

El gobernador de Veracruz otorgó contratos a algunos de los integrantes de este Comité dos días después de ordenar la creación de dicho organismo mediante decreto.

Los veracruzanos, ahora más suspicaces que antes de que saqueara al estado Javier Duarte, mostraron sus dudas acerca de la honorabilidad de dicho Comité, porque es evidente que Yunes Linares quiere comprar su silencio y montarse en su complicidad.

El Comité Ciudadano de Vigilancia y Seguimiento del Proceso de Entrega y Recepción de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 2016 – 2018, servirá para supervisar el estado que guarda el gobierno para transferirse al nuevo Ejecutivo. Sus siete integrantes serían designados a invitación directa por el mandatario estatal por sus méritos en materia de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

De ahí tomó su ventaja Yunes y colocó a quien era susceptible de protegerlo.

Un caso es el de Luis Palacios Macedo Gutiérrez, quien a los dos días del Decreto, fue favorecido con un contrato para Grupo Corporativo Lupama S.A. de C.V., compañía de la que es  propietario, según el acta constitutiva consultada en el Registro Público de Comercio en Xalapa.

Lupama, de Palacios Macedo, fue señalada de haberse favorecido también con múltiples contratos en los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte. Es decir, Yunes, en lugar de investigar y castigar a quienes contribuyeron a la bancarrota de Veracruz, siguió trabajando con ellos.

Fidel Herrera, contrató a Lupama para realizar obra pública por adjudicación directa de la Secretaría de Comunicaciones, por un monto superior a los 10 millones de pesos en cuatro contratos entre 2007 y 2008.

Palacios Macedo ha sido beneficiado con contratos de renta de inmuebles en los que despacha el gobierno de Yunes Linares. Así, Yunes compra cómplices que cubran con un manto de impunidad sus acciones ilícitas en el Estado.

Porque los hilos de la sociedad veracruzana están tan tensos que todo está relacionado con las grandes complicidades, de tal suerte que el grupo de hampones quede a salvo, no sólo del peso de la Ley, sino de realizar pagos que debiendo hacerlos dan plazos para evitarlos, como sucede con empresarios que exigen al gobierno de Yunes el pago por bienes y servicios que Duarte no pagó.

Esta deuda levantó hace semanas la inconformidad de los empresarios implicados y realizaron una protesta a las puertas del palacio de gobierno donde despacha Yunes Linares, éste, en lugar de establecer un diálogo, envió a los uniformados a su servicio a golpear a los empresarios que querían hablar con él.

Estos hombres reclamaron a Palacios Macedo, propietario de Lupama, su pasividad como presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa, porque en lugar de tomar una postura a favor de los afectados, prefirió el silencio antes de convertirse en enemigo de su propio cómplice.

El gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, advirtió que Yunes Linares está rematando todos los vehículos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, que en total suman 243, “les estoy dando un dato, un camión de volteo 2009, lo está rematando en 20 mil pesos”.

El gobernador electo tomó cartas en el asunto y anunció que hará un exhorto a la PGR, para que le informen en qué estado van las denuncias contra Miguel Ángel Yunes Linares, “queremos saber cómo van las investigaciones”.

Por otra parte, quienes conocen de tratados internacionales y leyes planetarias, aseguran que la búsqueda de Yunes Linares contra Javier Duarte, cómplices y esposa, es sólo ficción. Ahora que asegura acelerarse el proceso de extradición de Karime Macías, de quien recientemente se supo, adquirió una mansión en Miami con un valor de 7 millones de dólares. Se advierte que anunció tanto públicamente que perseguiría a Karime, que le dio tiempo de considerarse perseguida política por autoridades del Reino Unido.

Así, mientras más declaraciones hacía Yunes desde Xalapa, contra Karime, más sólidos parecían los argumentos de la esposa del ex gobernador para ser considerada perseguida política. Es decir, todo estaba planeado.

Ante esta posible complicidad pactada desde tiempo atrás, el gobernador electo advirtió que si Javier Duarte queda libre será por culpa de la PGR y del actual Ejecutivo de Veracruz.

“Duarte no está en la cárcel, Duarte está en prisión preventiva, o sea, no ha sido sentenciado por un juez. Ya se dio a conocer que ya se le rebajó el proceso. Si queda libre será responsabilidad de la PGR, del Fiscal de Veracruz y de Yunes”, señaló García Jiménez.

Las evidencias son tan claras y contundentes que Cuitláhuac García se vio en la necesidad de acudir ante la Cámara de Diputados para entrevistarse con el Coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, y obtener asesoría sobre el manejo dudoso de los recursos de Yunes Linares.

La estrategia de los cómplices que lleva a la impunidad de tres periodos de gobierno puede ser aclarada si la perspectiva del gobernador electo sobre los delitos de cuello blanco en la entidad, son ciertos. Es decir, las negociaciones de Fidel, Javier y Miguel Ángel para garantizar la impunidad pueden llegar a su fin, sobre todo porque al final la estrategia del triunfo electoral fallido del hijo de Yunes, no la tomaron en cuenta. Ellos pensaban que iba a ganar y le apostaron todo al supuesto ganador.

PEGA Y CORRE.- Uno de los delitos que mayor incremento registra nuestro país en la última década es el secuestro. El Observatorio Nacional Ciudadano, con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que tres entidades del país concentran las mayores cifras de secuestro: Estado de México, con 136 en el primer semestre del año; Veracruz, con 106 en el mismo periodo, y Tamaulipas, con 89. Esos tres Estados acumulan el 46% del total nacional.